Autoridades hallaron muerto al líder indígena Julio Rodríguez, raptado el 2 de agosto por las integrantes de grupos guerrilleros en Los Pijiguaos, al oeste de Bolívar. Para ONG y líderes locales, el crimen evidencia la grave desprotección de estas comunidades ante grupos armados., alertó la ONG.
Puerto Ordaz. Ocho días después del secuestro del capitán indígena Julio Rodríguez, de la comunidad Jivi Ekunay del pueblo Mapoyo, hallaron su cuerpo a orillas de la carretera vía a Morichalito, en Los Pijiguaos, municipio Cedeño del estado Bolívar, una región rica en recursos minerales disputada por bandas armadas. La noticia la confirmó el Instituto Indígena en la región.
Recientemente, la comunidad indígena hizo la denuncia pública que quedó por sentada en un comunicado. Allí detallaron que el secuestro de Julio Rodríguez, de 50 años, se dio la noche del domingo, 2 de agosto, por grupos irregulares armados que irrumpieron en su vivienda. Incluso, el intento de búsqueda por parte de la comunidad del pueblo Mapoyo terminó con un ataque con explosivos mediante drones, según denunciaron.
Los Jivi exigieron al Estado venezolano el rescate de Julio Rodríguez, la salida de los grupos armados irregulares, así como la paralización de actividades mineras en áreas adyacentes al territorio ancestral Mapoyo, que a diferencia de otras comunidades indígenas, son de las pocas que preserva buena parte de sus formas tradicionales de vida.
Pronunciamientos
La ONG Un Mundo sin Mordaza, organización defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión, se pronunció tras conocerse la noticia. Señaló que este caso no puede verse como un hecho aislado.
En un comunicado enfatizó en que debe analizarse en relación con las denuncias sobre la presencia de grupos armados irregulares, la ocupación y el control de territorios ancestrales de los pueblos Mapoyo, Jivi, Huottüja y Baniva.
También denunció que la muerte de una autoridad tradicional afecta a toda la comunidad. En especial porque debilita sus estructuras propias de organización y profundiza el riesgo de despojo y pérdida del control sobre su territorio ancestral.
“La familia y la comunidad de Julio Rodríguez tienen derecho a conocer la verdad, obtener justicia y recibir una reparación integral. El Estado debe garantizar que ninguna autoridad indígena vuelva a ser secuestrada, desaparecida o asesinada por defender a su pueblo y su territorio”, exigió la ONG.
Un Mundo Sin Mordaza instó al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el principal organismo policial de investigación penal en Venezuela, a iniciar una investigación penal y forense inmediata, independiente, imparcial y efectiva que permita determinar la causa, el momento y las circunstancias de la muerte de Julio Rodríguez.
También solicitó que el Ministerio para los Pueblos Indígenas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informen sobre sus actuaciones desde que se les notificó del secuestro del capitán indígena.
“Condeno categóricamente el asesinato del Cacique General del Pueblo Jivi de la Comunidad Indígena Ekunay y el desplazamiento forzado de las familias por intervención e invasión de grupos irregulares armados con drones en la parroquia Los Pijiguaos del municipio Cedeño del estado Bolívar”,
denunció también el dirigente indígena pemón Carlos Somera, en su cuenta en X.
Somera instó a las autoridades gubernamentales a proteger la integridad física, social y política de los pueblos indígenas.
Indígenas bajo asedio
La presencia de grupos irregulares armados en el sur de Venezuela ha resultado en otros asesinatos contra líderes indígenas.
El 1 de julio de 2022 se conoció el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años. Era líder del pueblo indígena Hüotüja, en el estado Amazonas.
Trujillo denunció la existencia de pistas clandestinas en Amazonas, pistas de aterrizaje no autorizadas utilizadas para el narcotráfico y el contrabando. Por ello recibió amenazas luego de que la Fuerza Armada Nacional (FAN) realizara operativos para destruir esas pistas y campamentos aledaños.
El 4 de septiembre de 2024, también en el estado Amazonas, fue asesinado Joaquín Hernández, uno de los guardianes territoriales, integrante de las brigadas indígenas de protección de fronteras y recursos, del pueblo Yekwana.
Su asesinato se dio en medio de un conflicto entre las comunidades de Santa Rosa de Tencua y mineros yekwana del estado Bolívar, quienes invadieron el territorio. Ya había recibido amenazas verbales de ser entregado a garimpeiros, mineros ilegales dedicados al extractivismo no regulado, y a miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otro líder indígena asesinado en Amazonas, tras denunciar la minería ilegal en su territorio, fue Freddy Menare. Era fundador de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja de la Cuenca del Sipapo (OIPUS). Murió el 12 de mayo de 2017.
