Human Rights Watch: “En muchos PASI los retornados están hacinados”

Human Rights Watch indicó que al 1° de septiembre había 271 centros en todo el país, incluidos cerca de 140 en zonas fronterizas, con una capacidad total de 14.000 personas: “La mayoría de los retornados entrevistados indicaron que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación”.

Caracas. Human Rights Watch presentó un informe en el que expone la situación que viven los retornados venezolanos en los Puestos de Atención Social Integral (PASI), centros que dispuso el gobierno de Nicolás Maduro para el cumplimiento de la cuarentena de los migrantes venezolanos al ingresar al país. 

Human Rights Watch entrevistó entre junio y septiembre a 76 personas, incluidos 23 retornados (entre ellos 10 mujeres y 13 hombres) procedentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos. También a periodistas, actores humanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y residentes de zonas a las cuales llegan retornados. Desde que empezó la pandemia, alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país. 

“Las autoridades improvisan centros en sitios como escuelas, hoteles, centros deportivos públicos y terminales de autobús. Muchos de estos centros están hacinados, carecen de recursos suficientes y resultan inadecuados para alojar a cientos de personas durante varias semanas”, se lee en el informe. La ONG cita el caso de un lugar donde alojaron a 700 personas en un centro en Zulia que tenía capacidad para 200.

Al 1° de septiembre, según Human Rights Watch, había 271 centros en todo el país, incluidos cerca de 140 en zonas fronterizas, con una capacidad total de 14.000 personas. “La mayoría de los retornados entrevistados indicaron que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación. Muchos también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón”, menciona la ONG. Agrega que los retornados tienen dificultades para la atención médica, acceso a alimentos y agua potable.

Estos centros son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana, y las condiciones, al igual que el acceso para los trabajadores humanitarios, varían considerablemente dependiendo de quién esté a cargo. Algunos retornados han experimentado acoso y discriminación por parte del personal militar y civil que gestiona los PASI, afirmaron los entrevistados. Numerosos retornados indicaron que sentían que los estaban castigando por haberse ido del país. Debido a la demora en los resultados de las pruebas diagnósticas, deben pasar más de 14 días en estos centros. 

Los retornados entrevistados se alojaron en un total de 26 centros. De estos, 19 eran centros de recepción en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Bolívar. El resto se encontraban en Caracas y los estados Aragua, Falcón, Guárico, Vargas y Zulia.

Diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales están asistiendo a los retornados e intentando mejorar las condiciones en los PASI con apoyo financiero internacional. Representantes de algunas de estas organizaciones señalaron a Human Rights Watch que su acceso a los centros había aumentado en las últimas semanas. Sin embargo, su capacidad y el acceso que tienen a todos los PASI son limitados y, por consiguiente, muchos retornados en estos centros no recibirán servicios adecuados para atender sus necesidades básicas

“El gobierno venezolano tiene la obligación de cuidar de aquellos que están en centros de cuarentena y está obligado a atender sus necesidades básicas, como el acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento, artículos de higiene y atención médica. Las condiciones que describieron los retornados en algunos centros no cumplen con sus necesidades básicas, y en algunas instancias su gravedad podría constituir trato degradante, el cual está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes”, resalta Human Rights Watch. 

El 10 de julio, Human Rights Watch pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos. No han respondido.  

Foto referencial: Migración Colombia