El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello presentó dos informes donde documenta las condiciones a las que son sometidos los migrantes y refugiados venezolanos que retornan al país tras cumplir la cuarentena en los Puestos de Atención Social Integral. Estas personas han sido estigmatizadas, criminalizadas y penalizadas.
Caracas. Las autoridades venezolanas crearon una imagen negativa sobre los venezolanos retornados, acusados de ser “armas biológicas”, “traidores a la patria”, “trocheros” o de traer la COVID-19 al país. Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), lo resume en tres momentos: estigmatización, criminalización y militarización o penalización.
Bolívar recuerda que en marzo la Plataforma Institucional de la Agencia de Naciones Unidas dijo que Venezuela estaba pasando de la etapa tres de la pandemia a la cuarta: “No se justifica que sean estigmatizados cuando el contagio (comunitario) era algo que ya estaba dentro del país. Los retornados representan 0,06 % de los contagios”.
En la presentación de los dos informes del CDH-UCAB sobre El drama de los retornados y El espejismo del retorno, tanto Bolívar como Alexander Medina, del equipo de Fe y Alegría y la Red Jesuita con Migrantes, expusieron y denunciaron las condiciones a que están sometidos los migrantes y refugiados venezolanos que cumplen la cuarentena en Puestos de Atención Social Integral (PASI).
Los investigadores advierten sobre el colapso de los PASI. “La disponibilidad de cupos es inferior a lo requerido”, además “de la incapacidad en el manejo de estos lugares. Los PASI son un anticipo de la Venezuela que les espera a los retornados”, opina Bolívar.
Aunque se les prometió bonos, recuperar puestos de trabajo, asistencia social, salud, educación, manifiesta Medina, la realidad es otra: : “No se les está ofreciendo nada desde hace un mes y medio”.
Medina documentó en el informe “el viacrucis” que los retornados viven, no solo desde que comienzan, en muchos casos a pie, el recorrido de cientos de kilómetros para llegar a la frontera, sino también en los PASI. Reporta que hay albergues en los que las autoridades han registrado 25.000 personas y la capacidad es para un poco más de 7000. Los protocolos del Ministerio de Salud, así como las normas de higiene nacionales e internacionales, no se cumplen en estos espacios.
“Les pueden dar una arepa y en ocasiones sin relleno. Una ración de alimentos es equivalente a un envase de mantequilla. La mayoría sale a comprar en bodegas”, cuenta Medina. En los PASI se han registrado protestas y huelgas de hambre para exigir mejores condiciones. “En San Antonio del Táchira denuncian no tener agua potable, dicen recibir cisternas, pero parece agua del río”, agrega Medina.
El protocolo señala que deben cumplir 14 días de cuarentena en estos albergues: “Estos no se cumplen por falta de recursos y el mal manejo de los casos. Pueden pasar hasta 70 días retenidos a pesar de dar negativo en la prueba”. Las personas duermen en colchonetas rotas y en situación de hacinamiento.
90 % de los albergues son escuelas públicas, algunas de Fe y Alegría, otras pocas son privadas. El porcentaje restante corresponde a instalaciones públicas, militares y campamentos improvisados que se instalan en explanadas o terrenos baldíos. En el caso de las escuelas, se lee en el informe, ya estaban en precarias condiciones antes de la pandemia. Se han improvisado cocinas, con pocas garantías de salubridad. En otros espacios, las lluvias han provocado inundaciones en los planteles.
A quienes exigen ser devueltos a sus casas, son amenazados con colectivos o grupos subversivos. “Se ha identificado una especie de pranato en los albergues por el control de los espacios entre los grupos de personas”, dice Medina.
Tras la pandemia, muchos migrantes y refugiados venezolanos se quedaron sin empleo, alimentos y fueron desalojados de sus residencias. “Salieron de Venezuela forzados y, a la fuerza, se están viendo forzados a regresar. La estigmatización, criminalización y militarización no puede ser la respuesta”, sostiene Bolívar.
En diferentes alocuciones de autoridades del gobierno de Nicolás Maduro amenazaron con cárcel a quienes retornen por pasos irregulares, pidieron en televisión nacional identificarlos. “El retorno es un derecho humano, consagrado en la Constitución y en documentos regionales e internacionales suscritos por Venezuela. Esto deja sin base jurídica la criminalización”, insiste en recordar Bolívar.
El CDH-UCAB calcula que aproximadamente 90.000 venezolanos han retornado al país. “No ha sido una decisión voluntaria, está forzada por razones humanitarias”, dice Bolívar. Un retornado puede regresar, incluso, por un paso no regulado, expresa Bolívar, recuerda que las sanciones se establecen a extranjeros que incumplan con la ley.
Se cometen delitos internos al confiscar los derechos de los retornados, es un acto violatorio de los derechos humanos, asegura Bolívar: “Los venezolanos retornados deben ser considerados como sujetos de protección en el marco de las acciones humanitarias”.
Foto referencial: Migración Colombia