Informe de la HRW evidencia las atrocidades y silencio estadal de la violencia minera en Bolívar 

HRW | Minas

Presencia de grupos irregulares armados, contaminación ambiental, enfermedades, ejecuciones, desapariciones, entre otros abusos, son parte de los testimonios recabados por Human Rights Watch sobre lo que ocurre en las zonas mineras al sur del estado Bolívar, cuyos casos se mantienen impunes.

Bolívar. Un informe reciente de Human Rights Watch, HRW, evidencia la realidad que se vive al sur del estado Bolívar por la violencia minera. Allí narran casos de amputaciones y otros abusos cometidos por grupos irregulares armados que controlan las minas, así como fuerzas militares.

“Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales”, señala el informe Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales.

No importan los anuncios del gobierno para atraer la minería legal, ya que “buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando. Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas”, dice el informe.

Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Vivanco agregó: “Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.

Además se destacan las afectaciones ambientales de esta actividad y las condiciones laborales de quienes migran al sur en busca de trabajo en los campamentos mineros, y se exponen a contraer enfermedades, principalmente la malaria.

Foto: Cortesía Informe HRW / Clavel Rangel

La organización detalló que en octubre y noviembre de 2019 entrevistaron a 21 personas que habían trabajado en minas o localidades mineras en Bolívar durante 2018 y 2019, incluidas las minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo. Además, HRW revisó imágenes satelitales que muestran el crecimiento de la minería.

Complicidad del Estado

El reporte hizo énfasis en la toma de estas zonas por los llamados sindicatos o grupos armados colombianos. HRW cita también a la organización International Crisis Group que ha informado que en el lugar tienen presencia activa el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos, una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal. Diez personas que trabajaban en las minas, dos periodistas que cubren la situación allí y una líder indígena indicaron que agentes de seguridad estatales visitan las minas para cobrar sobornos. Algunas de estas fuentes dijeron que habían visto cuando esto ocurrió. Dos personas que trabajan en las minas y la líder indígena, entrevistados por separado, vieron a un mismo alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro visitar las minas en diferentes momentos”, precisó el informe de HRW.

La ley impuesta por los grupos irregulares tienen mayor fuerza en los pueblos mineros, por la dimensión de esos castigos. “Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran [líder del sindicato] te golpea o te mata”. Otro dijo: “Son como el gobierno ahí… Si roban, los desaparecen”, dijo una fuente a la HRW.

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“Cuatro residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas”, señala la organización.

Otro de los riesgos es la exposición al mercurio que provoca graves problemas de salud y toxicidad en el sistema nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, la piel y los ojos. Fundaciones como Guayana Sonríe y estudios empíricos tienen la hipótesis de que podría ser causa del incremento en casos de nacidos con labio leporino y paladar hendido, así como el incremento de discapacidad o muerte del bebé cuando la gestación llega a término.

El informe recoge las severas condiciones laborales en las minas, que incluyen cumplir turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de apenas 10 años de edad. La inclusión de menores de edad obedece a que por su contextura son más aptos para meterse en estrechas cavidades de las minas y extraer el oro.

Epidemia de malaria

La epidemia de malaria se relaciona con la minería ilegal, pues en en esas zonas donde hay mayor vulnerabilidad. Entre 2010 y 2018, los casos aumentaron 797 %, con un súbito incremento de 136.402 en 2015 a 240.613 en 2016 y 404.924 casos confirmados en 2018.

Casi todas las personas entrevistadas que habían trabajado en minas o localidades mineras habían tenido malaria, muchas de ellas varias veces. El sistema de salud, colapsado debido a la emergencia humanitaria, no ha podido proveer tratamiento médico a todos. Varios entrevistados dijeron que a veces tienen que comprar los medicamentos contra la malaria, que pueden costar hasta dos gramos de oro, el equivalente en el mercado internacional a un valor de cerca de 100 dólares estadounidenses.

Foto: Cortesía Informe de HRW

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), -citado por HRW- en Venezuela se informaron 323.392 casos de malaria entre enero y el 13 de octubre de 2019. Sin embargo, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, calcula que hubo más de un millón de casos de malaria en 2018, lo que supone un incremento superior a 50 % respecto de 2017. La OPS y la OMS informaron que el número más alto de casos informados en 2019 correspondía a los estados de Amazonas, Bolívar y Sucre.

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Impunidad

Human Rights Watch no encontró información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos.

El 14 de noviembre de 2019, HRW solicitó información a las autoridades venezolanas sobre el estado de los procesos penales contra los responsables de abusos cometidos por los grupos armados en Bolívar, incluidos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad que son cómplices en estos hechos, pero no ha recibido respuesta.

La organización no pudo identificar si parte del oro extraído de esas minas fue comercializado o si se incorporó a la cadena de suministro de alguna empresa en particular. Pero advierte que las empresas deberían estar atentas al oro procedente de Venezuela y adoptar procedimientos para «identificar, prevenir, mitigar y responder por el impacto que sus operaciones pudieran tener en los derechos fundamentales».

El informe de la HRW indica que aunque parte del oro se vende al BCV, otra gran cantidad sale de Venezuela de forma ilegal mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza.

En 2011, el presidente Hugo Chávez anunció la creación del Arco Minero del Orinoco, cuyo propósito inicial era nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales. Esta zona incluye el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y territorios indígenas.

Maduro firmó el decreto de 2016 sin haber consultado a la Asamblea Nacional ni obtenido su aprobación. Expresó que el gobierno había firmado acuerdos de minería con compañías extranjeras por un valor de 5.500 millones de dólares.

“La empresa estatal Minerven supuestamente obtiene el oro de operaciones mineras no afiliadas al Estado y los militares lo transportan al Banco Central en Caracas, que a su vez vende el oro a empresas en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según fuentes locales y fuentes internacionales (…) Sin embargo, mineros que han trabajado para Minerven sostuvieron que apenas una pequeña proporción de la producción de oro de Venezuela termina en el Banco Central. En vez, los compradores obtendrían gran parte de su rentabilidad sacando por contrabando el oro fuera del país”.

Rendición de cuentas 

“Si bien las autoridades venezolanas han anunciado operativos para detener a personas implicadas en minería ilegal, incluidos algunos funcionarios públicos, no han brindado información pública sobre acciones tendientes a investigar y castigar delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, como aquellos incluidos en esta publicación y que fueron cometidos en las minas con la aquiescencia o participación de las fuerzas de seguridad”, advierte el documento HRW.

“Las autoridades sostienen que han emitido órdenes de detención contra 39 personas presuntamente involucradas en la venta del oro en el exterior, incluido el vicepresidente de Minerven. Según el Ministerio Público, hasta agosto de 2019 se habían dictado 32 órdenes de detención que todavía no se habían ejecutado, nueve personas habían sido arrestadas, se habían presentado 12 cargos, y había 426 cuentas bancarias bloqueadas y vehículos retenidos vinculados con el tráfico de oro”, agregan.

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Violencia y abusos 

En 2018, el estado Bolívar tuvo la tercera tasa más alta de muertes violentas en el país (de 107 cada 100.000 habitantes) y El Callao, con una población de 20.000 personas, fue el municipio más violento de Venezuela, con 620 homicidios cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia.

Human Rights Watch entrevistó a cinco residentes que dijeron haber presenciado enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y sindicatos, o entre sindicatos y miembros de grupos armados colombianos, que serían acciones aparentemente destinadas a quedarse con el control de las minas. Decenas de personas, incluidas mujeres y niños, murieron o resultaron heridas en estos enfrentamientos, según los entrevistados.

Fuentes locales indican que entre 2012 y 2019, hubo denuncias de al menos 50 personas en Bolívar cuyo paradero se desconocía.

El año pasado habitantes de Tumeremo, municipio Sifontes, denunciaron al comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís, de ser presuntamente responsable de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas, tanto en campamentos mineros como en el pueblo, denuncias que constan en reportería realizada en Crónica Uno.

El Ejército tomó control de estas minas para “limpiarlas” del ejercicio ilegal. Sin embargo, las denuncias de mineros y habitantes es que allí sigue operando grupos irregulares bajo la complacencia de las fuerzas militares. Quien ingrese a la zona sin consentimiento, es asesinado, denunciaron.

Familiares se atrevieron a decir que podía haber más de 400 desaparecidos desde hace tres años cuando llegó el comandante Solís. Denunciaron también graves abusos contra las mujeres, robos, golpes, corte de cabello y hasta violación.

La HRW recordó la masacre del 4 de marzo de 2016, en Tumeremo, donde trascendió que se desconocía el paradero de 28 mineros, y 10 días más tarde hallaron 17 cuerpos en una fosa común en Nuevo Callao.

De allí continuaron las masacres, no sólo en Tumeremo, sino en el resto de las localidades sureñas en Bolívar por el control del oro.

La ONG Comisión de los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codheciu) ha reunido 51 denuncias de personas con paradero desconocido en los municipios mineros entre 2012 y 2019, según indicó un representante de esa organización a HRW.

De estas personas, 10 fueron halladas con vida tras haber sido secuestradas o sobrevivir a una masacre; hasta septiembre, se desconocía el paradero de las demás. Más de 60 % de los casos informados ocurrieron entre 2018 y 2019. Seis familias dijeron a Codheciu que un pariente había ido a trabajar a las minas y nunca regresó. La mayoría indicó a la ONG haber presentado denuncias ante el Cicpc, pero afirmaron que la policía los “alentó” a no seguir con la búsqueda.

Las masacres más recientes ocurrieron el 15 de octubre de 2019, cuando al menos 16 personas las reportaron como desaparecidas y seis resultaron heridas en la mina Los Candados durante un supuesto enfrentamiento entre un sindicato y el ELN. El 22 de noviembre, identificaron al menos a ocho personas fallecidas en un enfrentamiento armado en el Territorio Indígena de Pemón Ikabarú, que integra el Arco Minero del Orinoco, en el municipio Gran Sabana.


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