A pesar de que no existe precedente en la historia reciente, el intento de designar a Voluntad Popular como una organización terrorista es solo una nueva etapa del uso del Estado venezolano para suprimir, inhabilitar e ilegalizar partidos opositores en Venezuela.
Caracas. El pasado 25 de mayo el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de interpretación que permitiera determinar si el partido opositor Voluntad Popular (VP) podía ser considerado como una organización terrorista, un hecho que si bien no se había registrado antes, se mantiene a la par de lo que ha sido la persecución sistemática contra las organizaciones políticas de la oposición.
En caso de que el TSJ concuerde con los argumentos de Saab y que, por ende, se le aplique el artículo 32 de la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y el Financiamiento al Terrorismo a la tolda naranja –algo que el propio funcionario designado por la ANC dijo que era lo que buscaba–, entonces la persona jurídica de VP desaparecería y con esta, todo remanente formal del partido político.
No es algo que haya pasado antes durante el gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco es algo que esté alejado de los precedentes que la propia ANC, el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han impuesto sobre los partidos más grandes de la oposición, en especial luego que estos obtuvieran la victoria como coalición durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Una política contra los partidos que comenzó en 2016
Apenas semanas después de lo que fue la victoria política electoral más importante de la oposición, la de diciembre del 2015 cuando obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el TSJ ordenó que los partidos opositores debían ir a un proceso de “renovación ante el CNE”.
Aquel fallo, con fecha 5 de enero de 2016 y emitido por la Sala Constitucional, interpretaba según la ley que los partidos que no hubieran obtenido al menos un 1 % de votos en las últimas elecciones (las parlamentarias de diciembre de 2015), no iban a poder postular candidatos para los próximos comicios.
Esa decisión ponía en riesgo a Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y otras organizaciones, principalmente porque estas habían acordado ir a las elecciones para la AN bajo la tarjeta única de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Ahora bien, la medida afectó también a algunos partidos políticos del Gran Polo Patriótico como Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Redes, Unidad Popular Venezolana, entre otros.
Se trató de un proceso largo que se extendió por más de un año, principalmente por acciones del CNE que aplazaron constantemente las fechas para llevar a cabo la renovación de los partidos políticos.
Tras llevar a cabo la elección para la Constituyente, el CNE presentó el 7 de agosto de 2017 la lista definitiva de partidos políticos que podrían participar en las elecciones regionales del 15 de octubre de ese año. En total, de 62 partidos políticos que existían en Venezuela, solo quedaron 22 habilitados para poder postular candidatos.
A la dupla TSJ y CNE se le sumó la ANC
Las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 tuvieron como resultado una victoria para las fuerzas del Gran Polo Patriótico, algo que fue denunciado por los partidos de la oposición, los cuales –en voz de su jefe de comando de campaña, Gerardo Blyde– desconocieron la victoria chavista.
Como consecuencia, y en forma de protesta, la mayoría de los partidos de la oposición optaron por acudir a las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017, comicios que además habían sido convocados por la ANC, algo que las organizaciones políticas no alineadas con Nicolás Maduro, calificaron de ilegal.
El propio 10 de diciembre, fecha en la que se llevó a cabo la elección para escoger alcaldes, Nicolás Maduro lanzó una amenaza a los partidos opositores y dijo que los que no hubieran participado iban a “desaparecer del mapa político” de Venezuela. Solo 10 días después la ANC, nueva jugadora contra los partidos opositores le acató la orden a Maduro y aprobó un decreto ilegalizando las organizaciones políticas que solo meses atrás habían sido reafirmados por el ente comicial.
Luego de la inhabilitación impuesta por la ANC, a cinco partidos políticos se les permitió acudir por segunda vez a un proceso de validación de su militancia para poder postular candidatos, siendo estos: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Partido Unión y Entendimiento (Puente) y a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Voluntad Popular también podría participar de este proceso pero optó por no hacerlo.
Desaparece la tarjeta de la MUD y la de PJ
La tarjeta de la MUD, que llegó a ser la más votada en la historia de Venezuela, fue objeto de una serie de acciones por parte del CNE y del TSJ. El 25 de enero, el máximo órgano comicial anunció que esta no podría recoger firmas para su validación en siete estados del país por presuntamente haber incurrido en fraude al momento de la recolección de rúbricas para el revocatorio durante año 2016.
Horas después que el CNE hiciera su anuncio, la segunda estocada a la tarjeta de la MUD la dio la Sala Constitucional del TSJ, la cual basándose en supuestos casos de “doble militancia”, ordenó excluir a la Unidad del proceso de validación. Luis Emilio Rondón, rector del CNE, calificó la decisión del TSJ como “un adefesio” y “un bodrio desde el punto de vista jurídico”.
Acción Democrática anunció el 28 de enero que había logrado cumplir con la recolección de las firmas necesarias para su validación, mientras que en el caso de Primero Justicia, estos solo lograron el 0,5 % del Registro Electoral en dos estados del país, motivo por el cual deberían haber ido a reparaciones para intentar conseguir la cantidad restante. Voluntad Popular y Puente no participaron, y Tania D’Amelio, rectora del CNE, aseguró que estos dos partidos se habían “autoexcluido” del proceso.
Para el 2 de febrero el CNE emitió un nuevo pronunciamiento anunciando una modificación al reglamento que le permitía a la tolda amarilla ir al proceso de reparación de firmas, dejando a la organización ilegalizada de facto.
Posteriormente, para el 15 de marzo de 2018, y respondiendo a una entrevista sobre el ejercicio electoral del 20 de mayo de ese año, D’Amelio destacó que a pesar de estar habilitados, Independientes por el Progreso (IPP), Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática no postularon candidatos para esa actividad. Añadió que al no haber postulado candidatos para el 20 de mayo, no podían hacerlo para los próximos comicios.
En total, Venezuela pasó de tener 62 partidos legales y habilitados para participar en elecciones en el año 2016, a solo 14 partidos nacionales para los ejercicios comiciales del 20 de mayo de 2018. De esos 14, al menos 10 se alinearon con Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela, Movimiento Somos Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos, Por la Democracia Social, Movimiento Electoral del Pueblo, Unidad Popular Venezolana, Tupamaro, Organización Renovadora Auténtica y Alianza para el Cambio), mientras que los siete restantes se repartieron entre Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de Venezuela), Javier Bertucci (Esperanza Por El Cambio) y Reinaldo Quijada (UPP-89).
Si bien en la historia reciente venezolana no se ha intentado declarar a un partido político opositor como “terrorista”, algo en lo que Tarek William Saab está innovando, lo cierto es que no es la primera ocasión en la que se observa el uso del aparato del Estado venezolano para sacar del camino a una organización política de la oposición.
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