A pocas horas del proceso de renovación de los partidos el juzgado anuló al símbolo más votado de la historia del país alegando que en su nómina existe “doble militancia”.
Caracas. La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló parcialmente la convocatoria de renovación de nóminas a 5 partidos hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al ordenar a ese poder que excluya a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del proceso que se realizará este sábado y domingo.
A través de una nota de prensa, el máximo juzgado informó que fue aprobada la ponencia del presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, que indica que “la Sala Constitucional está llamada a resguardar los derechos a la participación política a través de las organizaciones constituidas legal y legítimamente para tal fin, para lo cual ya ha fijado los parámetros del proceso previo de validación de las organizaciones políticas, en respeto irrestricto de los postulados y principios fundamentales para el mantenimiento del orden constitucional de la República”.
En octubre de 2016 tribunales penales de los estados Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo ordenaron suspender el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, por supuesta usurpación de identidad en la recolección de firmas realizada por la MUD. Los opositores denunciaron que se trata de una estrategia política del Gobierno, pues la conocida “tarjeta de la manito” es el símbolo que ha obtenido más votos en la historia de Venezuela.
La exclusión de la MUD se hace en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación, y dicho carácter de agrupación contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia”, alegó el TSJ.
El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), uno de los partidos de la Unidad que llamó a validar el símbolo opositor, reaccionó la decisión del TSJ. “Cuando se decidió validar la tarjeta de la Unidad teníamos claro que lo más probable era que el Gobierno la anulara, el tema estaba si se la poníamos fácil anulándola nosotros mismos al no activar el procedimiento, o poníamos el costo de esa decisión en manos del Gobierno”, indicó.
Foto: Cristian Hernández
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