Este grupo de diversas universidades nacionales y extranjeras rechaza la campaña de desprestigio por parte de Ciudad Ccs contra el docente. También se unen a las diferentes organizaciones que denuncian los sistemáticos abusos de la “fuerza letal” de la cual son víctimas los sectores populares.
Caracas. Un grupo de investigadores y académicos de universidades nacionales y extranjeras así como de ONG salieron en defensa del profesor Keymer Ávila frente a la campaña de descrédito que se desarrolla en un diario oficialista.
Este grupo emitió un comunicado, según el cual Ciudad Ccs, medio de comunicación de la Alcaldía de Caracas, ha iniciado una “campaña de estigmatización contra el profesor Keymer Ávila, con acusaciones infundadas que pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos”.
Frente a estos ataques afirman que defienden el resguardo de uno de los fundamentos de su vocación y oficio: “La construcción científica de datos, insumos y evidencias que contribuyan con debates para la construcción del bien común. Destacamos la reconocida trayectoria profesional del profesor Keymer Ávila y nos unimos al clamor de las diferentes organizaciones de diversas tendencias políticas que denuncian los sistemáticos abusos de la fuerza letal de la cual vienen siendo víctimas los sectores populares durante los últimos años”.
Apuntan que esta campaña nada se dice sobre el hecho de que desde 2015, cuando se iniciaron los operativos militarizados conocidos como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) seguidos por la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), “el Gobierno ha desplegado una política de matanza hacia los sectores más empobrecidos y vulnerables del país”.
Destacan que las mismas cifras oficiales publicadas por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, revelan el significativo incremento de los casos de muertes violentas registradas bajo la categoría Resistencia a la Autoridad, que desde 2016 se ubican en más de 4900 casos anuales.
“La magnitud del aumento, y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores, ha servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y, especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios”.
Señalan que: “En la vivencia de quienes han sido víctimas de los operativos policiales destaca la desmesurada violencia a la que son expuestas las comunidades, familias, madres, hijas e hijos de los jóvenes asesinados”.
Puntualizan que el Estado ha desmentido esta realidad y con ello, “no ha asumido la reparación y restitución de derechos de los afectados por las políticas de “mano dura”.
Relatan que: “El informe del Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, que forma parte de los objetivos atacados por la campaña, es una iniciativa de reconocidos investigadores y académicos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. El capítulo sobre este último país estuvo a cargo del profesor Keymer Ávila”.
Detallan que en la investigación sobre Venezuela se elaboran un conjunto de indicadores provenientes de dos fuentes: la primera, por los datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior que permiten estimar las magnitudes del fenómeno investigado. La segunda, un levantamiento sistemático realizado por el investigador, de un corpus de casos a partir de fuentes secundarias, el cual se encuentra dentro de los parámetros metodológicos estándar empleados en las ciencias sociales para la estimación de las diferentes proporcionalidades que se presentan en los indicadores. “De allí que su validez científica sea más que probada”.
Subrayan que el comunicado tiene como fin mostrar “el respaldo con el que cuenta el trabajo del profesor Ávila, que hacemos extensivo a todos los sectores sociales que quieran hacerlo suyo” y advierten a los promotores de la campaña que “más que defender un proyecto de país, estos ataques no hacen sino legitimar, fortalecer y hacerse cómplices con la producción masiva de muertes violentas en Venezuela, así como con el profundo dolor y cadena de duelos a la que son sometidos miles de venezolanos”.
Urgen un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado, así como la perentoria necesidad de establecer mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas.
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