Según el testimonio de los afectados, el hostigamiento policial obliga a líderes políticos de la comunidad, ubicada en el municipio Sucre de Caracas, a abandonar el activismo para evitar represalias.
Caracas. Pedro* vive en José Félix Ribas desde hace más de 40 años. Estuvo vinculado durante un tiempo a un partido opositor. Hacer política en esa zona le permitió conocer de primera mano el control que el chavismo ejerce a través de la presión, las amenazas, el chantaje y la violencia.
“Es la política de control social, ellos (el chavismo) siempre la han aplicado con lo que llaman programas sociales. En realidad no son programas, son mecanismos que no benefician a la comunidad”, comenta Pedro, quien criticó la ausencia de una política planeada para atender a la comunidad.
José Félix Ribas es uno de los barrios más complicados de Petare para hacer política. El chavismo controla a la sociedad a través de los dirigentes de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de los cuerpos de seguridad del Estado, según la denuncia de los vecinos.
También es una comunidad que vive bajo el dominio de la banda criminal de Wilexis Acevedo, apodado el Wilexis.
La realidad de sus habitantes incluye amenazas, asesinatos y extorsión, ejecutadas por algunos funcionarios policiales, de acuerdo con sus habitantes. Los vecinos tienen miedo de tan solo asomar el tema, creen que su vida correrá peligro.
Por eso, quienes se atreven a hablar piden que su nombre no se publique y se sienten más seguros si conversan en otra zona, bien lejos del barrio, porque las paredes tienen oídos.
Para Pedro, el PSUV tiene dos formas de controlar a los vecinos. La primera es con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los beneficiarios de la bolsa de alimentación, o cualquier otro programa, están en una lista y el chavismo recurre a ella en épocas electorales.
“Y dos, es que si eres opositor o haces política, te excluyen de la lista de beneficiados así lo necesites con urgencia”, dice.
Mirla Pérez, doctora en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y directora del Observatorio Convivium, explica que una forma de control en las comunidades son los Clap, aunque de acuerdo con los estudios de la organización los vecinos ya rechazan este beneficio.
“La gente quiere ser autónoma, quiere trabajar y valerse por sí misma, pero no se puede con la situación económica que tenemos”, agrega.
Durante la primaria del 22 de octubre de 2023, la intimidación del PSUV a los simpatizantes opositores fue clara y constante: si votaban perderían sus beneficios, las bolsas y los bonos que le dan a los vecinos de José Félix.
“En las primarias la presión fue fuerte, se dedicaron a ocupar espacios como canchas, decían que eran espacios municipales y que no se podían usar para la elección. Amenazaban a la gente que si votaban en las primarias iban a perder sus beneficios, bolsas y bonos que dan a la gente”, explica.
A pesar del miedo que sembró el chavismo en los vecinos, la participación durante la elección primaria en Petare fue importante, cerca de 10 % del total de votantes se expresó con su voto, el 22 de octubre de 2023.
En la parroquia se registró una participación de 26.551 personas, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Primaria. Aproximadamente 9 de cada 10 votantes apoyaron a la candidata María Corina Machado, quien ganó el proceso con 24.786 votos.
La cifra de votos alcanzada por Machado, el 22 de octubre de 2023, refleja que a pesar de las amenazas en contra de los opositores, la participación se mantiene cercana a eventos anteriores en Petare, como la elección de alcaldes de 2017 cuando Enrique Mendoza obtuvo 52.118 votos (38,05%) o la del año 2021, cuando David Uzcátegui consiguió 37.062 votos (34,75%). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las elecciones primarias históricamente cuentan con una participación menor que comicios tradicionales.
Pedro contó que en el referendo del 3 de diciembre de 2023, sobre el Esequibo, se aplicó una estrategia similar, pero inversa.
“Le decían a la gente que el que no saliera a votar el 3 de diciembre no iba a tener posibilidad de recibir nada del Gobierno. También mienten y dicen que no podrán votar en las elecciones siguientes. Mandan los mensajes por todos los grupos del Clap que tienen en WhatsApp”.
Juan*, un residente por más de 40 años en José Félix Ribas, también denunció que todo el esquema Clap se convirtió en un foco de corrupción en la zona.
“Es pura corrupción, ellos si tienen que entregar 200 bolsas Clap, a veces piden 240 o 250 para agarrarse lo que sobra o revenderlo”.
El control político en la comunidad también se ejerce con el acceso a servicios básicos como el gas doméstico. Juan dice que se lo niegan a alguien por hacer política en la zona.
“No es como antes que uno agarraba su carro y se compraba una bombona en Mesuca si quería, ahora está centralizado, funciona con una lista que ellos controlan”, detalla.
Violencia política
Las amenazas y los hechos de violencia, como el asesinato del concejal Edmundo “Pipo” Rada, del partido opositor Voluntad Popular, el 16 de octubre de 2019, llevaron a Pedro y a otros dirigentes a apartarse del activismo político.
Durante la investigación, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para ese momento, Néstor Reverol, aseguró que el asesino de Rada fue el novio de su expareja, Anderson Dávila.
Esta versión fue rechazada desde Voluntad Popular y mantuvieron que el homicidio ocurrió por motivos políticos, presuntamente ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
El 2 de mayo de 2020, Dávila murió en un supuesto enfrentamiento con efectivos de la División de Investigación Penal (DIP) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Puede que el homicidio de Rada haya sido uno de los casos más reseñados en la prensa, pero bajo ninguna circunstancia es el único.
Posterior a la Operación Gedeón, en mayo de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro aprovechó para tratar de vincular a dirigentes políticos de José Félix Ribas con Wilexis, el cabecilla de la banda con presencia en el sector.
Cinco días después del fallido operativo militar, Junior Pantoja, exconcejal de Primero Justicia y vecino de Petare, fue detenido el 8 de mayo de 2020, por funcionarios de las FAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
La salud de Pantoja se agravó en prisión. Estuvo encarcelado por más de dos meses, hasta el 24 de julio de 2020. Era diabético e hipertenso y durante su detención contrajo una infección pulmonar. De acuerdo con Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre para ese momento, esa infección ocasionó la muerte del líder vecinal, el 23 de agosto de ese mismo año.
Según un reporte semestral de Convivium, entre marzo y agosto de 2023, publicado en octubre, los partidos tienen presencia en solo 9 % de las comunidades del país, por una mezcla de factores que van desde las repercusiones por hacer política hasta el propio descrédito de las organizaciones por errores del pasado.
Pedro recordó que la violencia se puede rastrear hasta el 2015, durante las elecciones parlamentarias que eventualmente perdió el chavismo. Considera que estar en un punto de popularidad bajo hizo que el chavismo de la zona reconsiderara el uso de la violencia.
“Durante esa campaña nos cayeron a tiros varias veces. La noche de la elección nos cayeron a tiros desde un lugar que llaman La Fortaleza, era el centro de acopio del chavismo y está en la entrada de José Félix Ribas. Pasar por ahí era jugarse la vida”, cuenta.
Aunque no hubo heridos, un hecho similar ocurrió durante la campaña, el 21 de noviembre de 2015, cuando una caravana de motorizados en apoyo al candidato Miguel Pizarro ingresó a José Félix Ribas y fueron atacados por presuntos grupos de choque que portaban armas largas. Pizarro acusó de lo ocurrido a William Ojeda, otro candidato.
Aquellos que todavía se mantienen en la política, o que siquiera manifiestan su postura opositora, se exponen a represalias que van desde las amenazas hasta la persecución desde las instituciones del Estado.
Pedro explicó que en su momento los organismos de seguridad dijeron a los dirigentes opositores de José Félix Ribas que tenían dos opciones: “O seguíamos en la lucha o nos íbamos, básicamente que si seguíamos haciendo política teníamos que asumir las consecuencias”.
Los vecinos dicen que algunos integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de las FAES y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presuntamente extorsionan a los comerciantes, limitan la actividad política e ingresan a las casas de las personas a robar. También aseguran que se han registrado casos de ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes.
“La gente le tiene más miedo a la policía que a los mismos delincuentes”, afirma Juan.
Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica que este es un fenómeno que ocurre desde hace mucho tiempo.
“Los abusos y la violación a los derechos humanos de los cuerpos de seguridad, varios de estos han quedado plasmados en informes nacionales e internacionales como informes de la Comisión Interamericana de DD.HH., de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., en informes de Provea, Cofavic y el Centro Gumilla”.
Izquiel explica que en las zonas populares, como José Félix Ribas, ocurren atropellos como ejecuciones extrajudiciales y el robo de enseres a viviendas, donde hacen allanamientos sin orden judicial.
Estas acciones ocasionan un descrédito popular y social contra los cuerpos policiales o militares.
“Una consecuencia directa es esa enfermedad social en la que muchas personas, ante el descrédito de los policías, prefieren la gobernanza criminal de bandas delictivas ante una del gobierno venezolano. Esa situación social es una consecuencia de lo que hacen los cuerpos de seguridad”, detalla Izquiel.
Represalias por participar en la primaria
Andrés*, es un comerciante que, como muchos otros, ofreció su local como un centro de votación para la primaria del 22 de octubre.
Días antes del evento electoral, un grupo de funcionarios fue hasta el comercio y durante una revisión encontraron mercancía de consumo personal, pero los efectivos lo acusaron de hacer ventas sin la permisología adecuada.
“Ellos llegaron a la 1:00 p. m. pidiendo papeles, esto y lo otro. En el local encontraron una mercancía que era mía y dijeron que ellos sabían que yo vendía eso sin licencia. Que vendía decenas de cajas”, comentó el comerciante, quien por temor pide no publicar muchos datos sobre su caso, porque teme otras acciones de venganza.
Su caso, lo pasaron a juicio en un tribunal, un acto que según él es “pura retaliación política”. Actualmente enfrenta un proceso judicial y con los costos legales nadie lo ayuda.
“Yo estoy solo, a mí nadie me está ayudando con esto, ni partidos, ni políticos, nadie de las primarias. Yo no hice nada malo”, expresa.
La contradicción de los cuerpos de seguridad
Desde el 2014, Wilexis se hizo violentamente con el dominio de buena parte de José Félix Ribas, un control que puso fin a los enfrentamientos entre las microbandas de las zonas del barrio.
Esto trajo consigo un “orden” que, para sus habitantes, es preferible al que ofrecen los cuerpos de seguridad del Estado.
Carmen*, explicó que el control del Wilexis se relaciona más con temas sociales que políticos, se enfoca más que todo en limitar lo que se hace en el barrio y quienes ingresan a él. Cuando los vecinos necesitan algún servicio es preferible acudir a Wilexis que a la alcaldía.
“De hecho cuando se rompe una tubería o algo, es la banda la que trata de resolver el asunto para que no suba nadie que no conocen”.
También está prohibido denunciar hechos ante la policía. “Si lo haces, sabes que te tienes que ir del barrio”, explica.
El control de la banda del Wilexis debería ser impuesto por los cuerpos de seguridad del Estado, pero no es el caso. Cuando hay un operativo para dar con el cabecilla de dicha organización delictiva “ya lo sabe y se mueve de ahí”, comenta Carmen.
Añade que la banda presuntamente cuenta con una red de menores de edad que avisa a la organización criminal cuando ven movimiento policial cercano en la zona.
(*) Se modificaron los nombres de las fuentes por medidas de protección.
Este es un trabajo colaborativo de Efecto Cocuyo y Crónica Uno.
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