Juan Guaidó y la Fuerza Armada Nacional a un año del 30 de Abril

A lo largo del último año el presidente de la Asamblea Nacional no ha dejado de enviarle mensajes y propuestas a la FANB. Desde una nueva ley de seguridad social, pasando por su inclusión en un eventual Consejo de Gobierno, hasta un capítulo del Plan País dedicado al sector castrense.

Caracas. El 30 de abril de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y encargado de la República, Juan Guaidó, madrugó en las afueras de la Base Aérea Militar de La Carlota junto con Leopoldo López y un puñado de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos al resguardo del Poder Legislativo.

En un breve discurso llamó a toda la población, a los empleados públicos, a los comités de ayuda y libertad, pero en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a respaldar lo que denomina la lucha por la restitución de la democracia. Pero ya a media mañana de aquel día era claro que el llamado no tuvo el eco inmediato esperado por Guaidó.

Los cuarteles se mantuvieron en aparente calma, la población salió tímidamente en algunas ciudades, las cabezas de los demás poderes públicos expresaron su respaldo a Nicolás Maduro. Además del medio centenar de tropa que acompañó a Guaidó en La Carlota, la única baja sensible para Maduro ese día –y podría decirse que en todo el año transcurrido– fue la deserción pública del Director del Sebin, general Manuel Christopher Figuera.

Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Asamblea Nacional y data de varias ONG que llevan el conteo de los militares presos por motivos políticos, desde el 30 de abril de 2019 hasta hoy, 121 uniformados han sido apresados por delitos asociados al desconocimiento de Maduro como comandante en jefe. La cifra equivale al 54 % de todos los militares presos por la sospecha de su participación en rebeliones internas, que asciende a 224.

Durante el año transcurrido, Guaidó ha emprendido acciones y emitido mensajes dirigidos a la Fuerza Armada para ganar su confianza y lograr que coadyuven en la concreción de unas elecciones presidenciales libres y competitivas.

Esas acciones y mensajes giran en torno a la integración de un consejo de gobierno, la instalación de un gobierno de emergencia nacional, la aprobación de una ley de garantías, la creación de un programa especial para la restauración de la Fuerza Armada y la soberanía dentro del Plan País y la redacción de una nueva ley de seguridad social de la FANB. Por otro lado, a lo largo de estos 12 meses también se han aplicado sanciones internacionales individuales contra militares de alta gradación para presionar por el retiro de su apoyo a Maduro. Veamos:

Consejo de Gobierno y Gobierno de Emergencia

El 7 julio de 2019, durante las negociaciones en Barbados, la delegación de Guaidó presentó a sus pares oficialistas una propuesta de conformación de un Consejo de Gobierno que integrara a ambos sectores y condujera al país a unas elecciones presidenciales.

La Fuerza Armada Nacional tendría representación en ese Consejo. Esto como una garantía de integración al proceso de transición e incluso de no persecución de ciertas figuras castrenses.

La oposición y los mediadores de Noruega esperaban la respuesta en la siguiente reunión, prevista para el 7 de agosto, pero el oficialismo nunca asistió a ese encuentro. En su lugar, ese mismo día Maduro instaló una Mesa de Diálogo Nacional paralela y, en un acto militar el 13 de agosto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, sentenció: “En Venezuela no va a haber un golpe de Estado, ni un gobierno de facto, ni transición alguna”.

Ocho meses más tarde, el 28 de marzo de 2020, Guaidó rescata su propuesta del Consejo de Gobierno y la adereza con la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional e insta a los militares venezolanos a dar la espalda a Maduro y su círculo cercano, que horas antes habían sido acusados de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como parte de la propuesta se incluyó una ley de garantías, estabilización democrática y reconciliación nacional que sería redactada por la Asamblea Nacional.

El 30 de marzo, el Departamento de Estado estadounidense acoge la idea de un Gobierno de Emergencia Nacional y presenta su Marco para una Transición Democrática en Venezuela que entre otros aspectos ofrece el levantamiento de las sanciones no solo a los militares sino a todos los funcionarios que contribuyan con ese mecanismo.

El elemento más sustantivo del documento es que Estados Unidos plantea que todo el alto mando militar venezolano preserve sus cargos durante el gobierno de transición hasta unas elecciones presidenciales. Sin persecución de ningún tipo.

Una vez más, la respuesta pública de Padrino, del alto mando y de los jefes de las regiones de defensa integral y las zonas de defensa integral es expresar su respaldo a Maduro.

La ley de seguridad social, una deuda pendiente

El 29 de diciembre de 2015 Nicolás Maduro firmó el decreto que dio vida a la Ley Orgánica de la Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional . Lo hizo sin el concurso de la Asamblea Nacional que entonces dominaba su partido y que estaba a punto de culminar su período. Pero también sin el concurso de la nueva Asamblea Nacional recién electa.

La comisión de Defensa del Parlamento liderada por la oposición inició en 2018 la discusión y consultas públicas para la elaboración de una ley de seguridad social apegada a la Constitución. Pero a la fecha de hoy, ese proyecto no ha sido ni siquiera presentado para su primera discusión en plenaria.

La diputada Karim Vera (PJ-Táchira), integrante de esta comisión, reconoce la deuda con el sector castrense pero afirma que el borrador está muy adelantado.

“Hace dos o tres sesiones de la comisión de Defensa esa ley fue producto de discusión. Una vez que podamos retomar las actividades ordinarias de la comisión, afectadas por la cuarentena, vamos a hacer una ronda final de consultas para recoger unas últimas observaciones y ajustarlas a las necesidades de los actores de la FAN que participan activamente en estas consultas. Entonces sería presentada a plenaria de la AN para su primera discusión”, dijo Vera.

Vera admitió que en medio de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela desde hace dos años, el sector militar no escapa a ello, pero tienen una diferencia respecto al sector civil: “Aún cuando los padecimientos son los mismos no importa si vistes o no un uniforme, es el civil, el ciudadano de a pie, el que se atreve a protestar para exigir sus derechos. En la fuerza armada, en cambio, sus integrantes se sienten más reprimidos. Son perseguidos y amenazados. Este régimen les dio beligerancia, pero si esa beligerancia es para expresar descontento o hacer una exigencia, son perseguidos”.

El Plan País promete la reinstitucionalización

Otro intento de Guaidó de acercarse a los militares a lo largo de este año es la integración de la Fuerza Armada al Plan País, el proyecto opositor de rescate, recuperación y gobierno para Venezuela una vez que Maduro salga del poder por la vía de unas elecciones.

En su página web, el capítulo del Plan País Seguridad y Defensa señala que “a la institución militar le corresponde un papel de primer orden en la construcción de una democracia próspera, justa y plural” y para alcanzar ese objetivo, el Plan País contiene políticas “que elevarán el nivel de profesionalización de la Fuerza Armada, respetando los méritos y capacidades, con la inversión necesaria para atender el apresto operacional y los aspectos socioeconómicos de la oficialidad, tropas y sus familias”.

Los acuerdos en esta materia, dice el documento de acceso público son:

  • La institución militar garantizará la independencia, soberanía y seguridad de la Nación, recuperando el monopolio de las armas de la República y no tolerará la presencia y actuación de grupos parapoliciales y paramilitares en territorio nacional.
  • Se asumirá como un objetivo indispensable llevar al más alto grado la profesionalización de la institución militar, garantizando el mayor respeto de los criterios de mérito, escalafón y capacidad en ascensos, promociones y asignaciones de mando.
  • La educación militar contará con todo el respaldo necesario del Estado venezolano, atendiendo cuidadosamente la especificidad de los diferentes componentes de la institución militar.
  • Se brindará la mayor atención al apresto operacional de la institución militar e inversión necesaria para que la Fuerza Armada cuente con capacidades de primera línea, sin compromisos exclusivos con ninguna empresa o país proveedor.
  • Se prestará especial atención a la familia militar, asumiendo como prioridad la mejora de los aspectos socioeconómicos de la oficialidad, tropa y sus familias, así como el acceso a educación, atención médica, seguridad social, jubilación digna y un nivel de vida.
  • Se llevará a cabo una reforma de la justicia militar como un elemento primordial para garantizar el respeto a la Fuerza Armada Nacional, acabando de esta manera con las injusticias y retaliaciones políticas que afectan a oficiales y tropa.
  • Se adoptarán todas las medidas necesarias para ratificar y defender el legítimo e histórico reclamo del pueblo de Venezuela sobre el territorio Esequibo, su mar territorial, su zona económica exclusiva y su plataforma continental, reafirmando la integridad territorial de la República, de acuerdo con las reglas establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

14 militares y un policía sancionados

Por otro lado, desde el 30 de abril de 2019, un total de 14 militares y un policía (11 activos y cuatro en reserva activa) han sido sancionados por Estados Unidos, Suiza y/o la Unión Europea con medidas de congelamiento de bienes y cuentas, prohibición de entrada al país y revocación de visas a ellos y sus familiares, en algunos casos.

Las razones de estas sanciones son, principalmente, “por apoyar al régimen opresivo de Maduro”, “por la muerte del capitán Acosta Arévalo”, “por estar implicados en torturas y violaciones a los DD. HH.” y uno por corrupción con las cajas Clap.

El de más alto rango sancionado en este año es el comandante del Ceofanb, almirante Remigio Ceballos. Todos excepto dos (Pedro Carreño y José Vielma Mora) tienen o tenían cargos directivos, de comando de personal o eran oficiales activos dentro de la FANB.

Estos 14 militares sancionados pertenecen a la GNB (7), al Ejército (6) y la Armada (1), pero ninguno a la Aviación. Este detalle llama la atención porque el 30 de abril de 2019, Guaidó y compañía se apostaron precisamente a las afueras de la comandancia general de la Aviación, en la Base Aérea La Carlota y desde allí hicieron el pronunciamiento y el llamado a la insurrección.

De todo el alto mando militar, el único oficial que no está sancionado por la comunidad internacional es el comandante general de la Aviación.

Una mirada retrospectiva

Al mirar los hechos en retrospectiva, la diputada de la comisión de Defensa, Karim Vera (PJ-Táchira) señala que si bien el llamado del 30 de Abril no contó con el apoyo esperado, “sí sembró esa semilla de inicio de un proceso de apoyo a un cambio”. Aunque enfatiza que en lo personal desconoce si los planes de alzamiento denunciados por Nicolás Maduro están relacionados con el llamado de Guaidó, afirma que “hemos visto como diversos grupos dentro de la FANB han comenzado a moverse en la búsqueda de un cambio, incluso a costa de ser víctimas de secuestro y cárcel”.

La parlamentaria suplente del diputado y preso político Juan Requesens sostiene que hoy los militares venezolanos y la sociedad en su conjunto están más cerca de ayudar a propiciar un cambio político, pese a las continuas afirmaciones del alto mando militar respecto a su fidelidad a Maduro.

“Los ciudadanos junto con las FANB estamos cada vez más cerca de que juntos logremos la libertad y la democratización del país. Lo que dice Vladimir Padrino solo atiende a los intereses económicos de un grupo minúsculo de la FANB, un grupo que usurpa el poder. Pero los testimonios que recibimos en la comisión de Defensa de parte de efectivos militares que acuden a nosotros revela claramente que lo que se padece dentro de la Fuerza Armada es igual a lo que padecemos fuera”, aseguró.

Los mensajes de Guaidó a la FANB desde el 30A

30 de abril de 2019: Guaidó llama a los militares a ponerse del lado de la Constitución. El mayor general Christopher Figuera, para ese momento jefe de Inteligencia Militar de Nicolás Maduro, es la baja más sensible para Miraflores. Otros 50 oficiales de medio y bajo rango acompañan a Guaidó en La Carlota y terminan aquel día asilados en embajadas de países que reconocen a Guaidó como presidente interino. Hoy en día están en el exilio.

4 de mayo de 2019: Guaidó envía carta a la Fuerza Armada Nacional y sus seguidores la llevan a los principales cuarteles. La mayoría no la recibe. En la carta Guaidó expone la necesidad de unas elecciones presidenciales libres y confiables que restituyan la línea de mando encabezada por el presidente de la República y comandante en jefe de la FANB. Además, aboga por el rescate del monopolio de las armas en manos del Estado en contraposición a la existencia de grupos paramilitares alimentados desde el Gobierno. Promete la profesionalización y dignificación de la carrera militar, la inversión para el apresto operacional y una mejora socioeconómica de la oficialidad y la tropa. Ofrece la recuperación del sistema de justicia militar y la defensa de la soberanía nacional.

7 de julio de 2019: Delegación de Guaidó en Barbados propone creación de un Consejo de Gobierno amplio con participación de integrantes de la administración de Maduro y representantes de la Fuerza Armada Nacional.

23 de julio de 2019: Guaidó y la Asamblea Nacional aprueban la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que facilitaría la cooperación con los países de la región en la defensa territorial pero también en la persecución de actividades ilícitas cometidas por parte de colaboradores de Maduro.

16 de noviembre de 2019: En una movilización nacional que intenta reactivar las protestas de calle, Guaidó llama a las FANB a darle la espalda a Maduro e insta a la ciudadanía a insistir en la invitación al sector militar para que se sume a la lucha por la restitución de la democracia.

5 de enero de 2020: Militares, principalmente de la Guardia Nacional, impiden a Juan Guaidó y a los diputados que lo respaldan el ingreso al Palacio Federal Legislativo para el acto de instalación y elección de la junta directiva para el año 2020-2021. Dos días más tarde, Guaidó encara al contingente militar y, tras un forcejeo, logra entrar al Palacio acompañado de 99 diputados.

16 de febrero de 2020: Guaidó se dirige nuevamente a la FANB a días de haber regresado de su gira internacional que realizó entre el 19 de enero y el 11 de febrero. En su mensaje Guaidó advierte a los uniformados que solo un gobierno de transición les ofrecerá garantías.

28 de marzo de 2020: Guaidó propone el Gobierno de Emergencia Nacional y llama a los militares a no seguir dando soporte a un modelo cuyos líderes acababan de ser acusados de narcotráfico por el Departamento de Justicia estadounidense, llegando al extremo de fijar recompensa por información para su captura. Dos días después, EE. UU. propone el Marco para la Transición Democrática en Venezuela con un claro rol de los militares.

1° de abril de 2020: Guaidó respalda y saluda como positiva la decisión de Washington de aumentar el patrullaje marítimo en las aguas del Caribe para impedir actividades ilícitas procedentes de Venezuela.


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