La operación Roraima en Bolívar mantiene a 10 personas tras las rejas, de las cuales dos son mujeres. Omarly Arcia y Kimberly Espaillata afrontan un prolongado encierro mientras sus familiares denuncian retardo procesal.
Ciudad Bolívar. Casi cuatro años han pasado desde las detenciones de Kimberly Espaillata y Omarly Arcia, dos mujeres arrestadas en circunstancias distintas, pero ambas relacionadas con la llamada operación Roraima.
Dicho operativo consistió en un despliegue militar iniciado a finales de octubre de 2022 en zonas mineras del sur del estado Bolívar. De acuerdo con las autoridades, el objetivo era combatir la minería ilegal y a los grupos armados al margen de la ley.
No obstante, en el contexto de los arrestos, habitantes de la región denunciaron allanamientos arbitrarios y violaciones a los derechos humanos.
Los familiares de Kimberly y Omarly han denunciado constantes dilaciones e irregularidades en los procesos judiciales. En el caso de Kimberly, cumple cuatro años privada de libertad sin que la Fiscalía presente en las audiencias a los funcionarios que participaron en su aprehensión.
Su hermana, Mariana Pérez, denunció que en el último año se han realizado audiencias consecutivas sin presencia del Ministerio Público. Mientras, se mantienen vigentes cargos que, sostuvo, no se han demostrado. Desde la detención, dijo, van más de 140 audiencias diferidas.
“Es un juicio donde la Fiscalía no se presenta, ni presencial ni por telemática”, denunció Pérez.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, como Justicia, Encuentro y Perdón, han alertado que la suspensión reiterada de audiencias preliminares y de juicio constituye una violación sistemática al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva previstos en las leyes nacionales.
Delitos bajo engaño
Kimberly fue imputada por los delitos de complicidad necesaria en tráfico de armas y municiones. También por complicidad necesaria en tráfico de material estratégico, categoría legal que resguarda los recursos energéticos y minerales de la nación, y asociación para delinquir.
Su hermana sostiene que, hasta la fecha, no han logrado demostrar la veracidad de tales acusaciones. Asimismo, indicó que inicialmente la trasladaron con el pretexto de rendir declaraciones por resistencia a la autoridad.
Según la versión de Pérez, los funcionarios ingresaron a la vivienda de Kimberly para realizar una inspección sin que estuvieran presentes ella, su padre o los testigos civiles que la misma comisión llevó.
“Lo único que hay en su contra es un teléfono. Eso fue un mal procedimiento, o es de procedencia dudosa porque no era su teléfono personal”,
señaló.
Pérez relató que la situación se prolonga a pesar de que el juez Darwin Bastardo habría reconocido la falta de elementos suficientes para dictar una condena. Añadió que el magistrado incluso manifestó su intención de emitir una boleta de excarcelación, orden formal remitida a las autoridades penitenciarias para hacer efectiva la liberación de un privado de libertad, pero “que no puede hacerlo sin recibir una orden superior”.
Pérez expuso que también lograron ubicar de forma personal a los funcionarios vinculados al caso. Uno de ellos reside fuera del país y, aunque notificaron al Ministerio Público, no lo han contactado para una audiencia por videoconferencia.
“Nosotros no estamos aquí pidiendo ni clemencia ni favores; estamos pidiendo que se cumpla la ley. Nada más”, enfatizó.
Una grama de oro
Otro de los casos es el de Omarly Arcia, aprehendida el 1° de noviembre de 2022. Su hermana, Wilenis Arcia, aseguró que desde la detención no han podido visitarla y que permanece recluida en la comisaría Vizcaíno, en San Félix.
Arcia explicó que ella y su hermana Omarly son originarias de la zona de Guarenas-Guatire y que se trasladaron al sur del estado Bolívar para trabajar en la minería. Asimismo, contó que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron a la vivienda familiar y arrestaron a Omarly.
Señaló, además, que durante el procedimiento los funcionarios hallaron una grama de oro, forma local de denominar un gramo de oro que se utiliza como unidad de valor y medio de pago, y varios teléfonos, los cuales emplearon como evidencias para incriminarlas.
No obstante, Arcia afirmó que dicha grama de oro correspondía al pago de su trabajo, pues en el sur de Bolívar constituye la principal moneda de cambio.
Su otra hermana, Carla Mendoza, denunció que Omarly suma 55 audiencias diferidas. Ante esto, exigieron la revisión del expediente y que se defina cuanto antes su situación jurídica. ONG como Foro Penal venezolano han denunciado que el uso de bienes de uso cotidiano o pequeñas cantidades de mineral como elementos de convicción sin peritajes adecuados refleja falencias graves en la sustentación de las imputaciones.
Los familiares reiteraron que sus reclamos obedecen al retardo procesal, la ausencia e indolencia de la Fiscalía, la falta de pruebas para mantenerlas privadas de libertad, la negligencia de los tribunales y la vulneración de sus derechos legales y humanos.
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