El indicador fue presentado este miércoles en la comisión Delegada de la AN. Alfonso Marquina (PJ-Lara) advirtió inconstitucionalidad de posible nuevo endeudamiento con China si no pasa por la AN. Diputados ratificaron vacante en el cargo de Procurador General: “Reinaldo Muñoz usurpa la Procuraduría”. Parlamento alertó sobre inconstitucional entrega de contratos petroleros.
Caracas. La materia económica dominó este miércoles la agenda de la reunión de la comisión Delegada, la última del actual receso parlamentario, pues el segundo período ordinario de sesiones inicia el 15 de septiembre y la plenaria fue convocada para el martes 18 de septiembre.
Los diputados presentaron el Índice de Actividad Económica desarrollado por la comisión de Finanzas; denunciaron la ilegalidad de cualquier contrato firmado por quien usurpa actualmente el cargo de procurador general; advirtieron sobre la inconstitucionalidad de un posible nuevo endeudamiento con China si el mismo no es probado por la AN; y denunciaron el ilegal otorgamiento de concesiones para la explotación petrolera por parte de Pdvsa.
Con respecto al Índice de Actividad Económica, correspondió a Ángel Alvarado (PJ-Miranda) hacer la presentación del mismo. Dijo que en el primer semestre del año 2018 la economía se contrajo 25 % respecto al mismo lapso de 2017. Y que desde que Maduro llegó a Miraflores en 2013, la contracción ha sido de 50 %. “El socialismo ha generado la depresión económica más grande la historia”, sentenció.
Alvarado explicó que la estruendosa caída de la actividad económica es consecuencia de la debacle de la producción petrolera que actualmente se ubica en 1,2 millones de barriles diarios sumando la producción de Pdvsa y las empresas mixtas (en 1998 la producción era de 2,9 millones) y la depresión de la actividad comercial, que se evidencia en el cierre de comercios y cierre de empresas manufactureras. “Esto trae como consecuencia la caída en la capacidad de consumo de los venezolanos, el aumento del desempleo, el cierre de más empresas y el incremento de la pobreza. Hoy en día prácticamente todos los venezolanos somos pobres”, dijo.
El Índice de Actividad Económica es coincidente con el Producto Interno Bruto (PIB) y se construye con variables del PIB. La AN publica este indicador desde 2017 debido a la política de ocultamiento del BCV.
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Este miércoles los diputados también ratificaron una decisión aprobada por el pleno de la AN en noviembre de 2016 que declaró la usurpación del cargo de procurador general por parte del ciudadano Reinaldo Muñoz. La situación de usurpación se registra desde 2014, cuando Muñoz fue inconstitucionalmente designado vice contralor general por su predecesor, Manuel Galindo, justo antes de su nombramiento como contralor general.
En el acuerdo aprobado este miércoles los diputados advierten a los organismos, empresas y entes nacionales y extranjeros que Muñoz no puede ser considerado procurador general porque no fue designado conforme a la Constitución; que todos sus actos son, en consecuencia, nulos, incluyendo financiamientos, endeudamientos, contratos y convenios de interés nacional; y además se ordena iniciar una investigación para determinar las responsabilidades políticas y penales de las personas que han permitido dicha ilegalidad.
El segundo vicepresidente, Alfonso Marquina (PJ-Lara) señaló que, por ejemplo, sería completamente nulo un posible nuevo endeudamiento con China si este es firmado por Muñoz y si no pasa por aprobación de la AN, como dicta la Carta Magna vigente:
Contratos viciados
Finalmente, el diputado Jorge Millán (PJ-Caracas) presentó a la Delegada datos que complementan la denuncia formulada la semana pasada por Juan Guaidó (VP-Vargas), relacionados con el otorgamiento de campos petroleros a empresas de dudosa reputación y sin autorización de la AN.
Millán leyó los artículos 9, 22 y 33 de la Ley de Hidrocarburos, los cuales explican el funcionamiento y constitución de las empresas mixtas, y luego lo contrastó con el Contrato Marco al que tuvo acceso, presuntamente suscrito por Pdvsa con varias empresas.
Dijo que el Contrato Marco violó la Ley de Hidrocarburos en lo relativo a la conformación de las empresas mixtas a través de un subterfugio inconstitucional que entrega la exploración y extracción de crudo bajo una figura inexistente en la ley denominada “prestadores de servicio”.
Las empresas que serán beneficiadas por dicha contratación ilegal son: Well Services Cavallino C. A., Petro Kariña C. A., Helios Petroleum Services C. A., Shangdong Kerui Group, Consorcio Rinoca Centauro Karina, Consorcio Petrolero Tomoporo y Veneca.
Millán dijo que una de ellas es de maletín, otra no refleja ningún contrato con Venezuela en su página web y la última pertenece al empresario sancionado por presunto lavado de dinero por la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos y presunto testaferro de Tareck El Aissami, Samark López.
Millán indicó que conjuntamente las comisiones de Contraloría, Energía y la comisión especial para investigar la corrupción en Pdvsa seguirán trabajando este caso hasta presentar un informe definitivo a la plenaria.
Foto: cortesía prensa AN
Videos Maru Morales P., Crónica.Uno
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