A dos años de su elección e instalación, la cuestionada instancia no ha presentado ninguna propuesta sobre los cambios que hará a la Constitución, pero en cambio sí ha asumido funciones que le corresponden a la AN.
Caracas. “Redactar una nueva Constitución”. Esa es la función que el artículo 347 de la Carta Magna de 1999 le da a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la actual, que acaba de celebrar el segundo aniversario de su polémica elección e instalación, no ha dado aún señales de cuáles serán los cambios que realizará al texto fundamental, pero en cambio sí ha utilizado estos meses para arrogarse las funciones de la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición y ha tomado medidas para perseguir a la disidencia.
Al menos esto es lo que dejan en claro las cifras que maneja la organización Transparencia Venezuela, la cual indicó que de los 158 actos que hasta ahora ha tomado la instancia, que no es reconocida por el grueso de los gobiernos latinoamericanos ni por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), la mitad (79) fueron decisiones que la Constitución le atribuye al Legislativo, organismo al que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ha impedido ejecerlas bajo el alegato de que está en desacato, por no cumplir sus decisiones relacionadas con la impugnación de los diputados del estado Amazonas.
Las cifras recopiladas por la organización no gubernamental revelan que, hasta el momento, la Constituyente ha aprobado 17 normativas, así como ha dado el visto bueno para que el Ministerio Público procese a 17 diputados opositores y ha removido y designado a cuatro altos funcionarios del Estado.
Pero si lo anterior fuera poco, para reforzar las sospechas de que el objetivo del gobierno de Nicolás Maduro al convocar a esta instancia no era modificar la Carta Magna sino simplemente tener un organismo que reemplazara a la AN, está la decisión que tomó el cuestionado organismo en mayo pasado de prorrogar su mandato dos años, con lo cual sesionará más tiempo que el Parlamento.
Con la lupa en las decisiones
La mayoría de los instrumentos legales dictados por la cuestionada Constituyente no tienen que ver con la “reorganización del Estado”, sino que afectan el ámbito económico, como son las de los presupuestos de 2018 y 2019, la que modificó la Unidad Tributaria, la que reformó el Impuesto al Valor Agregado o la que creó el tributo a los Grandes Patrimonios. Asimismo, la instancia ha aprobado otros como la normativa que busca castigar el odio, que para organizaciones de Derechos Humanos y expertos solo buscan restringir aún más derechos como la libertad de expresión y de protesta.
Este instrumento le fue aplicado a la clarinetista Karen Palacios, quien permaneció más de 40 días detenida en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), precisamente por unos mensajes que publicó en la red social Twitter.
La Constituyente también ha asumido la tarea de la AN a la hora de designar a altas autoridades del Estado. Así, una de sus primeras decisiones fue remover de su cargo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en agosto de 2018 y nombrar a Tarek William Saab como su sucesor. Pero en estos meses también nombró al constituyentista Elvis Amoroso como contralor general encargado en sustitución de Manuel Galindo, a la vicefiscal Beyse Loreto; y a la Defensora Pública General.
Igualmente, avaló el nombramiento que hizo Maduro de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y recibió el informe de gestión del primero.
Sin embargo, el grueso del tiempo lo ha dedicado el cuestionado organismo a emitir acuerdos de carácter político, otra potestad que la Constitución le reserva al Parlamento. Así ha aprobado varios pronunciamientos en contra de las sanciones que Estados Unidos viene imponiendo a funcionarios chavistas.
Balance dudoso
Desde la Constituyente, por su parte, aseguran que sí vienen trabajando modificar la Constitución y afirman que esa labor está adelantada. “El propio presidente de la Comisión Constitucional [Hermán Escarrá], quien es el que se encarga de recibir y conciliar todas las propuestas, ha dicho que hay un avance de más o menos del 80 %, pero aún esa discusión no ha culminado”, afirmó la abogada María Alejandra Díaz, miembro de la cuestionada instancia, en una entrevista al medio ruso Sputnik.
No obstante, la integrante de la cuestionada instancia no adelantó qué cambios serán los que se harán.
Lo que sí reconoció Díaz al medio ruso es que el organismo tenía como objetivo enfrentar a la AN. “La Constituyente fue convocada no solamente para hacer una Constitución, sino que además funcionó como una válvula jurídica-política, como un escudo protector frente al peligro de la disolución del Estado-nación al que nos estábamos enfrentando por un ataque interno por parte de la Asamblea Nacional”, acotó.
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