La presidente de Consecomercio, Tiziana Polesel, señala que el crédito al consumo es especialmente necesario en esta época del año, tanto para clientes como para comerciantes, y que su restricción limita la recuperación del sector. El gremio detalló otros problemas que afectan a segmentos como las editoriales y la educación privada.
Caracas. La voracidad tributaria, la caída continuada de otros sectores económicos ligados al comercio y la persistente falta de financiamiento siguen presentes en la recta final del año, al tiempo que impiden que el sector comercio y servicios termine de agarrar vuelo y aproveche el relajamiento momentáneo en las medidas de cuarentena anticovid, aunque el optimismo persiste.
En el día en que comerciantes y prestadores de servicios dan inicio a la temporada navideña, las expectativas de reconstrucción y recuperación del sector se entremezclan con realidades del país. A pesar de la apertura “gradual” de la economía permitida por las autoridades, el gremio sigue enfrentando obstáculos como el exceso de trámites burocráticos e impuestos municipales que restan competitividad y alteran sus estructuras de costo.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) estima que un comerciante o prestador destina alrededor de 55 % de su jornada a la gestión de trámites y permisos para cumplir con sus obligaciones legales, el doble que el tope de 20 % que en otros países se considera como “dramático”, tiempo que podría dedicar a indagar y conocer las necesidades de sus clientes para aumentar sus ventas.
Y más en un contexto como el actual, en el que la economía acumula casi ocho años de contracción de al menos 75 % de su PIB, con una renta petrolera mermada y caídas pronunciadas como consecuencia de la pandemia que acentuaron problemas que ya atravesaban distintos sectores, lo que afecta transversalmente al comercio y los servicios.
Si la construcción reporta una contracción de 80 %, el comercio que atiende a ese sector también presenta esa contracción. Si un estado venezolano que vive del agro, como Lara, tiene problemas de gasoil, eso también afecta al comercio y los servicios”, explicó la presidente de Consecomercio, Tiziana Polesel, en declaraciones a la prensa durante la 42° conmemoración del Día Nacional del Comercio y los Servicios.
Los impuestos municipales, por su parte, aumentaron más de 1200 % entre 2019 y 2020, según cálculos del gremio, pese a que la pandemia paralizó casi todas las actividades durante más de cuatro meses, y junto con las tarifas de aseo urbano alcanzan el equivalente a 25 % de los ingresos de un comercio.
Consumo contraído dificulta la recuperación
Polesel añadió que la continuidad de la hiperinflación, que está próxima a cumplir cuatro años, sigue afectando las estructuras de costos y los precios finales en todos los comercios, a pesar de su desaceleración en el año y el avance de la dolarización informal en el país. Ello, sumado con la pérdida del empleo, disminuye el poder adquisitivo de la población y, por ende, el consumo.
Es por eso que, ante el inicio de las ventas navideñas e iniciativas como el black friday, Polesel ve con cautela su impacto a gran escala en el comercio, toda vez que la falta de créditos no solo impide ofrecer más productos al consumidor, sino que restringen las compras masivas y necesarias que demanda la población.
El black friday es una actividad promocional, principalmente, que suelen utilizar los establecimientos cuya actividad es fundamental y clave en los últimos meses del año. Está concebida para aumentar la fidelidad de las tiendas”, explica.
La líder gremial resalta que, a diferencia de Venezuela, en otros países el consumo decembrino está impulsado por créditos que las personas comienzan a pagar al mes siguiente. En el país las autoridades mantienen restringido el financiamiento desde 2018, con el encaje legal más alto de la región, para contener la inflación y el alza del tipo de cambio. “La falta de créditos es limitante”, dice Polesel.
Adicional a eso, el sector enfrenta otros inconvenientes que afectan a sus segmentos, como:
- El esquema de flexibilización 7+7 y la puesta en marcha del esquema de semáforo anticovid para permitir, o no, el acceso de consumidores a establecimientos de comercio mayorista y detallista.
- Falta de combustible que impacta en la operatividad de empresas de comercio de la cadena de frío, en cuanto a transporte de personal e insumos y para suplir las plantas eléctricas. La escasez de crédito bancario y la poca disponibilidad de proveedores nacionales impacta en su capacidad de contar con materias primas, insumos, equipos y repuestos para atender la demanda.
- Las políticas del Ministerio de Educación que prohíben la adquisición y uso de materiales educativos de editoriales privadas en escuelas y liceos públicos, donde se concentra 80 % de la población estudiantil. Otros problemas como la ausencia de licitaciones para bibliotecas públicas, infracciones de propiedad intelectual y la digitalización de textos también impactan en el tiraje de libros y la estructura de costos del segmento editorial.
- Las regulaciones y fiscalizaciones de entes públicos, distintos al Ministerio de Educación, inciden en el segmento educativo privado, históricamente marginado en el acceso a créditos y ahora, además de por la pandemia, afectado por las fallas de servicio eléctrico y acceso a internet.
Para comenzar a darle un giro a las condiciones adversas que atraviesa el sector, Consecomercio propone que se armonicen las capacidades tributarias y se reduzca la carga fiscal a las empresas, basándose en criterios de racionalidad fiscal y transparencia, al tiempo que se trabaje en la estabilización de las condiciones macroeconómicas como la inflación o el tipo de cambio.
“La propuesta hace énfasis en la libertad económica, la defensa de los derechos de propiedad y un Estado limitado, que haga lo que le corresponde, lo necesario para ofrecer un marco institucional eficiente”, argumenta Consecomercio.
Además, el gremio considera que debe evaluar y trabajar en mejoras del esquema de prevención y control contra la COVID-19, considerando las particularidades de cada segmento del comercio y los servicios, y las diferencias en las condiciones de cada región del país; impulsar una economía y gobierno digital, y tomar acciones necesarias para mejorar la oferta de combustible.
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