La única patente aprobada por el Sapi en 2019 fue a una empresa china fabricante de armamento

Sapi

El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual tardó 10 años en aprobar la invención de la empresa china Norinco.

Caracas. En 2019, el Servicio de Propiedad Intelectual (Sapi) estuvo cargado de novedades. Tanto es así, que luego de más de una década de no otorgar patentes, en agosto concedió una.

La empresa favorecida fue la Corporación de Industrias del Norte de China (Norinco), domiciliada en Francia. La información está en el boletín 596 del Sapi. El número de solicitud fue 1999-1362 para un dispositivo de obturación con cierre selectivo. Y como se ve, el Sapi tardó 10 años en aprobar la solicitud.

Norinco es una empresa que produce vehículos, maquinaria, explosivos, armas y municiones. Esta corporación china ya ha hecho varias ventas al gobierno de Venezuela.

De acuerdo con el portal Infodefensa.com, especializado en información de defensa, seguridad, aeroespacial; en 2012, la Armada venezolana adquirió material para el reequipamiento de la Infantería de Marina como vehículos blindados anfibios para transportar tropas.

En enero de 2016 una comisión de la Infantería de Marina visitó a Norinco, en Beijing, para inspeccionar los sistemas de armas que adquirió en 2012 por $500 millones.

En 2017, Norinco vendió equipos antimotines y antiterrorista (tanquetas) al gobierno de Venezuela. Este año fue convulso en el país debido a las protestas antigubernamentales.

Como se ve, en el Sapi se sigue violando el derecho a la propiedad intelectual. Engavetadas siguen decenas de solicitudes de distinta índole, incluyendo aquellas que tienen que ver con alimentos y medicinas tan necesarios para el país en este momento.

Nueva ley en puertas

Ana Hernández, abogado especialista en propiedad intelectual, destacó que otra novedad tiene que ver con la redacción de un proyecto de ley de propiedad intelectual.

El director general del Sapi, Alberto Rey Martínez, anunció en noviembre del año pasado que el texto sería presentado ante la Constituyente y que contiene normas relativas a la propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos.

De acuerdo con el portal del Sapi (sapi.gob.ve), el director declaró que las consultas públicas tuvieron una duración de dos semanas y contaron con la asesoría de la oficina cubana de Propiedad intelectual y la OMPI. “Este esfuerzo se realiza ante la necesidad de actualizar las normas legales sobre las ramas de la propiedad intelectual, es decir, propiedad industrial (marcas y patentes) y derecho de autor, ambas leyes especiales son preconstitucionales, la Ley de Propiedad Industrial data de 1955, y la Ley Sobre Derecho de Autor es de 1993”.

Martínez agregó: “Es por ello que el presente anteproyecto de ley tiene como objetivo principal desarrollar el Sistema de la Propiedad Intelectual, que integre propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos, en concordancia con la Carta Magna, los tratados internacionales suscritos por la República, entre los cuales podemos destacar el más reciente sobre la materia, el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, que entrará en vigor en enero de 2020”.

Esta situación plantea dos interrogantes a la luz de los últimos acontecimientos: ¿Qué pasará con el proyecto redactado en la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó? Y si ahora, visto que hay un Parlamento controlado por una facción de disidentes de la oposición apoyada por el oficialismo, ¿será entregado a esta nueva Asamblea?

Reconocen derechos a extranjeros

En el balance de la gestión del Sapi en 2019, la experta recordó que en febrero del año pasado se anunció que los titulares extranjeros de personas naturales y jurídicas pudieran pagar las tasas correspondientes a sus derechos de marcas y patentes. Los pagos tenían suspendidos un año.

Trascendió de fuentes del Sapi que en tres meses recaudaron lo acumulado de un año.

De igual forma, se establecieron nuevos servicios como el pago por el uso del servicio web para todo aquel que esté interesado en presentar una solicitud de marca o patente; emisión de certificado electrónico digital; habilitación de servicio; así como el anuncio de un servicio de arbitraje y conciliación. Sin embargo, a la fecha no se conoce ningún acto que se haya publicado en el boletín que emite el Sapi donde aparezca reflejada la implementación de alguno de ellos.

Otro avance fue la incorporación de Venezuela al tratado de Marrakech, que es un acuerdo multilateral de la OMPI que facilita a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades o condiciones el acceso a obras inmersas en el área de derecho de autor.

Hernández destacó que hay normas de carácter multilateral suscritas por Venezuela y que parecen no ser aplicadas, como es el caso del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. “Una ley rica en contenido para la protección de la Propiedad Intelectual”.

Falta por hacer

Hernández destacó que si bien el Sapi en 2019 no dejó de emitir boletines y procesar solicitudes, ha sido un año cuesta arriba en cuanto a la atención a los usuarios se refiere.

“Ha habido un gran hermetismo a la hora de solventar alguna situación propia del día a día, por ejemplo, el Archivo se mantiene cerrado al público hace más de seis meses. No hay manera de consultar un expediente, ni tampoco acceso a la asesoría jurídica de los abogados del ente público”.

La experta considera que el desempeño del Sapi en 2020 podría ser mucho mejor. “Si las autoridades se proponen resolver las causas pendientes, aminorarían el retardo procesal que existe, el cual se traduce en una oportunidad que pierde el consumidor de tener un nuevo producto/servicio en el mercado y allí es que debería focalizarse el registro”.

Puntualizó que más allá del otorgamiento de marcas, patentes y derecho de autor que no generan conflicto durante el procedimiento, están las garantías constitucionales que consagran el libre mercado, el derecho de propiedad, a la salud y a disponer de bienes y servicios de calidad. “En todos ellos, juega un papel fundamental la propiedad intelectual”.

Hernández manifestó respecto al proyecto de ley del Sapi que se desconoce su contenido. Se conocen hasta ahora las declaraciones aparecidas en su sitio web y otros. Por el contrario, el de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional fue redactado con el concurso de especialistas en la materia.

Castor González, también especialista en propiedad intelectual, manifestó que en efecto las autoridades del Sapi aplicaron en 2019 algunas medidas que han hecho al menos posible avanzar en la operatividad en los trámites relacionados con la propiedad industrial.

Subrayó que “cesó la locura” de que las tasas aplicables a los titulares extranjeros fueran exorbitantes. Explicó que la solución al problema no vino del Sapi sino por la vía de los hechos al quedar sin efecto la triple banda de tipos de cambio del dólar que existían en el país.

Sin embargo, el abogado advierte que las medidas discriminatorias contra los titulares extranjeros persisten con la Ley de Timbre Fiscal.

“Eso aún existe porque es una previsión de naturaleza discriminatoria y que atenta con los tratados suscritos por la República en materia de no discriminación y trato nacional. Eso no ha cesado sino que se impuso una realidad porque se sinceró el tipo de cambio oficial al día de hoy”.

Desde el punto de vista de González, la solución que encontró el Sapi para conseguir ingresos fue subir de manera exorbitante el costo de los servicios, que para la industria nacional, lamentablemente, es pesado pero para los titulares extranjeros entra en un rango de normalidad.

“El punto es que ha operado en la práctica una solución que hace viable la fluidez de los servicios aplicados por el Sapi, pero la ilegalidad, inconstitucionalidad, el irrespeto al flagrante de la ley y esa conducta absurda y reprochable por parte de algunos órganos de la administración de legislar de manera caprichosa persiste en el Sapi”.

González cifra sus esperanzas de una mejor gestión de este servicio con la sanción del proyecto de ley de propiedad industrial que se discute en la Asamblea Nacional, bajo el mandato de Juan Guaidó.

“Espero que llegue a feliz término. Es nuestra apuesta y deseo el cese de tales ilegalidades, de tales atropellos al Estado de Derecho, independientemente de que en la práctica las cosas más o menos parezcan funcionar algo”.


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