Médicos investigan vínculo entre la contaminación y los daños neurológicos. La Comisión de Ambiente recibió el resultado de 6 años de investigación sobre habitantes afectados que viven cerca de las refinerías de Amuay y Punta Cardón.

Caracas. La contaminación y la prevalencia de metales tóxicos en el organismo de niños diagnosticados con autismo es un tema de estudio en varios países. En Venezuela, médicos toxicólogos e inmunólogos hacen las pruebas para descartar que haya efectos contaminantes en sus pacientes.

Desde hace 6 años el Servicio de Toxicología del Grupo Médico de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Comunidad Cardón, en el estado Falcón, detectó que hay 56 niños con daños neurológicos que dieron positivo al despistaje de metales tóxicos en el organismo, los cuales son marcadores de la actividad petrolera. Todos viven entre los 9 kilómetros que separan las refinerías de Amuay y Punta Cordón.

En estos momentos la Asamblea Nacional está sometiendo a consulta pública el proyecto de “Ley de atención integral y protección para las personas con  trastorno del espectro autista y condiciones similares“.

El toxicólogo César Rengifo, investigador de los casos en el estado Falcón, explicó que el despistaje de la presencia de metales se hace con un examen de las hebras del cabello, a través de la técnica espectrofotometría de masa acoplado a plasma inductiva, para determinar las concentraciones de metales y minerales que se encuentran en el cabello y que inciden en cambios metabólicos de estas personas. El costo del examen es de 80 dólares porque las muestras se evalúan en Estados Unidos.

Este proyecto de ley propone que se debe crear un “Instituto Nacional para la Atención Integral, Diagnóstico e Investigación” de este tema que obligaría a hacer esos exámenes en el país e investigar en todo el territorio el vínculo entre factores contaminantes y el autismo.

La investigación de Rengifo también se consignó en la Comisión de Ambiente como aval de los problemas que causa la contaminación en esta población.  El denominador común en la investigación fue el hallazgo de metales tóxicos, desbalances nutricionales y patologías neurológicas en pacientes ya diagnosticados . De los 56 niños afectados,  64 % está contaminado con metales tóxicos: 45 % con aluminio, 18 % con cadmio y mercurio y 13 % con plomo. Cinco pacientes tenían presencia de dos o más metales tóxicos en el organismo; 76 % tenía pérdida de minerales nutricionales siendo los más importantes hierro (54 %), zinc (27 %), calcio (22 %), y sodio y potasio (21 %). Adicionalmente, 40 % tenía niveles elevados de los oligoelementos vanadio.

Las consecuencias en adultos de la contaminación producto de las refinerías son trastornos del sueño, cambios emocionales, problemas de descalcificación. En los niños, autismo, trastornos del aprendizaje tanto en lenguaje como lectoescritura, hiperactividad y trastornos de conducta.

El proyecto de ley también obligaría al Instituto Nacional de Estadística (INE) a incluir esta población en su registro con categorizaciones por estrato social, género y edad. Aunque no hay registros, los especialistas que trabajan en el caso de Falcón cruzaron la data de daños que reportó el INE en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011 y comparó la discapacidad neurológica de los municipios Carirubana ­donde se encuentra la Refinería Punta Cardón y Miranda. Tienen una población de 264.000 y 229.000 habitantes. El primero presentó 1.736 casos en comparación con 675 del segundo.

También se constata entre los municipios Los Taques —donde está la Refinería de Amuay— y Colina que, si bien ambos presentan una densidad poblacional similar, el primero tiene una incidencia 25 % mayor comparado con el segundo en estaño y estroncio, los cuales son marcadores ambientales de contaminación por actividad de refinación petrolera.

Lo que establece la norma

El proyecto de ley pretende proteger a las personas de Trastorno del Espectro Autista y condiciones similares como déficit de atención sin hiperactividad y con hiperactividad, especificado o no; además de trastornos de la comunicación y del aprendizaje. Su aprobación obligaría a crear escuelas pilotos en cada municipio y a asignar una partidad presupuestaria para esta población, la misma tendría una función similar a la del Seguro Social.

Los actos de discriminación por parte de una persona natural serán penadas con multas entre 10 y 100 UT. Las personas jurídicas podrían ser multadas por montos entre 100 y 1.000 UT. Asimismo, las sanciones pueden ser convertidas en servicio comunitario a favor de derechos humanos con un tiempo que se deberá prolongar entre 200 y 600 horas.

En dos años las alcaldías y gobernaciones deben adecuar sus ordenanzas de contaminación sónica a esta población, promover protocolos de seguridad y la creación de proveedurías de alimentos y medicamentos para abastecer a las familias adscritas al instituto una vez instaurado.

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