Venezuela nunca hizo el pago por 1.425.600 dosis de AstraZeneca y no fue incluida dentro de los países que recibirán dosis hasta mayo a través de Covax. Además, la negociación entre el gobierno de Maduro, la AN y la OPS concluyó en que Venezuela no le dará permiso a esta vacuna para ser utilizada en el proceso de inmunización en el país por las “complicaciones que se han presentado en algunos pacientes”, según argumentó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Caracas. Ocho meses han pasado desde que dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional (AN) liderada por Juan Guaidó firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atender la emergencia de la COVID-19 en el país. Un paso que llamó la atención de todos los venezolanos, debido a que implicaba un diálogo político.
La OPS detalló en su informe anual de 2020, difundido en febrero de 2021, que la organización logró “ampliar la cooperación técnica para apoyar la elaboración y la ejecución de un plan de preparación y control de la COVID-19, con un aumento de la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de capacidad en materia de laboratorios, la aplicación de estrategias de comunicación de riesgos y mejora en el manejo clínico de casos positivos”.
La primera línea de acción que trazaron en el acuerdo correspondía a la detección de casos activos mediante el diagnóstico de laboratorio y, en especial, el equipo asesor de la Asamblea Nacional, advirtieron sobre la necesidad de aumentar la capacidad de pruebas PCR-RT que se aplican diariamente y descentralizar los laboratorios.
“Expertos regionales de la OPS brindaron entrenamiento directo al personal del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr) que cuenta con kits de diagnóstico desde febrero de 2020”, escribió la OPS en su informe. Agregaron que, en septiembre, se pudo inaugurar el Laboratorio Regional de Salud Pública Dr. Félix Pifano, en el estado Yaracuy, para el diagnóstico de la COVID-19, con una capacidad instalada para procesar cerca de 1000 muestras diarias.
Con esta incorporación y la del Laboratorio del Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, en Miranda, en la misma fecha, se elevó a cinco el número de centros habilitados para procesar muestras en el país, junto al Instituto de Higiene, su unidad móvil en el estado Táchira y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
A pesar de esto, la Federación de Colegios de Bioanalistas siguió insistiendo en que no terminaba de darse la descentralización de las pruebas PCR. En su momento, aseguraron que cuatro laboratorios de la Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo y de la Universidad de los Andes tienen la infraestructura y talento humano para trabajar. Aunque tuvieron conversaciones con las autoridades, nunca consiguieron que los habilitaran.
Datos de la OCHA (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) estimaron que en agosto entre 5 % y 6 % de las pruebas aplicadas en el país eran PCR, es decir, unas 90.685. Para enero de 2021, se estaban tomando 17 pruebas por cada 1000 habitantes, según la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales. Esto es un número poco favorable si se toma en cuenta que, en países como Chile, se hacen 472 test por 1000 habitantes.
Otro tema que dio de qué hablar fue la adquisición de pruebas de antígeno. En octubre llegaron al país 340.000 pruebas para el diagnóstico de COVID-19 por detección de antígenos y 35 equipos lectores que iban a instalar dentro de los mismos centros de salud. Dos meses después de eso, en diciembre, la misma OPS denunció que había “fallas en la distribución de equipos y capacitación del personal” y solo habían realizado 1600 test de este tipo, lo que representa menos del 3 % del total de pruebas.
El Instituto de Higiene distribuyó el equipo, los lectores y las pruebas a los hospitales y laboratorios a nivel de los estados. Reportaron que tuvieron desafíos con respecto a la disponibilidad de combustible, electricidad, agua y también dificultades para capacitar al personal de las áreas”, dijo en ese momento Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.
Esta organización precisó en su informe anual que, gracias al acuerdo, se reorganizó la red del sistema de salud para atender a los pacientes con COVID-19 presunta y confirmada, y se alistaron unas 11.000 camas en hospitales públicos, 4003 camas para pacientes aislados en los centros de diagnóstico integral, 4759 camas para pacientes hospitalizados en centros de salud privados y 4000 camas en hoteles.
El 21 de agosto de este año, la OPS anunció el inicio de la implementación de fondos de Venezuela provenientes de cuentas del Banco Central de Venezuela en el Banco de España (2,5 millones de dólares) y en la Reserva Federal de Estados Unidos (10 millones de dólares) para la compra de medicamentos esenciales, equipos de protección personal y material quirúrgico.
Protección del personal de salud
El sector salud ha vivido una fuerte emergencia humanitaria compleja desde el año 2015 y la ayuda humanitaria no ha resuelto por sí misma esta situación.
Médicos Unidos por Venezuela (MUV) ha reportado desde el 16 de junio de 2020 hasta el 18 de febrero de 2021 la muerte de 342 trabajadores de la salud en el país. El estado que ha tenido mayor número de decesos es Zulia, con 80 muertes. En el caso de la dotación de equipos de protección, organizaciones como Monitor Salud se mantuvo denunciando durante el año pasado que los médicos y enfermeras reutilizaban sus tapabocas y los hospitales estaban sin agua, cloro y jabón.
La OPS sostuvo que gracias al acuerdo lograron distribuir en diciembre más de 82 toneladas de equipos de protección para el personal de salud que se encuentra en la primera línea de acción ante la pandemia por la COVID-19 en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.
La entrega incluyó medicamentos, insumos y material médico-quirúrgico”, afirmó la OPS en el documento.
La vacunas que no se consiguieron
Pese a que muchos médicos y enfermeras han podido vacunarse con los lotes de Sputnik V que llegaron al país, estas son insuficientes para cubrir todo el personal sanitario. Estaba en manos de la Mesa Nacional para Covax –conformada por actores políticos, técnicos y académicos del país– que Venezuela pudiera acceder a 1.425.600 vacunas de AstraZeneca para la primera fase de entregas por este mecanismo una vez que se hiciera el pago.
El mandatario Nicolás Maduro sostuvo que su administración negoció con la OPS la liberación de 300 millones de dólares del oro venezolano en Inglaterra, con el fin de comprar aproximadamente 15 millones de vacunas. En paralelo, el asesor médico de la Asamblea Nacional electa en 2015, doctor Julio Castro, aseguró en una entrevista para Circuito Éxitos que abril o mayo eran meses tentativos para que llegaran las vacunas e hizo énfasis en que la espera se debía a que tenían que liberar fondos internacionales.
Venezuela nunca hizo el pago y no fue incluida dentro de los países que recibirán dosis hasta mayo a través de Covax. Además, la negociación concluyó en que Venezuela no le dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de vacunación en el país por las “complicaciones que se han presentado en algunos pacientes”, según argumentó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
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