Madres pelean en tribunales para que se hagan audiencias de sus hijos detenidos (y II)

tribunales

Familiares de presos en el Cicpc de El Rosal, donde inició el Plan de Descongestión de calabozos hace un mes, contaron que deben perseguir a los defensores públicos y presionar para que puedan agilizar los casos, pues de lo contrario seguirán difiriendo las audiencias. 

Caracas. Eugenia —nombre ficticio por seguridad— llegó en moto a llevarle la comida a su hijo, detenido en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Entró y salió rápido, acostumbrada ya a la rutina que realiza desde hace un año y 15 días entre el centro de detención y los tribunales.

Es una mujer aguerrida. Se nota en su fuerza al hablar de todo lo que ha hecho para que avance el caso de su hijo. Esperó seis meses para que pudieran realizar la audiencia preliminar, después de seis diferimientos, fue a pelear en tribunales. 

Siempre me decían que se había perdido la boleta, se hizo la preliminar porque yo me planté en tribunales y peleé. El 26 de septiembre la boleta no llegó, la pasaron al 8 de octubre y tampoco llegó, decían que la habían enviado a otra parte que nunca se sabía. Por eso yo misma la busqué en los tribunales, cansada del peloteo, contó exaltada, con el casco en la mano, mientras su esposo regresaba a buscarla.

El 15 de octubre el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció un Plan de Descongestión para los calabozos. El fiscal —designado por la Asamblea Nacional Constituyente— Tarek William Saab tomó las riendas del proceso que comenzó en los calabozos del Cicpc de El Rosal, donde hay 143 detenidos, según conoció extraoficialmente Crónica.Uno.

Madres tuvieron que renunciar a sus trabajos para dedicarse a la situación de sus hijos presos. Foto: Tairy Gamboa

De acuerdo con información de la ONG Una Ventana a la Libertad, esta sede funciona como un centro de operaciones para evaluar los casos de los detenidos en otras comisarías de la policía científica. Este es el centro de detención preventiva que tiene más causas a evaluar (13)

En los calabozos de Antímano se estudia el proceso de cinco detenidos, en El Valle de tres, en Quinta Crespo, El Hatillo y Santa Mónica de dos. La subdelegación del Eje Oeste pidió la evaluación de tres detenidos, en El Paraíso de cuatro y en la policía científica de la avenida Urdaneta de cinco presos, así como el traslado de ocho

Lee también
El ocio: gran enemigo de los calabozos en el país

Después de todo el esfuerzo de Eugenia ya su hijo espera juicio en enero de 2020. No tiene dinero para pagar un defensor privado, que según ella ya ofrece sus honorarios en dólares, y debe aguantar toda “la roncha” del poder judicial. Renunció a su trabajo para poder dedicarse a llevarle comida a su hijo y estar pendiente de su caso.

Uno en los tribunales pasa mucha roncha, se vive mucha desidia. Ahí no eres nadie, por eso uno pierde la paciencia y pelea porque si no mi hijo va a ser como otros que tienen hasta cinco años esperando

La segunda causa del retardo procesal penal, de acuerdo con una investigación de la ONG, es el alto índice de diferimiento de audiencias. La primera es la falta de infraestructura y la tercera la corrupción policial y judicial.

Lee también
Hasta 500 dólares les han pedido a familiares para agilizar casos de detenidos (I)
Cansadas del peloteo de defensores

Mildred —nombre ficticio por medidas de seguridad— acomoda todos los envases de comida vacíos que llevó a su hijo preso. Sentada en la acera, cerca de la puerta de los calabozos del Cicpc (El Rosal), prepara todo lo que lleva encima para agarrar transporte público

Esta es su rutina desde que tiene a su hijo, de 22 años, detenido. En un año y cuatro meses se ha ausentado cuando no tiene comida que llevarle o cuando debe ir a los tribunales para preguntar cómo va el caso. Es su única forma de presionar.

Familiares acuden a diario a llevarles alimentos y agua. También ropa limpia y agua para el aseo. Foto: Tairy Gamboa

En todo este tiempo han diferido 12 veces la audiencia preliminar. La última fue el 11 de noviembre porque no llegó la boleta. En la mayoría de esas ocasiones desconoce los motivos, el abogado público tampoco tiene mayor comunicación con ella. 

Siempre hay una excusa para que no lo suban a la audiencia. Queremos cambiar a defensor privado porque mi hijo dice que no se mueve, siempre en tribunales es un peloteo, todo es muy lento. Nosotras tenemos la cabeza en todas partes, en conseguir comida, en que ellos están presos, y en perseguir a los defensores, dijo. 

Otras madres dijeron que las distintas excusas para diferir audiencias son: no fue el fiscal, no fue el juez, el fiscal está de reposo o vacaciones. No acudió el testigo, no hay acusante y no fue trasladado el detenido. 

Lee también
Detenidos en calabozos no irán a cárceles hasta que no estén en juicio

El 1° de noviembre Tarek William Saab informó que entre el miércoles 30 y jueves 31 de octubre se realizaron 123 audiencias, en las que se dictaron 118 privativas de libertad y en 65 casos admitieron los hechos. 53 causas pasaron a juicio y se otorgaron 52 medidas cautelares. En total 83 ciudadanos quedaron en libertad. 

A través de Una Ventana a la Libertad se conoció que en cuatro calabozos de la Policía Nacional Bolivariana de Caracas 117 detenidos quedaron en libertad, luego de un mes de la puesta en marcha del plan.

Responsabilidad no asumida

Desde hace más de tres años, los defensores de los derechos humanos de los presos han denunciado que los centros de detención preventiva no están aptos para albergar a tantas personas por más de las 72 horas de ley.

En 2016 la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, declaró que aceptaría en cárceles a privados en calabozos una vez que cumplieran con todos los requisitos. Como mínimo corresponde tener una audiencia preliminar y estar plenamente identificados.

Esto es parte del debido proceso para que pueda ser juzgado y determinarse su situación penal, dijo en rueda de prensa el 7 de noviembre.

Extraoficialmente se conoció que en el Cicpc de El Rosal hay 143 detenidos. Foto: Tairy Gamboa

Y en julio de 2018 reiteró en una entrevista a Una Ventana a la Libertad que la Constitución deja claro que la responsabilidad es de alcaldías y gobernadores

También aseguró que el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, a través del Ministerio Público, han permitido que no se respeten los derechos humanos de los privados de libertad, incumpliendo la ley: el artículo 44 de la Constitución indica que una persona tiene derecho a ser juzgada en libertad a menos de que sea sorprendida en flagrancia, pero se viola ese derecho.

Lee también
Escasez de alimentos golpea por partida doble a familiares de presos en calabozos

Yo les digo a los jefes de policías que se les asignó el cupo, pero que, si en siete días no lo asumen, lo pierden, ¿por qué no los hacen efectivos?, porque hay mafias que les cobran al privado y es un negocio para ellos tenerlos allí, expresó la ministra.

Desde 2015 se han otorgado 48.000 cupos a detenidos en calabozos y en 2018 aproximadamente 20.000, según dijo Varela a la ONG. 


Participa en la conversación