Provea expresó que, si al término de un año no hay resultados positivos en materia de derechos humanos, la situación puede acarrear medidas superiores para investigar y sancionar. Entre esos, establecer una Comisión de Investigación y que sirve para elevar los casos a la Corte Penal Internacional.
Caracas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su sesión 42 aprobó una resolución para establecer un mecanismo internacional independiente de determinación de los hechos sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta resolución contó con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explicó que este mecanismo de verificación de los hechos no tiene componente penal ni determinará responsables por las violaciones de derechos humanos: “Lo que se aprobó supone que va investigar y profundizar en lo que sucedió, determinar víctimas y patrones”.
Para ello, una misión de Naciones Unidas será enviada al país, sus miembros serán elegidos por el presidente del Consejo de Derechos Humanos y tendrán un periodo de un año. Por lo que solicitan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a la misión en todo el país.
El equipo investigará ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos o degradantes cometidos desde 2014: “Con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”, se lee en la resolución.
Una de las razones por las cuales el Consejo de Derechos Humanos no aprobó una Comisión de Investigación —mecanismo más completo de documentación, que determina quiénes son los responsables y que sirve para una instancia como la Corte Penal—, dice Uzcátegui, es porque algunos países europeos consideran insuficiente el tiempo para evaluar el plan de trabajo acordado por el gobierno de Nicolás Maduro con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita en junio al país.
Significa un aumento de la presión internacional, un mecanismo de obligación de cumplimiento, que si no se cumple en un plazo de un año puede acarrear medidas superiores para investigar y sancionar”, expresó Uzcátegui. Una de esas medidas sería establecer la Comisión de Investigación.
Agrega que el plan de trabajo de la misión de Naciones Unidas debe definirse en los próximos 30 días con detalles. La misión presentará un informe con sus conclusiones en el 45 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
“Nosotros sabemos que en Venezuela no hay voluntad política y que el Consejo de Derechos Humanos debe aprobar medidas adicionales”, dijo Uzcátegui. En 2018 el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió iniciar un examen preliminar de la situación de Venezuela para analizar los “presuntos” crímenes cometidos en abril de 2017.
Para Uzcátegui el mecanismo adoptado por el Consejo es positivo porque puede inhibir al Gobierno de Maduro de realizar operativos de seguridad que constituyen delitos. Naciones Unidas reconoce que 6000 personas han muerto en operaciones de las fuerzas de seguridad y que muchas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
La resolución del Consejo condena las violaciones de derechos humanos e instan al gobierno de Nicolás Maduro a “liberar de inmediato a todos los presos políticos y otros arbitrariamente privados de su libertad”. Pone énfasis en 27 personas señaladas como casos prioritarios por Bachelet.
La alta comisionada ha presentado dos informes sobre Venezuela ante diferentes Consejos en marzo y julio. Estos fueron acogidos por el Consejo y se le ordenó a Maduro a que “siga de inmediato las recomendaciones y que cumpla con los compromisos”. Estos documentos estuvieron presididos por otros dos trabajos realizados en 2018 y 2017.
Foto: Human Rights Council
