En su visita, que calificó como “corta pero crucial”, abogó por los privados de libertad e hizo un llamado a “las autoridades a liberar a todas las personas” detenidas por ejercer sus derechos civiles y políticos.
Caracas. Luego de poco más de 50 horas en Caracas, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se despidió de Venezuela preocupada por lo que sucede en el país. “Me duele Venezuela”, dijo.
Bachelet salió de Caracas con nuevos datos para incluir en el informe escrito sobre Venezuela que presentará el 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos del 41 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se inicia el 24 de junio.
“Nuestro informe (…) contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos (…), además de recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar”, explicó Bachelet.
Este documento será el tercer informe que el Alto Comisionado de Derechos Humanos hace sobre Venezuela. Los anteriores son de 2018 y 2017.
En su visita, que calificó como “corta pero crucial”, abogó por los privados de libertad e hizo un llamado a “las autoridades a liberar a todas las personas” detenidas por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Celebró la liberación del diputado Gilber Caro.
Bachelet, previo a su visita, solicitó al gobierno de Nicolás Maduro varios compromisos. Ya en Caracas pudo concretar que dos oficiales de su oficina se queden en Caracas “con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica”, además, de continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.
Este equipo, según expresó Bachelet, tendrá “acceso pleno” a los centros de detención para revisar las condiciones y hablar con los detenidos.
En su declaración a la prensa, dijo que conoció testimonios de víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Mencionó el caso de un hombre que le allanaron sus casas y fue “torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES”.
“Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”, dijo Bachelet.
Destacó que todas las voces les transmitieron “cómo la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales”.
Calificó como “extremadamente crítica” la situación sanitaria, la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de los profesionales de salud, el deterioro de la calidad del agua y del saneamiento, y los apagones eléctricos.
“He hecho un llamado al Gobierno para que proporcione los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socioeconómicos que permitan evaluar la situación y apoyar de forma adecuada”, destacó.
Bachelet hizo un último llamado a los líderes políticos para que participen en el diálogo facilitado por Noruega.
La alta comisionada vino al país a constatar durante tres días la violación de derechos humanos. Bachelet fue invitada por Nicolás Maduro en noviembre de 2018 tras el exhorto que hizo meses antes la Asamblea General de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos al Gobierno de Venezuela. Sin embargo, el permiso no se había conseguido hasta ahora, pese a las repetidas solicitudes de la oficina desde años atrás.
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