Heredina Alfonzo, madre de Alonso José Mora Alfonzo —prisionero político desde el 15 de abril del 2018 solo por ser amigo de Óscar Pérez— denunció las torturas físicas y psicológicas a las que ha sido sometido su hijo, entre ellas, mostrarle el video en el que decapitan a su perro, un golden retriever de 4 años llamado Bambam. Amenazaron con que eso también le ocurriría a sus amigos y a su familia.
Maracay. A un año y ocho meses de su arbitraria detención en Los Teques por parte de un grupo comando de las Faes, Sebin, Dgcim, Alonso José Mora Alfonso, de 34 años de edad, aún sigue tras las rejas. Es señalado de pertenecer a una célula terrorista y está imputado por los delitos de rebelión y sustracción de efectos. Su madre, Heredina Alfonso, asegura: “Mi hijo fue secuestrado por este gobierno desde hace más de un año”.
Alfonso reclama su libertad y defiende su inocencia. Además, denuncia las torturas físicas y psicológicas a las que ha estado sometido, desde el mismo momento en que fue detenido el 15 de abril de 2018 y llevado, primero a la sede de la Dgcim, luego a la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira y posteriormente, a Ramo Verde, en donde permanece desde septiembre de 2018.
Descargas eléctricas, golpes con fusiles, orina y excrementos encima. Dislocación de hombros y tobillos, fracturas y la grabación de la decapitación de su perro Bambam, que le fue mostrada como amenaza de que algo similar le podía ocurrir a su familia y a sus amigos”, cuenta su madre.
Alfonso Mora es chef y paramédico. Su único “delito” fue su amistad con Óscar Pérez, piloto, paracaidista y operador táctico de la Brigada de Acciones Especiales (Baes) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien en junio de 2017 sobrevoló con un helicóptero de la policía el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior en Caracas y lanzó granadas de aturdimiento sobre estas estructuras. También divulgó un video rodeado de hombres encapuchados y armados, para informar su compromiso de derrocar la “tiranía” del gobierno socialista de Venezuela.
El 15 de enero de 2018, en el Junquito, Pérez junto con un grupo de sublevados, fue asesinado con armas de alto calibre y de guerra a pesar de haber manifestado su rendición, durante una operativo que el gobierno de Maduro ha llamado Operación Gedeón. Para la oposición venezolana, el piloto del Cicpc fue ejecutado extrajudicialmente, mientras que para el oficialismo, Pérez era un “terrorista”.
Desde entonces, se inició una persecución contra quienes tenían o se sospechaba algún vínculo con él. Entre sus allegados y amigos, se cuenta Alonso José Mora Alfonzo, un joven casado, padre de dos niños, quien compartía con Pérez labores dentro de una fundación llamada GV33 Moral y Luces, desde la que se realizaban donaciones de medicamentos a niños con enfermedades oncológicas, alimentos y material educativo para escuelas.
Durante la detención de Mora Alfonzo, Erick Suárez, otro joven de 20 años de edad, con autismo, también fue sometido a torturas. A Ambos les exigían informar sobre el paradero de las armas y explosivos, y se les trasladó a la sede de la Dgcim. Allí comenzó la pesadilla para la madre y la familia de Mora Alfonzo.
“Durante 3 meses —explica Heredina Alfonzo— no supe nada de él y en ese tiempo, fue torturado. Lo asfixiaban, le dieron golpes muy fuertes en las costillas y en la zona hepática. Las uñas de la mano izquierda se las levantaron con la punta de una tijera. Le aplicaron descargas eléctricas“.
Fue el 21 de abril cuando fue presentado en el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del Capitán de la GNB, Mickel Amezquita Pion, quien le imputa cinco delitos: rebelión militar, instigación a la rebelión, traición a la patria, sustracción de efectos y ultraje a la FANB.
Finalmente, le redujeron a dos los delitos: rebelión y sustracción de efectos, y fue trasladado hasta la cárcel de Santa Ana en Táchira, en donde su madre asegura también fue torturado. Y aunque ella solicitó exámenes forenses, le aseveraron que su hijo había sido trasladado al hospital militar de San Cristóbal luego de que orinara sangre. El Ministerio Público nunca rechazó estas torturas.
Mora Alfonzo fue llevado posteriormente a la cárcel de Ramo Verde.
“Allí mi hijo sigue secuestrado, su único delito es pedir por la libertad de Venezuela”, cuenta llorosa su madre, quien sostiene que su Alonso sigue siendo sometido a torturas y sin recibir ningún tipo de atención médica.
Para Heredina Alfonzo, vencer el miedo para denunciar las torturas no ha sido fácil, pero su amor de madre se impone.
“Más difícil es ver cada día las cicatrices físicas y emocionales que lleva mi hijo. Hoy no sabemos de su estado de salud”, afirmó.
Participa en la conversación