Un informe de transparencia de la empresa de telecomunicaciones española expone que en 2021 Telefónica interceptó las comunicaciones de 1.584.547 líneas de sus clientes en Venezuela, lo que representa más del 20 % de las líneas de teléfono o internet. Entre 2017 y 2021 las solicitudes para “pinchar” líneas aumentó 266 %.
Caracas. En los últimos cuatro años las solicitudes de interceptación de líneas de clientes de Movistar en Venezuela han aumentado de forma masiva y sostenida. Un informe de transparencia de la española Telefónica, matriz de Movistar, revela que la interceptación a usuarios aumentó 266 % entre 2017 y 2021.
Movistar “pincha” al 20 % de sus usuarios en Venezuela a través de líneas de teléfono o internet por órdenes de órganos de investigación, policiales, militares, inteligencia y hasta la universidad de seguridad UNES. En otros países este indicador ni siquiera se acerca al 1 %.
El documento expone que en 2021 Telefónica interceptó las comunicaciones de 1.584.547 líneas de sus clientes en Venezuela, lo que representa más del 20 % de las líneas de teléfono o internet.
Las intervenciones se habrían hecho por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro y significaron interceptar o “pinchar’’ las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de internet.
Ve Sin Filtro, un programa que vela y monitorea las situación de los derechos digitales, señala que se ha hablado por años de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles.
Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves, su uso debe ser acorde a los estándares de DD. HH. y el inmenso número de líneas interceptadas apunta a un abuso sistemático”, advierten.
La organización Ve Sin Filtro publicó un estudio elaborado enero y diciembre de 2021 que registra el bloqueo de 59 sitios web, que corresponden a unos 68 dominios bloqueados. La mayoría (66 %) corresponde a medios de comunicación.
En 2021 los ingresos de Telefónica en Venezuela ascienden a 82 millones de euros y el OIBDA suma 40 millones de euros.
Precisamente, este lunes organizaciones no gubernamentales venezolanos como Espacio Público, Un Mundo Sin Mordaza y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB denunciaron ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el avance de la censura en el ciberespacio venezolano.
En los últimos meses más medios digitales, entre ellos Crónica.Uno y Efecto Cocuyo, se suman a la lista de portales bloqueados por operadoras privadas de la que forman parte El Pitazo, Correo del Caroní, entre otros.
Intercepciones que violan los estándares internacionales de justicia
Marysabel Rodríguez, investigadora del centro de DDHH de la UCAB y coordinadora del Observatorio Social de la ONG Espacio Público, criticó la práctica de intercepciones que reveló Telefónica y afirmó que es algo que no se ajusta a los estándares internacionales en esta materia y tampoco a lo que se observa en la región.
En el caso venezolano vemos que son cuerpos de seguridad los que pueden hacer las solicitudes, algo que dista mucho de lo que pasa en otros países vinculados a este tipo de prácticas. Un policía sin orden judicial ir a Movistar a solicitar este tipo de intercepciones“, cuestionó.
En esa línea comparó con lo que ocurre en otros países del mundo en los que para poder llevar a cabo la intercepción de las comunicación y los datos electrónicos de una persona es necesario contar con una orden judicial.
“El asunto de un juez debería privar en estas situaciones independientemente de quién lo solicite. De hecho los estándares en los demás países es que se exija una orden judicial para poder intervenir. En el caso de Venezuela apenas se asoma la orden judicial cuando es el Sebin el que solicita. Pero están por lo menos tres o cuatro cuerpos policiales que no han ameritado ningún tipo de orden”, dijo.
Los otros cuerpos que mencionó Rodríguez son el Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Ministerio Público (MP), y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), un ente administrativo.
A juicio de la experta en materia de DDHH, la práctica llevada a cabo por Movistar representa una “violación a la privacidad de las comunicaciones”. Añadió que la privacidad es considerado un derecho humano y por ende, su violación “es algo inconstitucional”.
Diputado de AD judicializada presentará la denuncia ante la AN 2020-2025
José Luis Taly, diputado electo en 2020 por el partido Acción Democrática (ala de Bernabé Gutiérrez) e integrante de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional 2021-2025 se mostró alarmado por la revelación de Telefónica.
En conversación telefónica con Crónica.Uno, Taly admitió que sin haber leído el informe completo publicado por VESinFiltro que reseña el informe de transparencia de Telefónica, la empresa española casa matriz de Movistar, se trata de una situación que amerita una investigación.
Dijo que en la próxima reunión de la Comisión de Medios presentará el informe:
Es alarmante. Se supone que las redes digitales y todo este tipo de medios que usan los venezolanos para comunicarse deberían de ser privados y seguros. Como único miembro de oposición en la Comisión de Medios y de la Subcomisión de Comunicaciones, el miércoles próximo, presentaré este informe, tras estudiarlo, para hacer la denuncia pública y que los entes del Estado inicien una averiguación”.
Consultado sobre si solicitaría una investigación de la propia Asamblea Nacional, respondió: La Asamblea Nacional como poder autónomo debería abrir una investigación, los tribunales, la fiscalía, todos los entes competentes, para aclarar este hecho”.
Con respecto a Movistar, que es la operadora que ejecutó más de 1,8 millones de interceptaciones telefónicas a sus clientes en Venezuela, Taly dijo que “se ser cierto lo que está publicando Telefónica, debería interpelarse a Movistar para poder verificar e investigar lo que se está haciendo público. Es alarmante. Todos los venezolanos nos vemos afectados, sin distinción política”.
Crónica.Uno solicitó la respuesta de la Comisión de Medios adscrita a la Comisión Delegada de la AN2015, a través de su presidente Avilio Trononis (PJ), pero este funcionario no respondió hasta el momento de publicación de esta nota.
Lea aquí el informe completo:
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