Datos del Departamento de Estadística de Colombia revelan que los roles atribuidos a las mujeres, las barreras de discriminación y las ofertas irregulares, hacen cuesta arriba su inclusión socioeconómica en el país vecino.
“Hago esto porque no tengo más opción. Pero estoy harta”, dice María, venezolana residente en Colombia. Son las 9:00 a.m. en una esquina del parque Santander, en el centro de Bogotá, y la mujer de 40 años de edad apenas empieza su jornada de 12 horas de trabajo. Instala su puesto de perros calientes, un carrito de refrescos y una estación de café. “Con uno solo no ganaría lo suficiente”, expresa. Hay días malos y otros mejores, pero la única constante es el agotamiento. A media mañana tan solo ha vendido un refresco.
Quiero un trabajo formal, con salario fijo y seguro médico”, agrega mientras retira el exceso de comida de la parrilla con su espátula.
María creció en Caracas. Ciudad donde se graduó de bachiller, crió a sus tres hijos y trabajó gran parte de su vida. Antes de migrar, era operadora de máquinas en Petrocasa, una empresa del Estado. Le iba bien, asegura, aun en medio de la crisis humanitaria. Pero en 2018, cuando la fábrica se paralizó por falta de materia prima, la hiperinflación, la escasez de comida y de medicinas la obligaron a buscar suerte en el país vecino. “Echada pa’ lante como buen venezolano”, no imaginaba que sus esfuerzos para conseguir un trabajo digno estarían condicionados por razón de género.
Colombia es el país que más acoge venezolanos. Hasta finales de diciembre de 2023 albergaba a, por lo menos, 2,8 millones, entre migrantes en situación regular e indocumentados, según el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia. Cerca de la mitad son mujeres.
Para las mujeres el proceso migratorio puede significar un desafío adicional. A menudo son más vulnerables a situaciones de violencia, explotación y múltiples formas de discriminación, afirma la Organización Internacional para las Migraciones. Por lo tanto, su inclusión laboral resulta una experiencia diferenciada y limitada por roles, prejuicios y estereotipos de género, explica Natalia Duran, líder en proyectos de migración de Innovations for Poverty Action, asociación dedicada a encontrar soluciones a la pobreza.
“Particularmente afecta a las mujeres que, si bien pueden contar con habilidades para áreas específicas, por diferentes barreras terminan en trabajos más domésticos o de comida, por dar un ejemplo. Entonces, pierden ese potencial de habilidades ya construidas que traían con ellas”, explica la politóloga.
Un estudio reciente publicado por la organización no gubernamental Care Colombia, donde entrevistaron a migrantes venezolanas refugiadas en los departamentos de Nariño y Santander, revela que los roles de género ponen en desventaja a las mujeres a la hora de acceder a empleos remunerados. “Un ejemplo es el tema del cuidado en general, que es algo que se le asigna a la mujer”, señala Duran.
A este fenómeno se le unen otras dificultades que agravan la experiencia de esta población, en especial cuando migra en condiciones precarias como ha sido el caso venezolano, resalta Carolina Moreno, fundadora del Centro de Estudio en Migración de la Universidad de los Andes. “Muchas de ellas no tienen su situación migratoria regularizada y cuando no tienes ni pasaporte no puedes acceder al mercado formal de trabajo, luego no puedes homologar tu título, abrir cuentas bancarias para recibir pagos y empiezan los problemas”, señala.
Cuando María llegó a Bogotá, recorrió por ocho meses sus calles en busca de un empleo, pero no lo consiguió. En ese momento, no tenía documentos que demostraran un estatus regular o que acreditaran su experiencia. “Sobreviví porque tenía ahorros de un congelador cervecero de dos puertas que vendí en dólares. Hasta que la novia de mi hijo me regaló cuatro termos, café, azúcar y unas cajetillas de cigarro. Desde entonces estoy en eso”, relata.
La xenofobia y la mala paga le siguen entre los factores que entorpecen la inclusión socioeconómica femenina, evidencia la Encuesta Pulso Migración (EPM), un instrumento del Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE) de Colombia que desde 2021 recolecta cifras sobre la población migrante venezolana con vocación de permanencia.
Entre estas barreras las expertas precisan la ausencia de círculos de apoyo para el cuidado de sus hijos, desconfianzas en su comunidad, carga mental y falta de reconocimientos de permisos. En última instancia las opciones se reducen a empleos con remuneraciones por debajo del salario mínimo y en condiciones denigrantes, sin garantías laborales, primas, vacaciones ni beneficios. O se someten a la ley de la calle en trabajos informales, donde están expuestas a múltiples tipos de violencia.
En 2020 la tasa de desempleo de mujeres migrantes venezolanas recientes fue de 20,3 puntos porcentuales más que los hombres en la misma situación, según datos recopilados por la Gran Encuesta de Hogares Integrados del DANE. Cifras recientes recogidas en la EPM aún dibujan una brecha de género en actividades relacionadas con el empleo. Mientras que los hombres lideran en ocupaciones laborales, las mujeres en su misma situación se posicionan en aquellas no remuneradas asociadas con oficios del hogar.
María, en los números, forma parte del primer grupo: personas con empleo. Pero la realidad es otra. Aunque ya tiene su permiso por protección temporal (PPT) y, por tanto, posibilidades de trabajar, la mujer no ha podido salir de la informalidad pese a sus constantes intentos. “Yo me adapté al sistema de vida aquí porque no tenía más opción, pero con seis años en esto siento que no puedo más”, insiste. No obstante, volver a Venezuela no es una opción por el momento. “Me dicen que allá la cosa está peor. Aunque ya se consigue comida, todo es demasiado caro. Qué va. Sigo luchando aquí”.
En 2020 Venezuela obtuvo el último lugar dentro del Índice de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una herramienta que mide el progreso hacia la igualdad de género elaborado por la coalición de líderes feministas EqualMeasures 2030. Mientras, Colombia se ubicó en el puesto 75 en el mundo, clasificado como “sin progreso”. Si bien desde 2015 tuvo un incremento de 2,1 puntos en el ODS 5 enfocado en alcanzar la igualdad de género y empoderamiento
de las mujeres y niñas, en el ODS 10 relacionado con facilitar los procesos de migración a través de políticas públicas se atrasó 2,9 puntos.
Con la llegada masiva de venezolanos en la última década, Colombia tuvo avances en materia migratoria con la implementación de leyes, programas para la inserción laboral y mecanismos de regularización, recopila el centro jurídico DeJusticia en su investigación Ser migrante y trabajar en Colombia ¿Cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?, publicada en 2022.
Las expertas coinciden en que la creación de permisos especiales constituyen un primer paso para la participación laboral de esta población; sin embargo, no responden a la demanda y resulta insuficiente. “Es importante que quienes están en trámite lo puedan finalizar. Y hay que mencionar que aún hay casi 500 mil venezolanos sin un canal de regularización”, señala Natalia Duran.
La carga del cuidado
Ángil, de 34 años de edad, es licenciada en Administración. Decidió salir de Venezuela por razones similares a las de María: mejorar su situación económica. Hasta 2017, antes de migrar, era coordinadora de una clínica de terapia ocupacional de Acarigua, estado Portuguesa. Pero la desenfrenada crisis económica devaluó su salario. Tenía que cubrir gastos médicos de su mamá y recuerda que apenas le alcanzaba para pasajes para movilizarse y compras de aseo personal.
Colombia, marcada por la desigualdad, arrastra retos propios para eliminar las brechas laborales de género de su sociedad. Datos del DANE develan que la tasa de desocupación de las mujeres estuvo 4,6 puntos por encima de los hombres en 2023. Por lo que, la integración socioeconómica de la población migrante implica un desafío particular para un país que no tenía infraestructura ni experiencia suficiente para atender las necesidades de los desplazados del éxodo venezolano. En especial los grupos que enfrentan marginación, señala DeJusticia en su informe.
Aunque Ángil escapó de un contexto inestable, sus circunstancias económicas no mejoraron. Cuando llegó a Bogotá quedó embarazada y los siguientes cuatro años tras el nacimiento de su hijo se dedicó a la maternidad. Durante ese tiempo, no generó ingresos y su situación precaria se profundizó. Los peores días los padeció cuando el padre de su hijo tuvo que salir de la ciudad por un par de meses. “Hubo días que solo comí cotufas, otros café negro y pedacitos de papelón para subir mi glicemia”, recuerda.
Para mujeres como ella, atender las necesidades familiares las aleja de oportunidades de empleos formales con salarios dignos. Sobre todo cuando no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de los hijos e hijas, resalta el informe Desprotegidas: violencias basadas en género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú de Amnistía Internacional. Una barrera que comparten con las colombianas, pero se ve agravada por ser migrantes.
Sumida en una depresión, Ángil no veía más allá de sus capacidades dentro del hogar. Pero gracias a la terapia derribó los prejuicios de género que la limitaban a su rol en el hogar. “Pensé que tenía que estar dedicada 99 % a mi hijo. Hoy entiendo que no es así. Puedo ser mamá y una mujer trabajadora”.
Desde Innovations for Poverty Action, Natalia Duran observa cómo situaciones adversas impactan la salud mental de las mujeres de manera pronunciada. Hace énfasis en aquellas relacionadas al aislamiento social derivado de las labores de crianza y cuidado. “La salud mental es una dimensión que no puede quedar por fuera del debate de las mujeres en Colombia y particularmente las migrantes venezolanas”, destaca.
La experta considera necesario la creación de políticas públicas que permitan a esta población contar con redes de apoyo al cuidado y a la flexibilización de horarios. “Que puedan disponer de tiempo, mente y alma pues para que puedan trabajar de manera formal”, propone. En 2019 la Gerencia de Frontera con Venezuela de la Presidencia de Colombia, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recomendó al sector público y privado apoyar la inserción laboral femenina a través de la inversión en infraestructura de cuidado que permitan a las mujeres con niños acceder a empleos formales.
Permisos insuficientes
En 2023 cuando Angil decidió entrar al mercado laboral en Colombia se tropezó con una lista de “peros”. “Me di cuenta que es muy difícil. Te piden un montón de papeles. Que si no tengo el título apostillado, que si no tengo el pasaporte, cosas que no esperaba”, cuenta. Los pocos lugares donde la aceptaron le ofrecían un salario por debajo del mínimo o condiciones que vulneran sus derechos.
Migración Colombia específica que para que los refugiados y migrantes venezolanos puedan acceder a empleos basta con tener una visa que permita desarrollar actividades económicas lícitas, cédula de extranjería, Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos -ETPV (en régimen de protección) o el Permiso de Permanencia Temporal -PPT. Para este último es necesario: “haber ingresado al territorio nacional por Puesto de Control Migratorio habilitado con pasaporte”, dicta el portal web de la institución.
Sin embargo, en muchos casos esta población sale en condiciones precarias a través de pasos irregulares, explica Carolina Moreno. “No cuentan con pasaporte (muchas veces por su alto costo) y llegan a Colombia en situación irregular”. Apenas 0,4 % de la población femenina contaba con pasaporte vigente entre septiembre y noviembre de 2023, según datos del Dane.
De acuerdo con Migración Colombia más de 1,9 millones posee PPT, que da estatus regular por 10 años. Pero en realidad contar con este permiso no garantiza conseguir empleo. Esta es la experiencia de Ángil. Calcula que en unos 10 empleos no le reconocieron este documento y en otros 50 la rechazaron por no tener un título homologado. “A pesar de que en este país sí hay puertas abiertas y te dan estos permisos no lo toman en cuenta. Es muy frustrante. En muchos call center, aunque no tenga nada que ver con mi profesión, me piden título igual”, comenta.
Muchas empresas y empleadores no reconocen el PPT como un documento oficial para trabajar porque desconocen la legislación en materia migratoria. No saben que es un permiso válido ni cuáles son los requisitos para contratar a esta población, explica Moreno. La experta cree que esta situación se debe, en parte, a que las políticas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, están “más enfocadas en fortalecer las relaciones con Venezuela que en promover la inclusión socioeconómica de sus ciudadanos”.
“Ese documento es la puerta de entrada, entonces se debe hacer un esfuerzo de pedagogía y divulgación para que el sector privado acepte este documento válido de identificación y para suscribir un contrato”, destaca.
En septiembre de 2023 Colombia reactivó las operaciones de la Embajada de Venezuela y abrió seis consulados para que los venezolanos puedan apostillar documentos, recibir asesoría de renovación de pasaportes y visas, entre otros. Los trámites para emitir el PPT por primera vez permanecen suspendidos.
En abril de 2023, a Ángil la aceptaron en un centro de llamadas o call center. Sin embargo, su turno era de más de nueve horas y tan solo tenía diez minutos al día para ir al baño. “Hasta me dio una cistitis. Estaba muy mal de salud”. Tras ese evento renunció. Si bien las mujeres como grupo históricamente vulnerable ya enfrentaban afectación diferenciada por razón de género, su estatus migratorio las hace más susceptibles a situaciones que vulneran sus derechos como trabajadores, explica Alejandro Álvarez, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Después de esta experiencia, Angil consiguió empleo en otro call center. En este empleo no le exigieron pasaporte vigente ni título apostillado. Pero demoraba hasta tres o cuatro horas en regresar a su hogar. El cansancio acumulado y un salario por debajo del mínimo poco a poco la desmotivó. “Luego mi hijo y yo nos enfermamos y no me tomaron en cuenta esa incapacidad. Me decepcioné y me fui”, cuenta.
Para febrero de 2024, Ángil recibía capacitación para regresar a la primera empresa donde estuvo. “Es terrible, pero es algo seguro”. Su meta ahora es independizarse y mudarse con su hijo del apartamento que comparte con su expareja.
El muro de la discriminación
Ángil ahora divide las tareas de cuidado con el padre de su niño. Pero otras madres, en especial aquellas solteras, sin alternativas, optan por llevar a sus hijos e hijas con ellas al trabajo de calle, aún cuando están expuestas a situaciones de violencia, registra Amnistía Internacional. Algunas mujeres los dejan solos en casa.
En la plaza Santander, unos pocos metros atrás de los tres puestos de María, se encuentra Ana. La mujer de 36 años de edad atiende un carrito de café acompañada de sus dos hijas menores. Mientras la mayor, de 13 años, se distrae en TikTok, la pequeña corretea a su alrededor. El lugar está repleto de venezolanos, entonces “es una zona segura”, dice, “aunque se mueve mucho la droga”.
A diferencia de Ángil y María, cuando Ana llegó a Medellín tenía un trabajo seguro como asistente de cocina, labor que desempeñó en Venezuela, en Barquisimeto, estado Lara. Pero los malos tratos la obligaron a salir de allí. “Veneca hijueputa”, “devuélvase para su país”, “vinieron a quitarnos nuestro trabajo porque son unos lambucios”, eran algunos comentarios que recibía a diario. Esta situación se repitió en su segundo empleo, esta vez en Bogotá.
“Como eres migrante entonces tienes que humillarte. Además era mucha presión. Por ejemplo, en menos de media hora me mandaban a pelar un saco de papas y cuando iba por la mitad ya tenía que hacer otra cosa. Yo ya he estado en este trabajo y sabía que no era un trato humano”, relata.
Para las mujeres, los prejuicios están asociados a la explotación y abuso sexual. “Son estereotipos que están presentes y que hacen de esta situación un contexto más adverso para las mujeres”, enfatiza Natalia Duran. Entrevistas realizadas por Cuso Internacional para su estudio Dinámicas laborales en de las mujeres migrantes en Colombia evidenciaron casos de acoso en el trabajo y en el proceso de búsqueda de empleo asociados a estos estereotipos.
Mientras las mujeres migrantes venezolanas enfrenten barreras para ser incluidas en la sociedad colombiana, tanto ellas como sus hijos e hijas, seguirán expuestas a situaciones que impliquen riesgos para su seguridad, salud e integridad.
En materia de género, Colombia, aún tiene un largo camino por recorrer. Las mujeres representan la mitad de la población migrante. Por lo tanto, su empoderamiento, les permitiría convertirse en agentes de cambio y desarrollo tanto para ellas, como para sus familias y las comunidades, expresa la OIM. Sin políticas que garanticen su inclusión socioeconómica, Colombia desaprovecha una oportunidad para el desarrollo en mediano y largo plazo, opina Moreno.
“Traen nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, nuevas costumbres. Traen diversidad, apertura, pluralidad. Cuando dices que no porque no generas condiciones y miras para otro lado, pierdes tú como país. Pierde la sociedad de ese país y pierde la persona que tiene que irse otra vez”, concluye Carolina Moreno.
*Este reportaje forma parte del programa de periodismo de datos de la asociación Equal Measures 2030, que reúne a líderes mundiales de redes feministas, la sociedad civil, el desarrollo internacional y el sector privado, con con el apoyo de Salesforce a través de su software Tableau.
Créditos
Investigación, texto, análisis y visualización de datos: Omarela Depablos
Coordinación Equal Measures2030: Marisa Miodosky
Asesor de datos de Salesforce: Stephen Price y Pahola Díaz
Coordinación Unidad de Contenidos Especiales de Crónica.Uno: María Victoria Fermín.
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