El presidente de EE.UU prohibió entrada y congeló bienes de directivos del GNB, Sebin y PNB por presuntamente estar involucrados en violaciones de Derechos Humanos
Redacción Crónica Uno
Caracas. Después de que mucho se habló desde el gobierno de Estados Unidos sobre las violaciones a Derechos Humanos en Venezuela, finalmente el 9 de marzo el presidente Barack Obama emitió un decreto en el que sanciona a directivos de la GNB, la PNB, el Sebin y una fiscal del Ministerio Público por estar presuntamente involucrados en este tipo de violaciones, además de actos de corrupción.
Los sancionados por Obama son Gustavo González, director general del Sebin; Manuel Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana; Justo Noguera, presidente de la CVG y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; Manuel Bernal, jefe de la 31 Brigada Armada de Caracas y ex director del Sebin; Miguel Vivas Landino, inspector general de la FAN; Antonio Benavides Torres, ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana; y la fiscal Katherine Harrington, quien fue la encargada de meter preso a Antonio Ledezma.
Estas personas tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, y los bienes que posean en la nación norteamericana se encuentran bloqueados, pues los pueden vender, transferir o exportar. Los sancionados tampoco podrán recibir ningún tipo de “contribución o provisión de fondos, bienes o servicios”, en los Estados Unidos.
Amenaza contra EEUU
De acuerdo al decreto, el presidente de Estados Unidos considera que el Gobierno de Venezuela persigue a los opositores, impide la libertad de prensa y usa la violencia en las protestas contra el Gobierno.
Para Obama estas condiciones, “la detención arbitraria de manifestantes, así como la presencia exacerbada de corrupción pública, constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos”, por lo cual se declara “en emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza”.
Ante la polémica que ha surgido en torno a la calificación de Venezuela como una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, funcionarios norteamericanos han aclarado que ese término forma parte de las formalidades que debe cumplir el presidente de Estados Unidos para tomar este tipo de acciones, en este caso contra siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
El decreto firmado por Obama contra los siete funcionarios generó el rechazo inmediato por parte de las autoridades venezolanas, así como por miembros de la comunidad internacional aliados de Venezuela. Asimismo, dio pie para que el presidente Nicolás Maduro solicitara a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante antiimperialista para “proteger el país” ante “acciones injerencistas”.
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