Wiston Vallenilla, presidente de la Televisora Venezolana Social (TVES), sabía que estas personas estaban en las instalaciones desde hace tres años, incluso le solicitó a la viceministra Egla Rengifo su ayuda para que recibieran el beneficio del 0800Vivienda
Mabel Sarmiento Garmendia/@mabelsarmiento
Carcas. 11 adultos y siete niños, que desde hace tres años y medio están refugiados en una residencia propiedad de la Fundación Televisora Venezolana Social (TVES), recibieron una notificación de parte de los abogados del canal para desalojar máximo en 15 días.
De esos 11 adultos tres son trabajadores de Tves. “Nosotros no teníamos dónde vivir y el señor William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), nos dijo que podíamos quedarnos en esta casa. Cuando llegamos estaba deshabitada y abandonada”, dijo uno de los afectados que por las medidas de presión, por parte de funcionarios de seguridad de la televisora, no quiso que se publicara su identidad.
En total son cinco familias las que habitan el inmueble; ocupan 16 habitaciones y ocho baños. La cocina es común para todos. “Aquí estábamos más o menos bien, pese a que la casa no está en óptimas condiciones pues tiene muchas filtraciones. Nos sorprendió que de la noche a la mañana vinieran con una orden de desalojo. Trajeron hasta a la policía y a la Lopna. Nosotros recibimos el apoyo de los vecinos de Pinto Salinas. De hecho varias personas se metieron a una parte de la quinta para apoyarnos y los sacaron a la fuerza. Nosotros sabíamos que esto era momentáneo. Lo que criticamos es la desproporción con la medida, no les importa que hay niños de por medio. Además por hacer las denuncias me despidieron del canal”, dijo el agraviado.
En julio pasado el presidente de TVES, Wiston Vallenilla, solicitó a Egla Rengifo, viceministra de Redes Populares del Ministerio de la Vivienda, colaboración para acelerar los trámites necesarios para que los empleados (los tres que están refugiados) obtengan el beneficio del 0800Vivienda y de esa manera dar el uso adecuado a las instalaciones que ellos ocupan.
La carta la enviada estaba respaldada con las carpetas de tres expedientes. “Sin embargo nunca nos dieron respuesta. Y ahora nos piden desalojo. Nos dijeron que nadie podía entrar y que no podíamos dar declaraciones”.
Las instalaciones de esta residencia, ubicada en la avenida principal de Maripérez a dos cuadras de la estación del teleférico, están siendo custodiadas por dos vigilantes.
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