En la última actualización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, publicado el 2 de agosto, indica que al 28 de julio, de 1.511.433 pruebas diagnósticas que se han hecho en Venezuela, “se estima que alrededor del 5 a 6 por ciento son PCR”, se lee en el informe. Es decir, aproximadamente 90.685 pruebas.

Caracas. En sus reportes diarios el gobierno de Nicolás Maduro ha indicado la cifra total de pruebas aplicadas para el diagnóstico de COVID-19, pero no informa cuántas son rápidas o de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). En los reportes mensuales de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que desde marzo incluye la situación del COVID-19 en Venezuela, refieren algunos datos sobre las pruebas PCR. 

Tras la revisión de los informes publicados por la OCHA entre abril y julio, se pudo evidenciar un ligero aumento en el uso de pruebas PCR. Del total de test diagnósticos aplicados al 19 de abril, 1,7 % fueron PCR. Al 2 de agosto este porcentaje se ubicó en entre 5 % y 6 %, según el reporte de la OCHA. 

En esa última actualización el organismo internacional indica que al 28 de julio, de 1.511.433 pruebas diagnósticas, “se estima que alrededor del 5 a 6 por ciento son PCR”, se lee en el informe. Es decir, aproximadamente 90.685 pruebas. En cuatro meses Venezuela no ha aplicado 100.00 pruebas PCR. 

En los sucesivos reportes, la OCHA ha destacado la necesidad de aumentar la capacidad para aplicar pruebas PCR: el 23 de abril, señaló que “las pruebas rápidas no necesariamente identifican a todos los posibles casos debido a que tienen una sensibilidad de hasta el 80 % si las pruebas son realizadas a personas con menos de 5-8 días de haber sido infectadas”. 

En marzo, según datos de la OCHA, Venezuela aplicó 1779 pruebas (no diferenció entre rápidas y PCR). Indicó que, tras información recibida del gobierno, el país contaba con 52.000 kit de diagnóstico PCR y un millón de pruebas rápidas obtenidas a través de la cooperación entre China, Rusia y Cuba. 

Al 19 de abril Venezuela sumaba 5969 pruebas PCR aplicadas, lo que representaba el 1,7 % del total de pruebas. El siguiente informe de la OCHA, al 22 de mayo, la cifra de PCR aplicadas se ubicó en 16.577, es decir, 2,37 % del total de test utilizados. 

El 22 de mayo repitieron el llamado diciendo que “la aplicación de pruebas PCR es una prioridad” para el diagnóstico. Para entonces el organismo internacional informó que el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, único que hasta el momento hacía las pruebas, estaba procesando “unas 600 pruebas PCR diarias” y que había planes de seguir aumentando su capacidad. 

Otro reporte del 21 de julio repite que es imperativo fortalecer el diagnóstico por pruebas moleculares confirmatorias y reducir los tiempos para obtener los resultados: “Además de continuar la preparación y reorganización de los servicios de salud, a fin de poder manejar el impacto de un eventual crecimiento exponencial de los casos, asociado a la probabilidad de un subregistro de casos, retrasos en la vigilancia y en el rastreo de contactos”. 

Este domingo 2 de agosto, la OCHA citó en su informe la cifra total de test, pero no precisó en el número de PCR. Solo indicó que se estima que entre 5 % y 6 % de las pruebas aplicadas son PCR, es decir, unas 90.685. 

En ese texto se lee que continúan los esfuerzos del gobierno “para descentralizar e incrementar las capacidades de diagnóstico PCR” con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. 

El 21 de julio el Laboratorio de Microbiología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas se sumó al diagnóstico de COVID-19. “Las autoridades venezolanas esperan que ayude a agilizar la detección de los contagios”, dice el informe de la OCHA de este 2 de agosto. 

En los últimos días de julio, del 24 a 31, se registraron al menos cuatro picos en la cifra de contagios. El país superó los 600 casos diarios. Desde el 13 de marzo al 2 de agosto suman 20.206 personas contagiadas de COVID-19 y 154 fallecidos. 

Otros datos del reporte de la OCHA

El reporte de la OCHA publicado el 2 de agosto indica que hay 212 contagios de COVID-19 entre el personal de salud, según el registro al 11 de julio. “Entre los múltiples factores que podrían ser la causa de estos contagios están la limitada disponibilidad de Equipos de Protección Personal o su uso inadecuado”, advierte el organismo internacional. Este domingo, Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector salud, informó en Twitter que contabilizan 37 trabajadores del gremio fallecidos por COVID-19

Sobre los venezolanos retornados la OCHA indicó que al 28 de julio han vuelto al país 72.517 por las fronteras terrestres, la mayoría por el estado Táchira. Al momento los Puntos de Atención Social Integral (PASI) en los estados fronterizos y el punto de entrada aéreo son: Apure (29), Bolívar (36), La Guaira (1) Táchira (29) y Zulia (10). 

En poblaciones indígenas, incluyendo comunidades pemones en el estado Bolívar, “existe un conglomerado de casos de COVID-19 por contacto con casos importados”. La OCHA no especificó la cifra de contagios.

La emergencia humanitaria preexistente continúa. Hasta el 13 de julio Venezuela ha registrado 3460 casos de dengue y 7 fallecidos. Sin embargo, hay una disminución del 32 % comparado con el mismo período de 2019 (5116 casos). El brote de difteria que comenzó en julio de 2016 sigue activo. Desde su inicio, se lee en el informe, se observó una tendencia al aumento sostenido de casos hasta el año 2018, para luego descender en 2019 y se espera que en 2020 el número de casos continúe descendiendo. 

Sobre el sector educativo, la OCHA escribió que a pesar de los esfuerzos para la disponibilidad de la oferta multiplataforma a distancia, el acceso es diferente entre estados. Causas: Internet, servicio eléctrico e inversión tecnológica. También mostró preocupación por el “incremento de reportes de casos de abuso, incluyendo sexual y otras formas de violencia y maltrato infantil en el hogar”. Algunos de esos casos están relacionados a la falta de recursos económicos y el impacto que esto tiene sobre la alimentación y servicios.

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