Acceso a la Justicia presentó una propuesta técnica basada en perfiles profesionales, académicos y judiciales rigurosos que será presentada a las delegaciones en el diálogo y que esperan sea empleada por el comité de postulaciones judiciales a cargo de la escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Caracas. En un esfuerzo por dotar de transparencia e institucional al sistema de justicia venezolano, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia dio a conocer una propuesta de baremo de evaluación, que esperan sea considerada dentro de los mecanismo para la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante la presentación de la iniciativa, los ponentes y directores de la ONG, Laura Louza y Ali Daniels, enfatizaron que la publicación de un baremo constituye una obligación legal que nunca se ha cumplido formalmente en los últimos 27 años, y advirtieron que los nombramientos realizados “a dedo” atentan contra la idoneidad del máximo tribunal.
“La elección de un nuevo TSJ en estos momentos, cuando el inicio de una transición a un régimen democrático pareciera posible, exige la colaboración de todos y, al mismo tiempo, se requiere que los responsables del proceso evidencien con hechos la aplicación de la Constitución, llevando a que el resultado final sea la escogencia de los magistrados independientes e imparciales que dicho texto exige”, sostiene la ONG.
Su propuesta se alinea con el reciente anuncio de la mesa del diálogo entre el chavismo y la oposición, de que con la promulgación de la reforma a la Ley del TSJ, que amplía el número de miembros de la sociedad civil en el comité de postulaciones judiciales, se activa también el proceso para la llamada “transformación judicial”.
No obstante, Daniels fue enfático en que no hay indicios reales de que se haya empezado el trabajo de este comité y que bajo los criterios que establece la Constitución y el resto de leyes vinculantes, el proceso de escogencia podría tomar al menos dos meses, por lo que “debe empezarse ya, si queremos tener nuevos magistrados este año”.
La propuesta
La organización explicó que la metodología del baremo fue construida al tomar como referencia los marcos normativos y las experiencias de países de la región con realidades similares como México, Guatemala, Chile, El Salvador y España, adaptándolos al contexto nacional donde no existe una carrera judicial reglamentada por concursos públicos de oposición desde el año 2003.
“Para esta propuesta se han considerado, en primer lugar, los requisitos constitucionales y legales exigidos para ser magistrado del TSJ. Asimismo, ante la ausencia de baremos públicos utilizados en procesos de selección anteriores en Venezuela, o incluso, la posible inexistencia de tales instrumentos, pues no se tiene conocimiento de que hayan sido publicados, se examinaron como referencia criterios y metodologías de evaluación aplicados en procesos de selección judicial de España, México, El Salvador, Chile y Guatemala”.
El sistema de evaluación diseñado por la ONG otorga un total de 100 puntos distribuidos en tres grandes áreas evaluativas que, según la Constitución, tienen un peso equivalente
Explicaron que para la elaboración de esta propuesta se tomaron en cuenta únicamente aquellos criterios que realmente pueden ser aplicados y adaptados a la realidad actual del país, considerando que temas como la carrera judicial no pueden ser usados como un medidor en Venezuela.
Los criterios
El baremo propone varios lineamientos específicos y un sistema de ponderación de todos los ítems evaluados. Además destaca la publicidad de actos en particular durante el proceso para garantizar la transparencia e incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía
Como requisitos iniciales, remarca que los postulados deben tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra, no poseer antecedentes penales y no tener militancia político-partidista.
El sistema elaborado por Acceso a la Justicia valora la experiencia mínima legal de 15 años en el ejercicio, sumando puntajes progresivos por trayectoria temporal.
En el ámbito académico y judicial, se exige estricto apego a los requisitos constitucionales, como el rango de profesor titular respaldado por título de doctorado, o haber sido nombrado juez mediante concurso público conforme al artículo 255 de la Constitución.
El baremo incluye también mecanismos para descartar a candidatos que presenten inhabilidades éticas o profesionales.
Entre ellas destacan no figurar en informes de misiones internacionales o de organizaciones locales de derechos humanos que señalen responsabilidad en represión judicial, no poseer denuncias por violencia contra la mujer, no registrar sanciones disciplinarias graves por retardo procesal injustificado ni presentar antecedentes de plagio en publicaciones jurídicas.
Además, evalúa la formación de postgrado, maestrías, doctorados y postdoctorados, las publicaciones de libros y artículos jurídicos en medios académicos, la participación en proyectos de ley, el ejercicio de la docencia universitaria y la defensa o representación en casos de derechos humanos ante sistemas internacionales.
Por la transparencia
Para clasificar a los aspirantes, la propuesta establece categorías que van desde el nivel suficiente, con 15 a 25 puntos; y satisfactorio, 26 a 50 puntos; hasta el nivel óptimo, reservado para aquellos juristas de gran trayectoria académica y publicaciones extensas.
Desde Acceso a la Justicia se hizo un llamado enfático a las instancias competentes para que tanto el baremo que finalmente se determine para el proceso de escogencia de los magistrados como las calificaciones de los participantes sean de acceso público a través de plataformas digitales.
La organización subrayó que el propósito fundamental de este mecanismo es garantizar jueces probos e independientes, capaces de aplicar criterios estrictamente jurídicos y de frenar la arbitrariedad del poder en resguardo de los derechos ciudadanos.
Estas son las principales recomendaciones de la organización de cara al proceso que está por empezar:
- Que se admita la participación de la sociedad civil como observador del proceso, sin condiciones ni limitaciones, para que presente sus recomendaciones al CPJ antes de que este brinde sus conclusiones.
- Que se permita la asistencia técnica o la observación internacional por parte de órganos internacionales calificados, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- A los efectos de la evaluación del desempeño de funcionarios públicos que se presentan como candidatos a magistrados, proponemos que el CPJ considere los informes de los órganos internacionales de protección de derechos humanos.
- Además, es fundamental que todo el proceso sea público y con presencia de los medios de comunicación.
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