La decisión la adoptó el Comité de Derechos Humanos, el cual consideró que las autoridades nacionales le han violado sus derechos a la defensa, a ser juzgado por un tribunal independiente y a la presunción de inocencia al reconocido jurista
Caracas. Anular el proceso seguido contra el constitucionalista Allan Brewer-Carías y dejar sin efecto la orden de detención que pesa sobre él desde hace más de tres lustros. Estas son algunas de las órdenes que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas giró a las autoridades nacionales, luego de constatar que el juicio abierto contra el jurista por su presunta participación en el polémico “decreto Carmona” –con el que se disolvieron los poderes públicos el 12 de abril de 2002– estuvo plagado de una serie de violaciones al debido proceso.
“Con base en la información que tiene ante sí, el Comité encuentra que el autor ha sufrido una violación a su derecho a un recurso efectivo respecto a su derecho a un debido proceso, en particular, a acceder a un tribunal independiente”, denunció la instancia en su dictamen publicado este miércoles 15 de diciembre y con el cual dio respuesta a una denuncia formulada en 2016.
La instancia también ordenó a las autoridades que si consideran que hay motivos para iniciar una nueva averiguación contra Brewer-Carías, que tomen las medidas necesarias para asegurarse que este “cumpla con todas las garantías del debido proceso previstas en el artículo 14 del Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y con acceso a recursos efectivos de conformidad con el artículo 2, párrafo 3”.
En pocas palabras reclamaron que un eventual nuevo proceso sea conducido por fiscales y jueces imparciales y autónomos, que al señalado se le permita revisar el expediente y ejercer todos los recursos para defenderse, que se le presuma inocente y que el proceso se celebre sin dilaciones indebidas, entre otras.
Y, por último, el Comité le ordenó al Gobierno que publique su decisión y, en un plazo de 180 días, le informe qué ha hecho para cumplir esta decisión.
La justicia al banquillo
El dictamen del Comité de la ONU representa un nuevo golpe para la justicia venezolana, pues expuso las falencias que padece como consecuencia, sobre todo, de su falta de independencia.
“El Comité nota que el autor demostró que todos los fiscales y los jueces que intervinieron en su causa habían sido nombrados provisoriamente, y que, tanto en los hechos como en el derecho, podían ser removidos sin causa ni procedimiento de apelación, según la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, se lee en la resolución, en la cual además se tomó nota de que tres de los jueces que tuvieron el caso fueron removidos de sus puestos tras tomar decisiones que favorecieron al jurista o al menos no fueron tan gravosas.
La instancia también fustigó la manera como distintos funcionarios, comenzando por el fallecido Hugo Chávez y el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, pretendieron condenar anticipadamente a Brewer-Carías al atribuirle la autoría del cuestionado decreto.
Diversas autoridades públicas construyeron una presunción de culpabilidad en su contra mediante declaraciones públicas que lo declaraban culpable del delito por el cual se encontraba procesado”, denunció el organismo, el cual consideró que así se configuró la violación al principio de presunción de inocencia del abogado.
Fuga justificada
El Comité reconoció que Brewer-Carías, quien desde 2005 se encuentra en Estados Unidos evadido de la justicia venezolana, está en contumacia. Sin embargo, consideró que la misma estaba justificada ante el “temor fundado a estar sometido a un proceso penal arbitrario, violatorio de sus derechos y garantías, y al severo agravamiento de dichas violaciones, en caso de someterse a la prisión preventiva en su contra”.
La resolución del Comité es de suma importancia, pues contradice lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en mayo de 2014 desestimó una querella similar contra el Estado venezolano por considerar que el accionante no agotó los recursos internos.
El calvario de Allan Brewer-Carías comenzó en la madrugada del 12 de abril de 2002, cuando fue llamado por Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, a Fuerte Tiuna. Minutos antes el Alto Mando Militar había anunciado la renuncia del entonces mandatario Hugo Chávez. En la instalación castrense se le presentó un borrador del decreto, en el cual se disolvían los poderes públicos y de facto se anulaba la Constitución de 1999. El jurista sostiene que se opuso y trató de hablar con Carmona allí y luego en el Palacio de Miraflores para que lo corrigiera, pero no lo logró.
El decreto fue leído y, con el regreso de Chávez al poder, se inició una cacería en contra de quienes redactaron y firmaron el texto. En 2005 el abogado fue acusado de “conspiración para alterar la Constitución por medios violentos”.
Participa en la conversación