El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, confirmó que dos personas fallecieron y seis resultaron heridas, durante el despliegue de la Operación Autana, en el Parque Nacional Cerro Yapacana, el miércoles 13 de septiembre.
Caracas. La Organización de Naciones Unidas pidió al Estado venezolano rebajar la tensión en el Parque Nacional Cerro Yapacana, del estado Amazonas, tras la incursión militar, que dejó dos muertos y seis heridos, el miércoles 13 de septiembre.
Por primera vez, Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, se refirió a la situación que ocurre en el Arco Minero del Orinoco y reiteró la disposición de la ONU para apoyar la investigación de los hechos.
Según un comunicado del ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, la incursión militar forma parte de la Operación Autana 2023.
El 13 de septiembre pasado se desplegaron 400 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para desalojar “estructuras clandestinas”, utilizadas para la minería ilegal en el sector Cacique, municipio Atabapo de Amazonas. Explicó que los efectivos fueron atacados por los mineros con armas blancas y armas de fuego.
Además, Padrino López informó que el mandatario Nicolás Maduro solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación. Dijo que hasta el momento han desalojado a más de 12.000 personas.
Por su parte, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la FANB, informó que durante el desalojo minero del Parque Nacional Yapacana se destruyeron seis campamentos con más de 80 estructuras logísticas.
Ante el pronunciamiento de la ONU, la Organización No Gubernamental Provea consideró importante la participación de organismos internacionales, pues alega que el Ministerio Público no ha investigado la masacre contra cuatro indígenas Yanomami, en 2022, y contra siete personas, entre ellas cinco pemones, en el 2019.
Otra incursión militar en Yapacana
La Asociación Civil Kapé Kapé informó que el miércoles, 6 de septiembre, se registró otro operativo en el Parque Nacional Yapacana de Amazonas, que tuvo resistencia por parte de los mineros, entre ellos indígenas que habitan en el campamento Monterrey.
Durante esa incursión, Arnaldo Colina Turón, indígena del pueblo Yekuana, resultó herido por disparos de perdigón en un ojo y en las piernas, y recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente.
La organización, que defiende los derechos humanos de los indígenas de Venezuela, explicó que desde julio se aplica un desalojo en esa área natural protegida, devastada en más de 3600 hectáreas por la acción minera.
Periodista detenido por investigación en minas
El periodista Luis Alejandro Acosta fue detenido el viernes 8 de septiembre, en el puerto La 40 de las minas de Yapacana, estado Amazonas.
De acuerdo con la organización Espacio Público, el comunicador social hacía cobertura y reportes sobre las operaciones militares contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, desde hace meses.
48 horas después de la detención de Acosta, ningún organismo de seguridad o del Estado se había pronunciado sobre la detención del reportero. Espacio Público alegó que este hecho implicó una desaparición forzada y violación al debido proceso.
Cuatro días después de la detención, el periodista fue presentado ante el Ministerio Público y, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), le imputaron los delitos de ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir, previstos en la Ley Orgánica de Ambiente y el Código Penal.
La información que maneja el SNTP es que la jueza otorgó libertad al periodista bajo medidas cautelares, sin embargo, la Fiscalía solicitó efectos suspensivos de esa medida. Acosta seguirá detenido.
Minería ilegal
La organización Proyecto SOS Orinoco publicó en su portal web que la magnitud de las minas ilegales ocupa 173.989 hectáreas en el territorio venezolano y aseguran que el sector minero se convirtió en una extensa trama para el crimen organizado que, presuntamente, involucra a todos los niveles del poder político y militar.
El 12 de septiembre de 2023, SOS Orinoco publicó una carta enviada al Comité del Centro de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, en inglés), en el que reiteraron los severos daños que ocasiona la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, que el organismo nombró Patrimonio de la Humanidad en 1994.
En el documento aseguraron que hay más de 1000 hectáreas de minas a cielo abierto en el parque nacional y decenas de balsas mineras, que son movilizadas y escondidas cuando es necesario por los mineros ilegales. Detallan que gran parte de estas prácticas ilegales operan por pueblos indígenas en colaboración con autoridades civiles y militares.
Además de los daños causados al ambiente, la minería contamina las aguas con mercurio y esto afecta a las poblaciones indígenas y a los pueblos ubicados en la cuenca del río Caroní.
En el documento aseguraron que el Estado venezolano no ha implementado medidas efectivas para evitar la minería ilegal y que no existe una administración efectiva del Instituto Nacional de Parques (Inparques) sobre el terreno. También denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro trata de impedir que la Unesco haga un diagnóstico sobre la minería ilegal en Canaima.
En enero de 2022, el portal de investigación Armando Info publicó un trabajo en el cual identificó 3718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, entre los estados Bolívar y Amazonas. Además detectaron áreas deforestadas, que equivalen a 40.000 campos de fútbol.
En la publicación informaron la existencia de, al menos, 42 pistas clandestinas que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar cargamentos de oro y drogas.
Según el comunicado difundido por el ministro Padrino López –el 14 de septiembre–, la minería ilegal genera crímenes como el trabajo y la prostitución forzada, la trata de personas, el contrabando y la depredación ambiental. Y ante esta situación responsabilizó a “terroristas armados narcotraficantes de Colombia”.
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