Entre 70 % y 80 % de los fallecidos por COVID-19 en el mundo tienen más de 60 años, pero en Venezuela se ignora la edad de, por lo menos, 12 % de los fallecidos. La falta de boletines epidemiológicos impide conocer el exceso de muertes que ha habido durante la pandemia para así tener un panorama claro de la enfermedad, como en otros países de la región.

Caracas. Ni siquiera la pandemia, que ya tiene cinco meses en el país y está en su fase exponencial, ha sido motivo para que las autoridades den el parte sanitario de Venezuela. La poca información que hay referente a las muertes por COVID-19 no solamente vulnera derechos de la ciudadanía, sino que amenaza con producir subregistros mayores a los que hay en otros países de la región.

Más de tres años han pasado desde la publicación de los últimos boletines epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud venezolano, correspondientes al año 2016 y parte de 2015. De manera que, más allá de los reportes diarios de la COVID-19 que publica el gobierno de Nicolás Maduro, el impacto real de la pandemia en Venezuela –y de las políticas sanitarias que se aplican– siguen siendo una incógnita.

Hasta el 10 de agosto se contabilizaron 229 muertes por COVID-19 y, según un registro periodístico hecho por Crónica.Uno, 28 de ellas no tenían edades especificadas ni por voceros del Gobierno ni en portales web del Ministerio de Salud o la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

América es, actualmente, el epicentro de la pandemia en el ámbito mundial con más de 11 millones de casos confirmados en todo el continente y al menos 5,2 millones solo en Suramérica, donde además hay (hasta el 16 de agosto) más de 175.000 muertes confirmadas por los gobiernos.

La edad es un factor de riesgo clave

A escala global, los grupos etáreos más propensos a fallecer por el nuevo coronavirus son los de 60 años en adelante. A modo de ejemplo, el portal Information is Beautiful señala que en Italia y el Reino Unido al menos 80 % de los fallecidos superaban esa edad. Tal estadística es validada también por la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos y Europa.

Indexmundi, sitio especializado en manejo de datos, indica que al menos un tercio de la población europea (32 %) tiene 55 años o más, mientras que la División de Población de Naciones Unidas (DPNU) estima que –en 2020– 22,1 % de la población de América Latina tiene más de 50 años.

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Tomando en cuenta las diferencias poblacionales, económicas, sociales y geográficas de los países (así como el rezago informativo que existe en Venezuela sobre la COVID-19), Crónica.Uno ubicó las cifras de fallecidos en Colombia (por cercanía), Perú (densidad de población) y Argentina (ritmo de la epidemia) a modo de esclarecer a cuáles grupos etáreos está afectando más la pandemia en la región.

Colombia

El país vecino ha sido uno de los más afectados por la COVID-19 en Suramérica, al totalizar –al 15 de agosto– 456.689 casos. Al 10 de agosto, Colombia registraba 12.842 fallecidos por la enfermedad y 74,21 % de ellos tenían más de 60 años.

El 24,25 % de los fallecidos eran personas con edades entre 30 y 59 años y 18,72 % de ellos tenían –como mínimo– 50 años. Según cifras de la ONU, 15 % de la población colombiana tiene de 50 a 64 años, porcentaje similar al de Venezuela (14,7 %).

Perú

El Banco Mundial estima que en 2018 la nación peruana tenía una población de 32 millones de habitantes, similar a la de Venezuela (28,87 millones según la misma entidad). En Perú, así como en otros países de Latinoamérica, el grueso de los contagiados tiene entre 30 y 49 años.

Aún así, el 69,24 % de los fallecidos tenía más de 60 años (al 10 de agosto), similar a la tendencia mundial. Perú es el segundo país con más casos y muertes por COVID-19 (hasta el 15 de agosto 525.803 y 26.075, respectivamente), aunque también es el segundo que más pruebas PCR hace (82.907 por millón de habitantes), según Worldometer.

Argentina

La nación sureña es –junto con Chile y Uruguay– de los únicos países suramericanos que superan el promedio de población mayor de 65 años en Latinoamérica (10,7 % en Argentina y 7,7 % en la región, según la ONU). Hasta 2018, Argentina tenía poco más de 44,4 millones de habitantes.

Tal proporción de personas mayores es –así como pasa en Europa– una de las causas por las que el 82 % de los fallecidos por COVID-19 en ese país tiene más de 60 años de edad, a pesar de que 86 % de los contagiados en Argentina tiene menos de 59 años. Cabe acotar que a la edad de los afectados también se le pueden sumar otras condiciones como enfermedades previas y atención médica recibida.

Hasta el 15 de agosto, Argentina registraba 289.100 casos y 125 muertos por millón de habitantes, pero es uno de los países suramericanos que menos pruebas diagnósticas hace (21.370 por millón de habitantes, la mitad de las que hacen Colombia y Uruguay).

¿Y Venezuela cómo queda?

La falta de información clara y precisa sobre la edad de –al menos– 12 % de los fallecidos por la epidemia hasta el 10 de agosto es solo la punta del iceberg del problema. La OPS recomienda a los países de la región incluir los casos sospechosos de COVID-19 en la data de decesos, sin embargo, en Venezuela esa no es la norma.

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La Asamblea Nacional, mediante un monitoreo con base en historias médicas de los pacientes recabadas en varios hospitales del país, calculaba –por lo menos– 223 muertes por COVID-19 adicionales a las publicadas hasta el 10 de agosto. Países como Colombia y Chile han cambiado la metodología para contabilizar la cifra y ahora incluyen a pacientes que no recibieron prueba diagnóstica y murieron con síntomas de la enfermedad.

Sumado a eso, la opacidad del Ministerio de Salud en Venezuela impide que la población sepa, siquiera, el estimado de decesos adicionales durante los cinco meses de epidemia y cuántos de ellos habrían muerto por cuadro clínico de COVID-19, es decir, el exceso de mortalidad.

Otra forma de medir el impacto de la crisis

Las diferencias entre los registros oficiales y lo que la población percibe no son exclusivas de Venezuela. Cada país y gobierno tiene su propio criterio para contabilizar los decesos: si fallecieron en centros de salud, si tuvieron una prueba que confirmara la infección e incluso si sus sistemas de salud están en capacidad de reportar tantos muertos.

Es por ello que en epidemiología y salud pública –especialmente en momentos de crisis sanitaria– se maneja el término de “exceso de mortalidad”. La OMS la define como la “mortalidad superior a la esperada en función de la tasa de mortalidad sin crisis en la población de interés”, es decir, el número de decesos en un período (en crisis) comparado con años normales.

El cálculo del exceso de mortalidad lo empleamos en 2014, 2015 y 2016 durante las epidemias de zika y chikungunya. Disponíamos de una herramienta fundamental que ahora no tenemos: los boletines epidemiológicos. Los casos febriles de esos períodos los comparamos con años anteriores y vimos un patrón de exceso de casos febriles agudos que no tenían explicación por ninguna enfermedad, nos dimos cuenta de que estaban muy por encima de valores esperados, explica para Crónica.Uno el médico epidemiólogo José Félix Oletta.

Oletta, quien fue ministro de Salud entre 1997 y 1999, señala que las autoridades sanitarias de los países utilizan ese indicador porque ningún país “puede medir con precisión todos los casos y todas las muertes ocurridas”, especialmente en medio de epidemias que colapsan los sistemas de salud.

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El experto en Epidemiología señala que en Venezuela no se publican los anuarios de mortalidad desde 2014, no debido a que no se notifique, sino a que el Gobierno “se reserva la información epidemiológica”. Mediante esas estadísticas sería posible estimar las muertes sospechosas por COVID-19, especialmente aquellas que podrían estar ocurriendo en hogares y comunidades, sin atención médica.

Subregistros en Suramérica

Medios especializados en manejo de data y que hacen seguimiento de la pandemia, como The Economist, Our World in Data y la alianza periodística Salud con Lupa, han hecho monitoreos exhaustivos no solo de las cifras mundiales de contagiados y muertes por COVID-19, sino de los decesos adicionales que han ocurrido en lo que va de año en varios países.

Al respecto, el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis López Calva, señaló en un artículo personal que en la región “los datos de exceso de mortalidad sugieren que el número de muertes por COVID-19 en ALC es mucho mayor de lo que las cifras oficiales reportan”.

Aún así, y en lo que coincide también el doctor Oletta, López Calva advierte que tales tasas de exceso de muertes que no han sido explicadas por las autoridades (en Perú y México rondan el 80 %) pueden deberse también a otras causas como aumentos de femicidios por el confinamiento o muertes relacionadas con otros problemas de salud que no fueron atendidos por el colapso de los sistemas.

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