A menos de tres meses de las parlamentarias, el CNE sigue sin ofrecer información sobre las nuevas máquinas, que no han sido presentadas a los representantes de los partidos que participarán el 6-D.
Caracas. El 7 de marzo un misterioso incendio, cuyas causas no han sido determinadas, quemó buena parte de las máquinas de votación que se encontraban en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicados en Fila de Mariches. A partir de esa fecha ha reinado una gran opacidad en las gestiones que ha adelantado el ente comicial para reponer los equipos y, a menos de tres meses para celebrar las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, los representantes de los partidos que decidieron inscribir candidatos señalan que todavía no han visto ni uno de los nuevos aparatos que se usarán el día de la elección.
Desde marzo el Poder Electoral no ha dado mayor información sobre lo que hizo para reponer los equipos. Apenas el 1° de septiembre el organismo se limitó a indicar que utilizará una “tecnología de avanzada” el día de los comicios, sin dar ningún detalle sobre el hardware (soporte físico) y el software (soporte informático) que se utilizará, la empresa fabricante, cuántas máquinas adquirió, cuál fue el monto pagado, si hubo un concurso abierto y dónde se encuentra la línea de producción de los aparatos.
Este 20 de septiembre la presidenta del Poder Electoral, Indira Alfonzo, reveló que el 6D no se usará tarjetón electoral electrónico, como en comicios anteriores, sino que se escogerá a los candidatos pulsando directamente en la pantalla de las máquinas. Aseveró que la investigación sobre el incendio en el galpón del CNE sigue “abierta” y que los informes que han llegado al organismos indican que este fue “provocado”.
Precisó que en el siniestro se perdieron unas 20 mil máquinas y señaló que la nueva compra de equipos ya venía siendo planteada durante la gestión de la anterior directiva del CNE que presidía Tibisay Lucena. “Esa adquisición estaba ya pensada por la institución. Toda la tecnología necesitaba ponerse a tono. Para el 2018 se hablaba del tema y se evaluaron varias opciones”, indicó en una entrevista que concedió a Venezolana de Televisión.
La funcionaria, sin embargo, no detalló el nombre de la empresa fabricante, cuántas máquinas fueron compradas y cuál fue el monto del contrato. Se limitó a indicar que las sanciones han dificultado la llegada de las máquinas al país. “El corredor aéreo está restringido por el bloqueo económico, tenemos el transporte en barco y han llegado en pocas cantidades. Ya se habló con la empresa y las maquinas van a estar en su totalidad para el 6D”.
Alfonzo agregó que, debido a la pandemia, las auditorías del sistema automatizado se harán de manera remota y que están trabajando para transmitirlas en vivo a través del portal del CNE. “Lo presencial está condicionado por la pandemia”. Indicó que serán agregados protocolos de bioseguridad en la herradura electoral que se usará el 6D, que permitan mantener el distanciamiento físico y que disminuyan el contacto entre el personal electoral y los electores.
Un técnico electoral, que pidió la reserva de su nombre, explicó que es probable que el organismo comicial implemente el mismo software que usó en comicios anteriores y que pertenece a la empresa Smartmatic, a pesar de que esta ya no presta soporte técnico al CNE desde 2017: “No tienen tiempo para hacer un software nuevo, tienen que hacer miles de programas y no tienen gente para hacer eso, a ese nivel de programación. Después de 2017 se hicieron varias elecciones y fue con el mismo software, no pueden inventar”.
El experto consultado indicó que cuando Smartmatic llegó a Venezuela entregó el código fuente del software al CNE, lo que le permite al Poder Electoral utilizar la misma tecnología, aunque no tenga el consentimiento de la empresa que desarrolló los programas. “El software lo puedes poner en cualquier máquina, es sencillo, no requiere una gran sofisticación, y luego es muy difícil probar que usaron el mismo software. Smartmatic entregó ese código fuente porque estaba empezando en el país, eso no lo suele hacer ninguna empresa. Seguro que las máquinas que no se quemaron, y ellos dicen que son viejas, van a tener el nombre de Smartmatic”, agregó.
De acuerdo con información extraoficial, El CNE habrían comprado unos 20.000 equipos para reponer los que se quemaron en el incendio, lo que coincide con los datos aportados por la presidenta del ente comicial. El técnico sostuvo que la opacidad es una práctica reiterada del organismo electoral: “Esa siempre ha sido la costumbre del CNE y eso alienta, a los que no están con el gobierno, a no votar”.
Vinculan a empresa con Jorge Rodríguez
Otro de los puntos en los que se impone la opacidad es el referido a la adquisición de los equipos, pues todavía no se conoce casi nada del proceso que siguió el CNE para traer las nuevas máquinas, ni cuánto fue el monto que se pagó por estos.
Hasta ahora solo existe la declaración del exvicepresidente del organismo Rafael Simón Jiménez, quien el 6 de agosto (día en que renunció al CNE) pidió a los medios investigar la contratación. “Las máquinas fueron dadas a una empresa que se llama Ex-clé. He invitado a los periodistas de investigación a que investiguen los términos de ese contrato y quién lo dio y cómo lo dio”, dijo. El exfuncionario agregó: “Las máquinas fueron compradas por el directorio dirigido por Tibisay Lucena. Cuando nosotros llegamos allí, ya se había dado ese contrato”.
La compañía Ex-clé S. A. tiene por lo menos 16 años en Venezuela, precisa la misma empresa en su página web. Se trata de una entidad argentina fundada el 24 de julio de 1998 por los socios y familiares Guillermo Carlos San Agustín y Eduardo César San Agustín. La compañía se dedica al desarrollo de tecnología de identificación biométrica y el armado de bases de datos informáticos.
Su llegada a Venezuela tuvo como propósito instalar el llamado Sistema de Autenticación Integrado (SAI), los famosos “captahuellas” que fueron utilizados por primera vez en el referendo revocatorio del año 2004, cuando Jorge Rodríguez presidía la Junta Nacional Electoral (JNE) y estaba encargado de la organización técnica de los comicios. Desde entonces han estado al frente de este sistema hasta los comicios para los concejos municipales de diciembre de 2018, como lo indica Excle –que tras un proceso de refrescamiento de imagen unió las dos sílabas y le quitó la tilde a la “e”– en su propia página Web.
A partir de ahí la expansión de la empresa en Venezuela ha sido sostenida y ha comprendido distintas áreas. En 2009 fueron contratados por la Alcaldía de Caracas, entonces presidida por el ahora integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez, para implementar “el sistema de recaudación de impuestos de la Alcaldía del Municipio Libertador”, según precisa la misma empresa en su página Web.
La entidad también es conocida por desarrollar el sistema de pago biométrico de bancos estatales, como los del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco del Tesoro, y por ser responsable del mecanismo a través del cual el Gobierno paga el petro, cuyo abono requiere estar inscrito en el llamado “Sistema Patria”, que algunas ONG, como el Centro de Justicia y Paz, han denunciado como un mecanismo de control social de la población. Las máquinas, que empezaron siendo usadas para verificar la identidad de los votantes, pasaron a ser utilizadas por el Ejecutivo en supermercados, farmacias y tiendas estatales para registrar y limitar la compra de productos de los ciudadanos.
Sin embargo, no fue sino hasta 2017 cuando el nombre de la empresa empezó a ser más notorio. En septiembre de ese año se conoció que esta iba a sustituir a Smartmatic como encargada del sistema automatizado de votación, luego de que Smartmatic denunciara que el CNE alteró los resultados de las cuestionadas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017.
Para la fecha la empresa aparecía como “inhabilitada” para contratar con el Estado. Sin embargo, según un reportaje publicado por IPYS Venezuela, la compañía continuó operando bajo otro nombre: Ex-Clé Soluciones Biométricas C. A, según el registro mercantil de la empresa, creada el 30 de mayo de 2016, cuyos dueños son Guillermo Carlos San Agustín, de nacionalidad argentina, que funge como socio mayoritario, y el venezolano Marcos Javier Machado Requena.
Técnicos electorales de la oposición cuestionaron la experticia de Ex-Clé en esta materia, pues su trabajo en las elecciones venezolanas siempre se limitó al sistema de identificación biométrica y sostienen que el contrato, si existe como lo señaló el exrector Jiménez, es simplemente una manera de “pagar los sueldos” de los técnicos que el CNE utiliza tradicionalmente para acondicionar el sistema automatizado. “Lo usaron para pagar los sueldos u otra cosa, pero no la contrataron para el software”, dijo un técnico.
El pasado miércoles la Asamblea Nacional (AN) creó una comisión especial, coordinada por el diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara), para investigar a esta empresa. Para Palacios hay vínculos entre los dueños de la compañía y el expresidente del CNE y ahora candidato del PSUV a la AN, Jorge Rodríguez: “Es una empresa tutorada por él. Siendo alcalde la contrata para diseñar el registro de contribuyentes de la Alcaldía de Caracas. Son elementos que dejan entrever que hay una relación cuando esa empresa vino para acá; sabemos que Rodríguez es quien viene manejando todo el tema electoral del PSUV”.
El parlamentario aseveró que la empresa fue habilitada en el registro nacional de contratistas el 7 de septiembre, un día después de que se diera a conocer que sería la encargada del sistema automatizado del CNE. Indicó que la instancia que coordina invitará a comparecer ante el Parlamento al exrector Jiménez y a la anterior directiva del CNE, presidida por Tibisay Lucena. “Investigaremos cómo fue esa contratación que parece no cumplir los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas. Esta empresa no tiene trayectoria ni experiencia en materia electoral”, advirtió.
Menos máquinas
Aníbal Sánchez, representante de la Alianza Democrática, que inscribió candidatos para los comicios, indicó que todavía las organizaciones políticas que van a participar el 6-D no conocen nada sobre el funcionamiento del sistema que se usará en diciembre. “No conocemos las máquinas que se usarán, pero al subir los electores por mesa de votación, se reducen en 4255 las mesas”, expresó.
El técnico explicó que, según el Registro Electoral definitivo, el día de los comicios funcionarán 29.622 mesas de votación, lo que representa 10.979 menos que en las parlamentarias de 2015 y 6458 menos que en los cuestionados comicios presidenciales de 2018. “Recordamos que en octubre del año 2019 el Registro Electoral contenía los datos de 20.708.983 electores ubicados en unas 33.877 mesas de votación”, acotó Sánchez.
Tanto Sánchez como técnicos de la oposición creen que la reducción en el número de máquinas que se van a emplear responde a que el organismo comicial espera una participación inferior a las de otros eventos electorales.
La reducción del número de máquinas también es un factor que preocupa por la mayor concentración de electores que habrá por cada mesa de votación, cuando el más reciente informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) estima que para la fecha de los comicios podrían ocurrir unos 14.000 casos diarios de COVID-19. En las elecciones de 2015 la cantidad máxima de electores por mesa eran 600, en 2017 era de 800, mientras que, de acuerdo con el RE definitivo entregado a los partidos, el próximo 6-D funcionarán 43 mesas con 950 o más votantes.
“Aquí es cuando la auditoría de catastro cobra importancia. No se ha publicado el tema de la herradura del centro de votación, pero no pude ser una herradura clásica. Tiene que preservar el distanciamiento social, no se puede dejar funcionar todas las mesas en la misma habitación, debe haber distanciamiento de los operadores, en las filas de electores. El acceso a la posibilidad de higiene de los miembros de mesas, que deben poder lavarse las manos y tener disponibilidad de agua”, indicó Sánchez.
Foto: Cristian Hernández/ Archivo Crónica Uno
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