La fiscal general volvió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia, pero esta vez no interpuso ninguna acción contra la Constituyente, sino contra los llamados magistrados “exprés” que fueron designados por el anterior Parlamento en diciembre de 2015.
Caracas. Desde que el pasado 31 de marzo cuestionara públicamente los fallos que en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional (AN), la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha sido objeto de descalificaciones e insultos de parte de quienes hasta ese momento la veían como una aliada, que han ido in crescendo. El diputado Pedro Carreño ha puesto en duda su salud mental, mientras que el también parlamentario Diosdado Cabello ha asegurado que le quedan semanas en el cargo y, por último, la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, la acusó de apropiarse de bienes ajenos.
La funcionaria ha hecho caso omiso a estos señalamientos, sin embargo, esta tarde denunció que los ataques ya no se limitan a ella sino que también han llegado hasta su familia y por ello responsabilizó al Gobierno de cualquier cosa que le pueda ocurrir a sus allegados.
“Quisiera hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas, este es un tema que deben resolver conmigo. Yo hago responsable de cualquier daño, lesión, agresión que pueda sufrir toda mi familia al Ejecutivo”, afirmó la funcionaria en una entrevista radial que concedió luego de demandar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la polémica designación de los 13 magistrados principales y 20 suplentes hecha por la anterior AN en diciembre de 2015.
Tras asegurar que algunos de sus parientes han recibido llamadas telefónicas y han sido perseguidos por “patrullas que parecen ser del Sebin”, Ortega Díaz responsabilizó al Gobierno de lo que le pueda pasar a cualquiera de sus seres queridos pues “el Sebin depende del Ejecutivo”.
A principios de año circuló la información de que una hijastra de la fiscal general fue secuestrada.
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Contra los magistrados
Horas después de que la Sala Electoral del TSJ rechazara la demanda de Ortega Díaz contra la Constituyente, la funcionaria volvió al máximo juzgado, pero esta vez no para interponer una acción contra la iniciativa presidencial sino contra los miembros del organismo, en particular contra los 13 principales y 20 suplentes que fueron designados en diciembre de 2015 por el anterior Parlamento en un cuestionado proceso de nombramientos.
“Es mi obligación como Fiscal General de la República sostener la institucionalidad del país y apelar a las atribuciones que me otorga el ordenamiento jurídico, por esa razón hoy fui nuevamente a objeto de impugnar la designación de estos magistrados que se realizó el 23 de diciembre de 2015 por la AN saliente”, afirmó la jefa del Ministerio Público (MP), quien justificó su decisión afirmando que dicho proceso de designaciones estuvo viciado.
“Yo advertí en esa oportunidad que ese proceso estaba mal hecho, pero tomaron decisiones a espaldas mías, al punto que el acta donde supuestamente se hizo la segunda preselección no está firmada por mí ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano”, dijo dejando en claro que fueron el contralor Manuel Galindo y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quienes enviaron al Parlamento la lista de la cual salieron los actuales miembros del TSJ.
Tras denunciar que “el TSJ ha sido un obstáculo para la paz del país”, Ortega Díaz achacó esta situación a la “legitimidad de origen” de sus miembros, lo cual, dijo, “afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones a la crisis del país, sino que por el contrario se encarga de acelerarla”.
En este proceso fueron designados magistrados Calixto Ortega, quien se había desempeñado como Vicanciller y candidato por el chavismo a diputado; Christian Zerpa, quien fue diputado y no logró ser reelegido; o Yván Darío Bastardo, quien fue destituido en 2007 de su cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas por órdenes de la propia Sala Constitucional.
La fiscal general con su acción lo que aspira es que los 13 magistrados principales y 20 suplentes sean desincorporados y sus designaciones anuladas. Sin embargo, las posibilidades de que esto ocurra son escasas. A lo largo de 2016 el nuevo Parlamento intentó dejar sin efecto estos nombramientos, pero la Sala Constitucional bloqueó todos sus intentos, tal y como reseñó Crónica.Uno en su oportunidad.
En su sentencia número 9 la intérprete de la Carta Magna le arrebató al Legislativo la faculta de revisar sus propios actos y anular, por ejemplo, las designaciones de funcionarios como los magistrados. ¿La razón? “La AN no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados del TSJ (…) pues además no está previsto en la Constitución atenta contra el equilibrio entre poderes”, dictaminó en esa ocasión, en la cual estipuló que la única manera para despojar a un magistrado de su toga y mazo es mediante un proceso donde la Fiscal, el Contralor y el Defensor deben calificar una falta grave y luego dos tercios de los diputados (112 legisladores) deben tomar la decisión.
Con todo, el artículo 90 del Reglamento Interno de la AN sí prevé esta posibilidad, bajo el principio de autotutela.
Meses después rechazó una demanda que un abogado interpuso contra la elección de algunos de los candidatos, por considerar que no cumplían los requisitos y que habían demostrado un evidente sesgo político o habían sido sancionados. Incluso multó al demandante con más de 8000 bolívares por irrespetuoso.
Por último, en su sentencia 341 anuló la reforma que la AN hizo a su ley para, entre otras cosas, ampliar el número de miembros de la Sala Constitucional desde los siete actuales hasta 15, porque la misma buscaba “copar de nuevos integrantes esta instancia judicial para entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución, con fines claramente políticos”. Asimismo, dictaminó que cualquier ley debe salir de su seno.
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