A doce detenidos de La Victoria, estado Apure, que fueron presentados ante los tribunales militares de San Cristóbal, estado Táchira, les abrieron juicio este martes porque se negaron a admitir la iniciativa de la Defensa Pública de aceptar la comisión de delitos. Esto mismo ocurrió con el grupo que fue presentado el lunes 7 de junio.
San Cristóbal. Los doce detenidos en el estado Apure, a propósito del enfrentamiento entre disidentes de las FARC y la FANB en la población de La Victoria, que estaban pendientes por la primera audiencia en los Tribunales Militares del estado Táchira fueron pasados a juicio, luego de no admitir los delitos imputados por el la Fiscalía y el tribunal militar.
Activistas de FundaRedes informaron que si bien en un primer momento se acordó la liberación de Mario Pereira de 65 años de edad, el lunes pasado la excarcelación no se ha concretado.
Destacan nuevamente que la Defensa Pública insiste a los aprehendidos en que admitan al menos el cargo de sustracción de objetos pertenecientes a las FANB; sin embargo, los jóvenes detenidos se rehusaron aceptar la “oferta”, por cuanto aseguran no haber cometido ninguno de los delitos que se les imputan.
Vale recordar que a los 27 detenidos se les imputan cargos de traición a la patria, rebelión, sustracción de elementos de las FANB, ultraje al centinela, entre otros. Todos quedaron recluidos en el área de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira.
El lunes pasado se realizó la audiencia preliminar a 13 de los 31 detenidos en 21 de marzo cuando comenzaron los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y la FANB, conflicto que se prolongó por más de dos meses y tuvo como consecuencia 16 militares fallecidos y un número indeterminado de funcionarios heridos.
También hubo cinco civiles asesinados y más de 5000 desplazados hacia Colombia, así como el secuestro de ocho militares venezolanos por las FARC, que posteriormente, fueron liberados.
A esos 13 detenidos presentados ante el tribunal militar el lunes pasado les abrieron juicio igualmente por no haber aceptado los cargos imputados.
Frente Institucional Militar
Los integrantes del Frente Institucional Militar (FIM) emitieron un comunicado para fijar posición sobre el conflicto entre las disidencias de las FARC y la FANB.
Los oficiales en condición de retiro señalan: “Es vergonzosa rendición de la FANB ante un reducido grupo de facinerosos a quienes una cúpula del organismo de defensa, eunucos en el arte de las operaciones militares, entregaron una importante porción del territorio nacional luego de una humillante rendición”.
“Es condenable e inconcebible de acuerdo con la razón de ser de una Fuerza Armada, que sin el empleo de las potencialidades y recursos de los que tanto hace gala, se retire y entregue una importante porción del territorio nacional a delincuentes extranjeros, permitiéndoles que lo ocupen victoriosos y ufanos del éxito de sus acciones. Cierto es que, debido a la desastrosa planificación y reprobable ejecución de las operaciones, estaba secuestrado por los forajidos un grupo de soldados y oficiales a quienes había que rescatar, obligación también de un ejército en operaciones de combate”, refieren en el comunicado.
“Tal rescate debió convertirse en una importante misión adicional a la del combate, asignada a efectivos con habilidades especiales y con el objetivo claramente determinado de recuperarlos en buen estado físico, no mediante una rendición incondicional que afecta la moral y dignidad de los integrantes de esa institución y lo que es peor, e inaceptable, mediante la entrega del territorio cuya guardia y custodia justifica la existencia de esa fuerza armada”, se lee.
Criticaron que el “abandono e irresponsabilidad de los mandos militares al abandonar los cuerpos, en nuestro propio territorio, de los efectivos que entregaron sus vidas en el cumplimiento de infames órdenes y que fueron recuperados por la piadosa acción de un sacerdote, que logró llegar a ellos con la ayuda de los lugareños y sin ninguna participación de las unidades militares a las que pertenecían”.
Llamaron a la ciudadanía a que se exija la destitución de los mandos “ya que no han tenido la suficiente hidalguía como para renunciar a sus puestos voluntariamente, y que se les someta a juicio por haber renunciado al sagrado deber de defender y mantener la soberanía del país sobre un territorio, indudablemente parte indiscutible del ámbito geográfico nacional, y por su supina ignorancia de la responsabilidad y funciones del comandante cuando empeña a su unidad en acciones de combate”.
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