El Poder Legislativo alzó su voz en defensa del derecho a militar en partidos políticos que luchan por recuperar la democracia. Plenaria resaltó que mientras Maduro persigue a VP, él y sus colaboradores han sido señalados de tener vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas por la ONU. Diputados exigieron libertad de los ciudadanos larenses detenidos por protestar por falta de servicios públicos.
Caracas. Los partidos políticos de oposición en Venezuela, saben por experiencia repetida, que el garrotazo contra uno viene seguido del garrotazo contra los demás. Así, pese a las diferencias entre la dirigencia de la oposición en los últimos meses, este martes, sin dudarlo, todos cerraron filas en apoyo a Voluntad Popular.
Ya lo habían hecho de manera individual el pasado 25 de mayo, pero ahora le endosaron el soporte de la única institución legitimada por el voto popular y reconocida por la comunidad internacional.
En su décima sesión plenaria virtual, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo que rechaza las nuevas amenazas judiciales que se ciernen sobre el partido Voluntad Popular, a raíz de la maniobra que adelantan el Ministerio Publico en manos de Tarek William Saab y el TSJ dirigido por Maikel Moreno.
El acuerdo advierte que mientras la administración de Nicolás Maduro busca catalogar al partido Voluntad Popular como una organización terrorista, el propio Maduro y sus más altos colaboradores han sido señalados nacional e internacionalmente por sus relaciones con figuras pertenecientes a organizaciones terroristas catalogadas así por la ONU, entre ellas Hamas, Hezbollah, ELN, Frente Popular para la Liberación de Palestina, FARC, Guardia Revolucionaria Iraní y ETA.
“Existen claros indicios de colaboración entre diversos miembros del régimen de Nicolás Maduro con las organizaciones terroristas”, dice el documento. A continuación, citan la presencia del “canciller de las FARC”, Rodrigo Granda, en suelo venezolano en 2005, las denuncias periodísticas sobre la entrega de pasaportes venezolanos a presuntos terroristas y la presencia “en calidad de protegido” de alias Jesús Santrich, disidente de las FARC, en Venezuela.
Sin mezquindades
En el debate y en el acuerdo aprobado, la Asamblea Nacional defendió la vocación democrática de VP, sus dirigentes, simpatizantes y militantes y rechazó de manera tajante “cualquier acción del régimen de Nicolás Maduro dirigida a profundizar el esquema de persecución contra la unidad democrática al pretender declarar a Voluntad Popular como organización criminal con fines terroristas”.
Además, los diputados ratificaron que ni el fiscal designado a dedo por la constituyente, Tarek William Saab, ni los magistrados del TSJ nombrados en un procedimiento violatorio de la Constitución son autoridades legítimas y, por tanto, sus decisiones son desconocidas por la AN.
VP recibió discursos de solidaridad de todas las fracciones parlamentarias: PJ, AD, LCR, UNT, 16J y Encuentro por Venezuela (que agrupa a las minorías). Por VP tomó la palabra el diputado Armando Armas, quien agradeció el espaldarazo y resaltó que en democracia los partidos luchan por el poder, pero en Venezuela “la lucha unitaria es por la vida y la democracia y no hay espacio para mezquindades”.
Por su parte, el presidente Juan Guaidó, quien a principios de año solicitó la separación de su militancia del partido Voluntad Popular, expresó: “Seguimos adelante con firmeza. El terror lo sienten los dictadores cuando se organiza y se une el pueblo en torno a una causa justa”.
Jueza persigue a personas con discapacidad
Me informar que la Juez 7mo de Control No otorgó hoy la libertad de Luis Pérez , solicitado por sus abogados en un recurso de reconsideración porque Necesita un informe médico que Certifique que Luis padece Síndrome de Down. ¿Hasta Cuando tanta Crueldad ? pic.twitter.com/aWfQtwuYJK
— Alfonso Marquina (@DipMarquina) May 25, 2020
En la jornada, los diputados del bloque parlamentario del estado Lara presentaron un acuerdo que fue aprobado también por unanimidad, en repudio a las detenciones arbitrarias, torturas y procesos judiciales viciados contra ciudadanos larenses que a lo largo del mes de mayo han salido a las calles de ese estado a protestar por la crisis de los servicios públicos y han sido detenidos.
A la fecha, dijo el diputado Ángel Torres, 34 personas han sido apresadas en Lara, de las cuales 27 siguen privadas de libertad y siete tienen libertad condicional.
La indignación de los parlamentarios se enfocó en tres casos puntuales: el de Luis Pérez, un ciudadano con Síndrome Down que rompió en llanto frente a la juez séptima de control Ana Tovar, desconcertado por no comprender lo que ocurría; el de Humberto Carreño, quien padece de escoliosis severa y necesita cuidados especiales para su condición; y el de Giovanni Meza, quien sufrió convulsiones en plena audiencia de presentación y al ser llevado a un centro de salud se pudo determinar que tenía cinco costillas fracturadas. Los tres tocaban cacerolas. Solo Carreño recibió medida cautelar.
El acuerdo denuncia cómo la audiencia del Tribunal Séptimo de Control de Lara en manos de la jueza Ana Tovar “es muestra de la arbitrariedad, saña y encono con que son tratadas las víctimas” del sistema judicial en Venezuela; exige la libertad plena para estos detenidos y para todos los presos políticos de Nicolás Maduro; advierte que gobernadores y alcaldes oficialistas han dictado medidas arbitrarias en el marco de la cuarentena; y solicita una medida cautelar de protección para los habitantes de la Urbanización Sucre de Barquisimeto, constantemente asediados por los cuerpos de seguridad por protestar.
DirecTV
En la sesión de este martes, los diputados también ofrecieron sus puntos de vista sobre la salida del país de la empresa DirecTV. La presidenta de la comisión de Poder Popular y Medios, Amelia Belisario, sostuvo que “el 19 de mayo DirecTV se vio obligada a cerrar operaciones en Venezuela ante las presiones del régimen en su interés de proteger a empresarios corruptos sancionados”, lo que dejó sin el servicio a más de 6,5 millones de venezolanos y sin empleo a unas 600 personas.
“Quedaron sin recreación en medio de la pandemia. El régimen es el responsable de que los venezolanos no tengan DirecTV”, sentenció.
El acuerdo aprobado por la plenaria rechaza la violación del derecho a la información y a la libertad de elegir los contenidos de manera autónoma, así como a la recreación de la familia. Asimismo, compromete al parlamento a llevar la denuncia ante instancias internacionales, e instó a la ciudadanía a denunciar el atropello y reclamar su derecho a través de todos los medios alternativos.
En la plenaria también se aprobó un acuerdo en apoyo a la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los venezolanos migrantes. Al cierre de la sesión, Guaidó informó que el jueves de esta misma semana habrá otra plenaria ordinaria.
El quorum de funcionamiento de esta sesión virtual fue de 104 diputados, sin embargo, llegaron a conectarse más de 130 entre principales y suplentes.
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