El desespero por llegar rápido a sus hogares o lugares de trabajo hace que muchos paguen sin chistar, mientras que otros buscan equilibrar sus finanzas utilizando el Metro de vez en cuando. La anarquía del transporte público ha llegado a tal punto que algunas rutas han sido eliminadas de facto o asumidas por unidades piratas.
Caracas. Unos cobran 300 bolívares de pasaje y otros 500; algunos cobran menos al día siguiente, mientras que otros aumentan. El transporte público en Venezuela vive un momento crítico y la falta de autoridad se hace más evidente.
El cobro de pasaje ha pasado a ser más una imposición de los transportistas que los usuarios aceptan ante la falta de respuesta del Estado o de alternativas más económicas.
Miranda Arreaza es estudiante de un instituto universitario del centro de Caracas y vive en el pueblo de Baruta. Todos los días llega a Chacaíto preguntándole al colector de turno cuál es el precio actual del pasaje. Le sorprende que aún sean 300 bolívares tomando en cuenta que la ruta es de un municipio a otro y que desde la semana pasada ha pagado 500 bolívares por ir de un punto a otro de la avenida Universidad.
El colapso del Metro de Caracas obliga a muchos a utilizar el transporte superficial para llegar a sus destinos, lo que se traduce en un golpe más al bolsillo de los caraqueños. Pero no saber a ciencia cierta cuál es el precio del pasaje pone en jaque a más de uno que va por la calle “con lo justo”.
Por ahora este es el precio, cuando se vaya a aumentar lo diremos con antelación como siempre se ha hecho“, afirmó un conductor de la ruta Las Minas-Chacaíto.
Aunque los usuarios han “normalizado” la situación del precio del pasaje, aún surgen fricciones entre pasajeros y transportistas. La anarquía del transporte público ha llegado a tal punto que algunas rutas han sido eliminadas de facto o asumidas por unidades piratas que cobran “lo que les da la gana”.
Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, considera que tal anarquía se debe a la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, encargadas de fijar el monto del pasaje en cada jurisdicción.
Salazar critica también que el Estado –en este caso, el Ministerio de Transporte– no actúe en consecuencia del caos del sector, sino solo en situaciones puntuales. Pone como ejemplo la Semana Santa de este año, cuando el ente habilitó un gran número de unidades Sitssa para trasladar pasajeros desde Gato Negro hasta el litoral. Propone que los autobuses de dicho servicio sean utilizados para aliviar el caos que reina actualmente en Caracas pues “es deber del Estado” garantizar el transporte y la movilidad de los ciudadanos.
Está en contra de que los conductores aumenten el precio del pasaje mínimo arbitrariamente pues esa facultad es exclusiva de las alcaldías de cada municipio, pero advierte que la necesidad del caraqueño por movilizarse hace que acepte tácitamente tal “abuso” al no contar con alternativas de transporte. En Plaza Venezuela, por ejemplo, los transportistas cobran entre 700 y 1000 bolívares por trasladar usuarios hasta Caricuao o Las Adjuntas directamente por la autopista Francisco Fajardo.
El desespero por llegar rápido a sus hogares o lugares de trabajo hace que muchos paguen sin chistar, mientras que otros buscan equilibrar sus finanzas utilizando el Metro de vez en cuando. Si las líneas ya establecidas legalmente hacen aumentos sin aval oficial, estas nuevas rutas o asociaciones no son la excepción. Hugo Ocando, presidente del Bloque de Conductores del Oeste, señala que los bajos costos del pasaje han propiciado que muchos conductores se dediquen a la “piratería”, incumpliendo rutas o creando nuevas.
Lamentablemente se está creando anarquía en el sector por la falta de atención gubernamental. Todo lo que nosotros proponemos es porque queremos recuperar el gremio y que se vuelva a la normalidad”, menciona Ocando.
Una de las propuestas hecha recientemente por los transportistas fue la de equiparar el precio del pasaje a un centavo de dólar estadounidense, tomando como referencia el tipo de cambio Dicom, pero hasta ahora no han recibido respuesta oficial. Otra consiste en que el Estado le otorgue a cada persona con discapacidad, adulto mayor y estudiante un “bono de transporte” de 100 pasajes mensuales.
Ocando niega que desde el gremio de transportistas busquen enriquecerse a costilla de los usuarios. “Nosotros no somos autoridad para aumentar la tarifa. Hemos hecho algunos ajustes que han aceptado los usuarios porque están conscientes de que si no tenemos ingresos no podemos reparar ni mantener las unidades”, advirtió.
Duncan y Titán ofrecerán descuentos en baterías a transportistas
Durante la noche del martes, Néstor Reverol –quien ocupa el cargo de Ministro de Interior y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios– informó en su cuenta de Twitter que las empresas Duncan y Titán ofrecerán 50 % de descuento a transportistas y que las mismas serán distribuidas a través de la Misión Transporte. También aseguró que no se le deberá cobrar montos adicionales por instalación de baterías o flete.
Sin embargo, la distribución de insumos por parte de la Misión Transporte se ha llevado a cabo de forma intermitente e irregular. Ocando menciona que –por ejemplo– el lunes la misión le ofreció 24 cauchos a 12 socios de una organización de 150 integrantes, es decir, dos cauchos por vehículo. Denunció que las autoridades gubernamentales le exigen a los transportistas reconocer a Nicolás Maduro como presidente a cambio de venderle insumos con descuentos, por lo que –opina– el ofrecimiento de baterías tendrá la misma tónica.
“Ofreciendo baterías con descuentos, el Gobierno nos está dando la razón. La batería más cara se consigue en 250 dólares, ellos saben que con lo que gana un transportista no alcanza para comprar insumos o repuestos”, mencionó.
Se conoce de manera extraoficial que será aprobado en Gaceta Oficial el incremento del pasaje mínimo urbano a 300 bolívares (328,57 % de aumento).
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