Los operadores de por lo menos 10 estaciones en Caracas tienen 72 horas para entregarles las bombas a Pdvsa, y entre las estaciones de servicio afectadas están la de Chuao (al lado de IBM), El Cafetal y la de Parque Cristal, ambas autorizadas para cobrar en dólares; 16 en Carabobo y una en Sucre.

Caracas. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) empieza a consolidar una política de revocar concesiones de las estaciones de servicio, tras subir el  precio de la gasolina y permitir la venta de combustible en divisas. Un proceso que comenzó a inicios de mes en una gasolinera del estado Sucre, posteriormente en Carabobo, y esta semana llegó a Caracas.

Este sábado 27 de junio por lo menos 10 concesionarios de estaciones de servicio en Caracas recibieron una comunicación de Pdvsa en las que rescinde, de forma unilateral, los contratos y les otorga un plazo de 72 horas para entregar los expendios a la estatal petrolera.

En las comunicaciones a las que tuvo acceso Crónica.Uno, firmadas por el director gerente del mercado interno de Pdvsa, Marino José Lugo Aguilar; la empresa petrolera indica que “de acuerdo a las condiciones establecidas entre Pdvsa Petróleo y el expendedor la compra, venta y suministro del combustible, mediante instrucción emanada del Ministerio del Poder Popular del Petróleo a través del Ejecutivo Nacional establece que el servicio del expendio de combustible es un servicio público y de primera necesidad, de obligatorio cumplimiento, ostenta carácter de continuidad e igualdad en el sentido de que tales actividades, por disposición del expendedor, no pueden ser interrumpidas bajo ningún pretexto o circunstancia (…)”.

Además en la comunicación enviada a las estaciones de servicio invocan el decreto de Emergencia Económica cuya vigencia fue extendida el 5 de enero de este año.

Lee también
Trabajadores petroleros protestaron por segunda vez en julio y piden renuncia de Wills Rangel

Explica el funcionario en la misiva que Pdvsa Petróleo “podrá rescindir el contrato de forma unilateral y en cualquier momento sin hacerse responsables por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto”.

En 2008, con la Ley Orgánica del Reordenamiento Mercado Interno de Combustibles Líquidos, el Estado se reservó todas las actividades relacionadas con la venta, producción, importación y distribución de combustible, sin embargo, algunas bombas fueran cedidas bajo la figura de concesión a operadores privados.

Artículo 1.  Esta Ley Orgánica tiene por objeto reservar al Estado la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre Petróleos de Venezuela S.A., sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio.

La comunicación la recibieron los concesionarios de estaciones que estaban vendiendo combustible tanto a precio subsidiado como en divisas, que son los casos de las gasolineras de Chuao y Parque Cristal. 

En el país existen alrededor de 1650 estaciones de servicio, la mayoría es manejada por privados y unas 200 por la estatal petrolera.

El 30 de mayo el gobierno de Nicolas Maduro aumentó el precio de la gasolina y autorizó a 200 estaciones a expender combustible sin restricción de cantidades ni días a un precio de 0,50 dólares por litro; mientras que el resto de las bombas debían vender la gasolina a 5000 bolívares el litro hasta un máximo de 120 litros mensuales a quienes se encuentren registrados en el Sistema Patria. 

Entre las estaciones autorizadas a vender en divisas había algunas manejadas por gobernaciones, como la bomba de Las Morochas en la autopista Regional del Centro, que está en manos de la Gobernación del estado Aragua.

Los ajustes en el precio ocurrieron después de que llegaron al país 1,5 millones de barriles de gasolina de Irán, uno de los aliados del Gobierno. La importación ocurre en momentos en que el circuito refinador, con capacidad de procesar más de 1 millón de barriles, opera a baja capacidad por la desinversión y la falta de mantenimiento.  

En la primera semana de junio la Gobernación de Sucre tomó el control de cuatro estaciones de servicio y la semana pasada la Gobernación de Carabobo pasó a manejar 16 gasolineras. Fuentes del sector señalaron que la medida podría seguirse extendiendo a otras regiones. 

En el caso del estado Carabobo, entre las estaciones expropiadas están la Cabriales, Guaparo, Shopping Center, Prebo, Los Nísperos, La Granja, Morón-Puerto Cabello, entre otras.

Lee también
Lo más reciente del 4 de agosto de 2020

Luego del cambio en el sistema de cobro de la gasolina, el Gobierno estaba tras las divisas que generan esta actividad. El Banco Central de Venezuela en días pasados le pidió a los bancos que los dólares que se obtuvieran por la venta de gasolina fueran ofrecidos en el mercado a través de mesas de cambio. Las instituciones financieras incluso estaban haciendo gestiones para abrir las cuentas en divisas a los operadores privados de las estaciones de servicio. Pero ahora eso queda en duda, dijo una fuente.

La crisis global en el mercado petrolero, la caída de la producción de crudo y las limitaciones por las sanciones  de Estados Unidos han impactado en el flujo de ingresos de la administración de Nicolás Maduro, y en las últimas semanas las ventas de divisas en efectivo en el mercado cambiario han sido menores que a inicios del 2020, de allí la urgencia del ente emisor de aumentar la oferta de dólares con las divisas por la venta de gasolina.

Cámara de Comercio de Caracas exige respeto a las leyes 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas rechazó la expropiación de las estaciones de servicios en la ciudad capital,

En un comunicado el gremio exigió a las autoridades y a los directivos de las empresas públicas, garantizar los derechos fundamentales de las empresas y empresarios, así como dirigir su acción administrativa de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

La Cámara de Comercio de Caracas pidió al gobierno de Maduro aplicar de forma irrestricta lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción durante la vigencia del estado de emergencia económica y el estado de alarma, especialmente en la garantía del debido proceso.

Demandaron evitar actuaciones que no contribuyan a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar.


Participa en la conversación