Los representantes de ambas delegaciones, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, leyeron un comunicado conjunto que resultó de cinco sesiones de trabajo y tras las que se acordaron la restructuración total del TSJ y la atención a víctimas de los terremotos con activos de Venezuela en el Banco de Inglaterra.
Caracas. Con la promesa de reiniciar el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia del Poder Judicial venezolano, renovar completamente el Poder Judicial y promover la recuperación de activos venezolanos en el extranjero, cerró el primer ciclo del diálogo político iniciado el pasado 6 de agosto entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El cierre de esta primera ronda, efectuado este miércoles, 12 de agosto, deja sobre la mesa los compromisos asumidos por ambas partes, aunque persisten las dudas sobre su materialización efectiva en el corto plazo, especialmente en lo que respecta a la renovación judicial y la recuperación de activos en el exterior.
El noveno intento de conversaciones entre el chavismo y la oposición, desde que Nicolás Maduro llegó al poder y tras su precipitada salida del poder, cerró esta fase inicial con el anuncio de que se designará un nuevo comité de postulaciones, obviando el que el Parlamento actual había designado a finales del pasado mes de mayo.
Los acuerdos fueron detallados en un documento conjunto leído en televisión nacional por los líderes de ambas partes, Dinorah Figuera (oposición), quien encabeza la AN que Estados Unidos considera el último Parlamento legítimamente electo antes del actual Parlamento, y Jorge Rodríguez (chavismo). Sin embargo, no se dio espacio a preguntas de la prensa o comentarios adicionales por parte de los voceros.
Primeros acuerdos
El texto establece dos grandes acuerdos con varias vertientes. El primero implica “trabajar en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros”. De esta forma se busca mantener la atención a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron daños y personas afectadas en distintos estados del país.
“En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados”,
se desprende del escrito.
En materia judicial, se acordó “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia” que se enfoca en cuatro vertientes:
- Reformar la Ley Orgánica del TSJ y otras leyes del sistema de justicia. Estas modificaciones definirían nuevas reglas para el funcionamiento de la máxima instancia judicial del país.
- Renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, instancia encargada de conducir el proceso de selección de los aspirantes a magistrados.
- Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ. Esto implicaría sustituir la actual composición de la máxima instancia judicial.
- Conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ. Esto para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.
Según los voceros, el cronograma de ejecución de estos acuerdos iniciará este mismo mes de agosto “con los anuncios oficiales y acciones concretas” y quedará “bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”.
Contra el hermetismo
El cierre de la jornada inicial del diálogo estuvo marcado por una protesta organizada por la Coalición Sindical Nacional. Durante la mañana de este miércoles, los manifestantes marcharon desde Chacaíto hasta la entrada del Hotel Meliá Caracas para reclamar la falta de acercamiento de los representantes opositores con sectores sociales como los trabajadores.
El grupo fue recibido por un piquete y funcionarios antimotines de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que les impidieron el acceso al hotel.
Los manifestantes pretendían entregar un documento a Figuera y a su comisión para manifestar su “profundo desconcierto” en torno al “hermetismo” de las conversaciones y la fórmula establecida para las discusiones que no permite, aseguraron los voceros de la Coalición Sindical, revisar a profundidad la crisis social y política que atraviesa Venezuela.
El dirigente de la organización sindical, Carlos Salazar, insistió en que los acuerdos deben concentrarse en la juramentación del opositor Edmundo González Urrutia como presidente del país, con base en el fraude electoral denunciado desde 2024. Con esto hizo alusión a las denuncias de la oposición sobre irregularidades en las elecciones presidenciales de ese año.
Salazar convocó una nueva manifestación para el próximo 6 de septiembre, para que la voz de los trabajadores sea tomada en cuenta en estas discusiones.
Las conversaciones siguen
Este proceso, que arrancó el 6 de agosto pasado con una foto formal frente a una bandera nacional y con restricciones a la prensa, ha estado marcado tanto por la expectativa diplomática como por la opacidad y la tensión política.
Las negociaciones iniciaron en un escenario fuertemente controlado, la base militar de La Carlota, para luego trasladarse al Hotel Meliá Caracas.
La cobertura periodística ha sufrido severas restricciones, destacando el acoso denunciado contra la comunicadora Deisy Martínez, repudiado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y la prohibición absoluta de usar teléfonos celulares o grabar audio y video dentro de las salas de reunión para los fotógrafos que eran los único autorizados para entrar.
A pesar de la falta de declaraciones presenciales y de que las delegaciones se han limitado a difundir comunicados por redes sociales, se estableció una hoja de ruta con principios fundamentales.
En esta primera fase se incluyó el reconocimiento mutuo y el trato paritario en la mesa, con igualdad formal entre las delegaciones. También, la búsqueda de una salida política, pacífica, constitucional y de buena fe para beneficio del país.
Además, se pactaron pautas para el cumplimiento verificable de los acuerdos y la estricta defensa de la soberanía nacional, así como garantías para los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas involucradas.
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