El economista Víctor Álvarez plantea que el Fondo Humanitario Venezolano sea supervisado por organismos multilaterales y sirva para atender las necesidades alimentarias, de salud y servicios públicos de los sectores más vulnerables. Afirma que la sociedad civil debe exigir que se priorice el uso del dinero proveniente del alivio de sanciones en beneficio de la mayoría de la población.
Caracas. Aunque la concreción del anuncio sobre una posible flexibilización de sanciones económicas contra Venezuela aún está muy lejos, pues ni siquiera ha sido emitida la licencia de la OFAC que le permitiría a Chevron reunirse con representantes de Nicolás Maduro para revisar la situación comercial, la sociedad civil comienza a alzar su voz para exigir que el beneficio de tales acuerdos no se quede en las cúpulas del poder político, financiero y empresarial, sino que le llegue directamente a la gente.
El economista y profesor universitario Víctor Álvarez es una de esas voces y esta semana propuso la creación de un Fondo Humanitario Venezolano que se alimente de los recursos que entrarán al país como resultado de la flexibilización de sanciones con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de la población y mejorar los servicios públicos.
La propuesta se alinea con los planteamientos formulados también esta semana por académicos de la talla de Marianella Herrera, José Ignacio Hernández, Francisco Rodríguez y Luis Pacheco en un foro virtual, en el que abogaron por el diseño de mecanismos de transparencia para la distribución de los recursos adicionales que ingresarán al país producto de la flexibilización de sanciones.
El Fondo, explica Álvarez en su propuesta difundida a través de su canal digital Pedagogía Económica, sería supervisado por organismos multilaterales de alta confiabilidad como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Cruz Roja Internacional.
“Para garantizar que los ingresos petroleros adicionales que reciba Venezuela (luego de que se autorice la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos) sean destinados a financiar los programas de la emergencia humanitaria y a repotenciar los servicios públicos, se propone crear un Fondo Humanitario Venezolano el cual funcionaria bajo supervisión internacional. Ese fondo podría recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos”, dice Álvarez en su propuesta.
Advierte, que si la ciudadanía no exige de manera clara y contundente que esos recursos se inviertan en el bienestar de la gente, los únicos beneficiados serán los grupos políticos, económicos y financieros.
“La sociedad civil debe alzar su voz, de lo contrario, la flexibilización de sanciones solo va a servir para que Chevron recupere sus negocios en Venezuela, para que los bonistas cobren la deuda que tienen pendiente o para que los proveedores estadounidenses puedan exportar de nuevo sus productos al país, pero esos ingresos no se reflejarán en una mejora de las condiciones de vida de las familias venezolanas”, afirma.
Crónica.Uno contactó a Víctor Álvarez para conocer más detalles de su propuesta.
¿Del total de ingresos que perciba el Estado por la flexibilización de sanciones y reapertura de negocios petroleros y de otra índole, qué porcentaje se debería destinar al fondo?
–Este Fondo Humanitario Venezolano garantizaría que el mayor porcentaje de esos ingresos se destinen a atender los programas de la emergencia humanitaria relacionados con alimentación y medicinas para sectores más vulnerables y repotenciar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los hogares venezolanos, azotados por los cortes eléctricos, el racionamiento de agua potable, escasez de gas doméstico, la mala calidad de los servicios de telefonía e internet. El porcentaje sería parte de la negociación política que hay que hacer; lo importante es que el mayor porcentaje sea administrado a través de una nueva institucionalidad, supervisión internacional de organismos como el PNUD, la FAO, la OMS y la Cruz Roja Internacional.
¿Por cuánto tiempo debería operar el fondo?
–Debería ser un fondo de larga duración, porque no solamente recibiría los ingresos petroleros adicionales producto de la flexibilización de sanciones, sino que también podría recibir donaciones y realizar inversiones rentables para hacer crecer el patrimonio del fondo e ir puliendo su institucionalidad, para que el gobierno de turno utilice los rendimientos que generen las inversiones del fondo como parte de los ingresos complementarios al presupuesto. El fondo sería permanente y crecería de manera sostenida a partir de los ingresos que se depositen en él, las donaciones que reciba y las ganancias que obtenga por sus inversiones.
¿Quiénes diseñarían los proyectos en los que se invertirían los recursos del fondo: el gobierno, los entes supervisores, las comunidades?
–Los proyectos que financie el fondo serían presentados por organizaciones humanitarias y de derechos humanos que atienden la emergencia social que tienen conocimiento de la gravedad del problema y tienen conexión directa con los sectores más vulnerables de la población. La idea es que a través de este fondo humanitario se canalice la atención de proyectos concretos presentados por comunidades afectadas, por organizaciones que atienden la emergencia humanitaria, por iniciativas que están conectadas con la problemática social, pero que no tienen acceso a las fuentes de financiamiento del gobierno. Sería entonces un mecanismo para que estos recursos se canalicen a la atención directa de los problemas de alimentación, salud, los servicios públicos (electricidad, agua, gas doméstico, telecomunicaciones) y por esa vía se garantice su uso transparente, a través de la contraloría social y la vigilancia que los propios receptores hagan de estos recursos con apoyo de las organizaciones humanitarias, de derechos humanos y la sociedad civil.
¿La idea de crear este fondo humanitario una propuesta personal o nace en el seno de alguna organización de la que usted forma parte?
–La propuesta del Fondo Humanitario Venezolano es muy reciente. Surge al calor de los debates en el Grupo de los 25 que firmamos la carta al presidente Joe Biden en abril pasado y ante el escepticismo y las dudas planteadas por algunos sectores sobre el destino que podrían tener los recursos adicionales que se deriven de la flexibilización de las sanciones. Hay quienes temen, con mucha razón, que estos recursos puedan ser despilfarrados o que se pierdan en la corrupción. Ya hay muchos antecedentes sobre la cantidad de fondos públicos que fueron saqueados y terminaron depositados en paraísos fiscales como Andorra y ante ese temor sustentado, se comienzan a generar ideas para que esta vía que se está construyendo para la flexibilización de sanciones genere los recursos financieros que el país necesita y su destino y uso estén garantizados.
¿Usted ha presentado su idea a actores políticos, por ejemplo, los que están sentados en la mesa de diálogo en México, a sectores de la sociedad civil que intentan incidir en las políticas públicas como el Foro Cívico, o ante la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez?
–Como dije, es una propuesta reciente, pero lo que he planteado es la necesidad de presentarla en las direcciones nacionales de los partidos políticos para explicar los efectos no deseados que ha tenido el sobrecumplimiento de las sanciones económicas en las organizaciones humanitarias, de derechos humanos y en la empresa privada, para que haya una mayor comprensión del impacto de estas sanciones en la sociedad venezolana. Igualmente llevarlo a las juntas directivas de los sindicatos, gremios y grupos empresariales para que se cree una matriz de opinión favorable a la iniciativa y se convierta en un clamor nacional; que sea el país, la voz de la sociedad civil la que exija al gobierno y a la oposición la creación de una figura como el Fondo Humanitario Venezolano que pueda recibir aportes internacionales para asegurar el financiamiento de los programas de la emergencia humanitaria y atención de las condiciones de vida de las familias venezolanas.
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