Protestas por falta de gas doméstico y cobro de sobreprecio aumentan en Valencia

Lacava toma el control del gas doméstico

Desde el año pasado se viene acentuando la crisis del servicio. En noviembre, el gobernador Rafael Lacava dictaminó que los alcaldes de Carabobo se encargarían de la venta y distribución del gas para aliviar la crisis. Sin embargo, en Valencia se ha agudizado el problema y cobran hasta más de 3.000 bolívares por el producto cuando su costo es 0,05 bolívares.

Valencia. Las manifestaciones por falta de gas doméstico van en aumento en Valencia. Durante la Semana Santa los afectados no descansaron e hicieron sentir su descontento con protestas que consistieron en cerrar calles y avenidas al sur de Valencia, la zona más afectada por la escasez del combustible.

Una de las quejas más comunes es el sobreprecio, pues los vecinos denuncian que las bombonas se están cobrando a un costo equivalente al dólar negro. También es frecuente escuchar que el encargado de Fundasocial en la Alcaldía de Valencia, Yonder Silva, no atiende a los ciudadanos sino que envía emisarios que cobran por llevar el gas a las comunidades.

Entre las zonas afectadas se cuentan El Impacto I y II, Bella Vista I y II, El Consejo, Ricardo Urriera, Flor Amarillo, La Isabelica, Santa Rosa, 13 de Septiembre, Bello Monte, entre otras comunidades que se encuentran en la parroquias Miguel Peña, Rafael Urdaneta y La Candelaria, todas barriadas populares al sur de la capital carabobeña.

Los residentes aseguran que están cansados de cocinar a leña pues esa práctica ha causado enfermedades respiratorias a niños y ancianos. A raíz de la falta de gas doméstico también surgió un nuevo negocio: la venta de leña. Por los paquetes que traen cinco pedazos de madera cobran hasta 2500 bolívares en efectivo. En caso de que el comprador no los tenga, los vendedores que se encuentran en el sector Plaza de Toros y Periférico de La Candelaria aceptan el trueque por un alimento no perecedero.

El malestar llevó a los afectados a protestar en la sede de la Alcaldía de Valencia, el pasado 12 de abril. No recibieron respuestas por parte del alcalde Alejandro Marvez, quien desde noviembre de 2018 asumió la responsabilidad de venta y distribución de gas doméstico, por orden del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

La falta de gas se viene presentando desde el año 2018. El 6 de noviembre, Lacava decidió que los 14 alcaldes de Carabobo se encargarían de la venta y distribución de la venta del combustible. En esa oportunidad, a través del secretario de gobierno Jesús Santander, subrayó que la orden es que los alcaldes tienen que asumir el control del gas en cada uno de sus municipios y eso debe ser cumplido por la gerencia de Pdvsa Gas Comunal en Carabobo.

“Estos trámites y la compra de tres chutos que se unirán a la flota de unidades, para trasladar el gas hasta Carabobo, permitirán agilizar la transferencia de ese producto hacia los llenaderos de la entidad y así brindar a los carabobeños mejoras en la comercialización”, indicó entonces.

No obstante la realidad es otra. Un trabajador allegado a Gas Comunal que no quiso revelar su nombre por seguridad, aseguró a Crónica.Uno que desde la alcaldía de Valencia están alquilando gandolas para poder trasladar las cisternas de gas, por lo cual realizan el cobro de entre 2.200 bolívares y 4.800 bolívares según el tamaño del cilindro a abastecer, que va desde los 10 kilos a los 43 kilos.

Aceptan responsabilidades

Un vecino de la parroquia Rafael Urdaneta entregó durante Semana Santa al equipo de Crónica.Uno un audio donde Alejandro Marvez, enviaba un mensaje a los habitantes de la parroquia Negro Primero, en el que reconoció el problema de los servicios públicos. En referencia a la falta de gas doméstico, aceptó que está ocurriendo a nivel nacional, y reveló que desde que estuvo en campaña electoral “hay cosas que no funcionan”.

También hizo referencia a la responsabilidad de ser garante de la distribución y venta del gas doméstico, “para ayudar a Pdvsa Gas”, y que han invertido fuertes sumas de dinero para la logística de los cisterna. Atribuyó el problema a la corrupción a la que se prestan algunos integrantes del sindicato de Gas Comunal.

“Esta gente se ha dado la tarea a utilizar el camión cisterna que estamos pagando nosotros y que muchas veces paga el pueblo organizado, para hacer sus negocios para venderlo al privado a granel, para vender las bombonas en una cantidad exorbitante, para pervertir y desvirtuar la filosofía de la empresa Pdvsa Gas”. Reconoció que la distribución y venta del gas doméstico no es competencia de la Alcaldía de Valencia. “Sin embargo estoy asumiendo y estamos destinando recursos para resolver ese problema”.

En el audio el alcalde oficialista exhortaba a los ciudadanos acompañarlo en la exigencia de que les sean entregados los llenaderos de gas, pues a su juicio ahí radica la corrupción y por ello hay escasez de ese rubro. “Yo le pido a ustedes me apoyen y apoyen al gobernador de poder tomar las plantas y recuperar la distribución normal del gas. Es mucho dinero lo que cuesta traer el producto para acá”.

El burgomaestre negó en el audio que esté estipulado un cobro, sin embargo la realidad es otra, pues una trabajadora de Fundasocial, adscrita la Alcaldía de Valencia, indicaba a unos ciudadanos durante una actividad pública: “Vamos a venderla ahorita a 1500, para salir del paso; próximo despacho griten, chillen, pataleen o tranquen, va a ser a 3000”.

La fuente ligada a Gas Comunal, manifestó que solo están dando el tanque cisterna en calidad de préstamo mientras que las gandolas son alquiladas. El precio del gas con la reconversión monetaria de septiembre 2018 quedó fijado en 0,05 bolívares.

En Carabobo hay siete plantas de llenado, de las cuales tres se encuentran en el municipio Valencia. El equipo de Crónica.Uno, en la búsqueda de información oficial, acudió a la sede de Gas Comunal Carabobo, ubicada en la zona industrial de Valencia, y encontró que ya no funcionan allí las oficinas y se convirtió en un cementerio de vehículos. Se contactó al gerente estadal José Fernando Pérez, que lleva tres años frente a la empresa, pero se negó a ofrecer información.


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