Jubilados que solo tienen un retiro en papel porque su vida laboral aún se desarrolla y empleados que se ven en la necesidad de “matar tigres” para tener ingresos adicionales, así viven ahora los trabajadores del Ejecutivo regional para quienes vivir de su salario ya no es una opción viable.
Barcelona. Cuando llegó el esperado día de cobrar sus prestaciones sociales, Rubén Darío Pulido cuenta que a su esposa le dijo la siguiente frase: “Mi amor monta la olla que hoy comemos bien”. Este extrabajador de la Gobernación de Anzoátegui es uno de los tantos que apela a un rebusque para sobrevivir y otros tantos, también dependen de una remesa para tener un nuevos sustento salarial.
Con cierto tono de jocosidad Rubén Darío afirma que su aspiración de un buen almuerzo se desvaneció al momento de llegar a la oficina de Recursos Humanos de la Gobernación de Anzoátegui y conseguirse con una sorpresa nada agradable: sus prestaciones sociales, luego de 30 años de servicio en la policía del estado, se redujeron a la írrita suma de 178 bolívares.
Superado el shock de aquel momento vivido a finales de enero de 2019, Pulido hoy tiene una jubilación solo en el papel, aún se mantiene trabajando y cumpliendo función como vigilante en cualquier residencia que requiera de sus servicios para llevar el pan a su casa.
Mi aspiración era que en mi vejez yo gozara de mi jubilación. Sorpresa para mí cuando veo que mi jubilación salió en 2017, no me dejaron irme y tuve que trabajar durante todo 2018 por negligencia de la administración de personal. Un día me aparezco uniformado en la comandancia de Polianzoátegui y cuando me ve el supervisor jefe, me pregunta que qué hacía allí. Le dije que trabajando y él me dijo que no, que yo estaba jubilado y que me fuera a mi casa”.
Cuando escuchó que ya estaba jubilado, dice, lo primero que Pulido pensó fue: “Ahora sí me puse en los billetes”, pero la historia fue distinta.
Llamé a mi esposa y le dije, voy a hacer un buen mercado, pero cuando llego nada, me conseguí con 178 soberanos, ¿qué podía comprar con eso? Para mí fue una sorpresa enorme. No me puse a llorar porque de qué me serviría. 30 años de servicio tirados a la basura y, de paso, mochos porque ahí solo me pagaron 28 años de trabajo. Fui a la Contraloría y al Ministerio del Trabajo, pero me dijeron que el Estado no arremetía contra el Estado. Yo contaba con unas prestaciones sociales y ahora tengo que seguir trabajando para vivir”.
A sus 70 años de edad, el expolicía señala que aún tiene que someterse a regímenes laborales de 12 horas diarias e incluso tiene que dormir en cartones donde labora porque no tiene hijos y es el único sostén de su casa.
Amaliban Padilla trabaja en una escuela dependiente del Ejecutivo estadal en el área administrativa. Los retrasos en los pagos de las quincenas que ya se han hecho cotidianos la llevaron a vender “tetas” (helados) y matar tigres como peluquera para tener una entrada de dinero adicional en su hogar, dinero que es complementado con lo poco que le pueden enviar sus hijas que emigraron hace un año a Perú.
Sufre de la cervical y asegura que pasa más días en cama que de pie, días que se vuelven un infierno porque además no goza de seguro médico y en la clínica de los trabajadores de la Gobernación, es poco lo que pueden hacer por ella.
Soy peluquera, pero tengo que matar tigritos aunque tengo problemas de cervical. Mis hijas me ayudan un poco, porque es difícil estar en el extranjero y más en esta situación que tienen ahorita, por eso es que sobrevivo. El sueldo que nos pagan aquí no alcanza para nada y, con la pelea que tienen entre el Consejo Legislativo y la Gobernación, no cobramos a la fecha, si no hago así ya habría muerto de hambre”.
Ultimátum laboral
Pulido y Padilla forman parte del universo de más de 27.000 trabajadores dependientes de la Gobernación de Anzoátegui, que este martes tienen previsto realizar una asamblea en la Casa Sindical de Barcelona, con la finalidad de lanzar un ultimátum en el cual una de sus peticiones serán las mejoras salariales de manera inmediata.
José Hurtado, presidente del sindicato Urepanz, sostiene que si bien saben que la responsabilidad de la debacle salarial de los empleados de la Gobernación no es de exclusiva responsabilidad del gobernador Antonio Barreto Sira, este tiene su parte de cuota, “al no acompañar la lucha de sus trabajadores”.
“Si bien tenemos introducidos unos amparos constitucionales en contra del instructivo Onapre, solicitaremos que los trabajadores administrativos y obreros dependientes del sector 8 sean migrados a cualquier dirección para proteger los intereses de la clase trabajadora como el bono vacacional, el cual con el método Onapre se desmejoró de 160 días a 60 días y el de fin de año de 140 a 120 días, con esas desmejoras el trabajador pierde 70 % de los ingresos anuales”.
Mientras prosperan los recursos de amparo y se pide además una revisión a la Ley de Presupuesto regional, aspiran que se plasmen las solicitudes de la clase trabajadora. El obrero Evelio Azócar tiene que realizar trabajos de albañilería para llevar el sustento a su casa.
“Ya estamos cansados de tanta burocracia. Nosotros queremos soluciones, no para los sindicatos, sino para la masa trabajadora. Aquí los trabajadores no tienen para comer, se desmayan, muchos desayunan agua con azúcar para poder aguantar. Yo de mi salario no tengo beneficio alguno, me valgo de lo que sé de albañilería y pintura para poder tener ingresos y llevar la comida, tengo dos niñas y necesitan vivir, necesitamos soluciones reales”.
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