Tras meses de evaluación y horas de entrevistas a posibles candidatos, la AN ratificó en su cargo al Defensor Público General encargado, Daniel Ramírez Herrera, quien ahora ocupa el puesto de manera formal. Defensores de DD. HH. han denunciado que desde ese despacho se ha usado la defensa pública como apéndice del Poder Judicial.
Caracas. La “revolución judicial” que se había prometido desde la AN volvió a quedarse corta en su aspecto de cambio revolucionario, esto luego que el martes el Parlamento decidiera ratificar a Daniel Ramírez Herrera en el cargo.
Ramírez Herrera, quien ahora ocupa el cargo de forma “legítima”, era el funcionario que desde el pasado 12 de mayo asumió las riendas de la Defensoría Pública General, órgano que está encargado de proveer de defensa legal a los ciudadanos que no cuenten con los recursos para pagar una defensa privada.
A pesar de no tener mucho tiempo en el cargo, Ramírez Herrera no realizó modificación alguna a la política de Estado de asignar defensores públicos a ciudadanos procesados por el poder judicial por hechos de naturaleza política.
Su designación al cargo, ya de manera formal por parte de la AN, puede interpretarse como un visto bueno para que esta política que ha sido criticada dentro y fuera de Venezuela se mantenga.
Acaba de ser designado x la AN como Defensor Público General de la República Bolivariana el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera. Tiene el deber del resguardo integral de los derechos humanos y al debido proceso de cada venezolana y venezolano. Felicitaciones!! pic.twitter.com/rCypvUNdwB
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 26, 2022
“Son cambios para que nada cambie”
Joel García, abogado especialista en Derecho Penal y defensor de DD. HH., criticó la designación de Ramírez Herrera y la supuesta “revolución judicial”. Asegura que son “cambios para que nada cambie” y para proyectar hacia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional la imagen de que desde el gobierno se busca mejorar.
Hay muchas denuncias al debido proceso y en todas ellas siempre está un defensor público. Verdaderamente da tristeza que en Venezuela seguimos y seguiremos en las mismas por mucho tiempo, a pesar de que existen investigaciones de la Corte Penal Internacional. Esta gente (el chavismo) no está dispuesta a cambiar nada”, expresó.
García insistió que en los últimos años la Defensoría Pública General “ha dejado mucho que desear” por su manejo de casos políticos y otros acusados de terrorismo, esto –según él– porque asigna defensores que cumplen instrucciones del Poder Judicial, lo que los ha convertido en apéndices de este poder.
En estos casos generalmente los defensores no apelan las decisiones que se toma el tribunal, no ejercen las excepciones en descargo de los defendidos. La defensoría pierde su naturaleza que es estar al lado del justiciable. Se ha convertido en un apéndice del Poder Judicial, del juez, de la Fiscalía, para ellos poder perpetrar las violaciones de DD. HH. como ha pasado desde hace mucho tiempo”, criticó.
El jurista afirmó que la designación de Ramírez Herrera como nuevo Defensor Público General refleja que esta política de violación de los derechos de acusados en el país cuenta con el visto bueno del gobierno de Nicolás Maduro. “El hecho de que ratifiquen a esta misma persona te dice que para el gobierno está bien como lo ha hecho”, concluyó.
Participa en la conversación