El sector construcción es el más afectado por la crisis ha perdido más de 3000 puestos de trabajo. Luis Rodríguez Mayz, secretario ejecutivo del Sindicato Único de la Industria de la Construcción, alertó que el nuevo instrumento impositivo frenará proyectos que vendrían a alentar esa área económica.
Porlamar. Si la crisis económica, la falta de seguridad jurídica y la Ley de Registros y Notarías ha deprimido la industria de la construcción en Nueva Esparta, la puesta en vigencia de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, constituye una otra estocada para ese sector.
Luis Rodríguez Mayz, secretario ejecutivo del Sindicato Único de la Industria de la Construcción en la entidad, expresó que el instrumento legal en vigor desde este lunes, sepulta las pocas esperanzas de una recuperación de esa actividad económica que, en los últimos años ha perdido alrededor de 3000 puestos de trabajo en las islas de Margarita y Coche.
Reiteró que en estos momentos esa área se encuentra paralizada en más de 95% y solamente, algunos trabajos de la gobernación, ha demandado personal a esa organización sindical.
Desde el año pasado habíamos previsto un despertar de la construcción en Margarita, ya que hay empresarios extranjeros interesados en adquirir algunos hoteles y parques temáticos que se encuentran cerrados desde antes de la pandemia, con la intención de reactivarlos y eso nos había generado muchas expectativas para los primeros meses de este año. Ahora con ese nuevo impuesto, no solamente se ven afectados los empresarios sino también el mismo trabajador”, indicó el dirigente sindical.
Rodríguez Mayz recalcó que la Ley de Registros y Notarías ya había dado un fuerte zarpazo a esa industria.
Abogó por una revisión a los instrumentos que vienen a “acorralar” aún más a esa industria y exigió al gobierno de Nicolás Maduro, que garantice la seguridad jurídica que permita el retorno de las inversiones en áreas como la hotelería y el turismo, para que pueda darse un nuevo despertar en el sector que, hasta hace algunos años atrás, era junto con el Puerto Libre y el turismo, uno de los tres con mayor capacidad empleadora.
Política impositiva confiscatoria
Desde el sector empresarial, Gabriel Briceño, primer vicepresidente de Fedecámaras Nueva Esparta, remarcó que ven con preocupación el impacto de la promulgación de instrumentos legales tanto en el ámbito regional como nacional y advirtió que la voracidad fiscal avasalla la leve recuperación económica en puertas, y lamentó que lo peor de todo es que la consecuencia siempre la sentirá el consumidor.
La Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras va a impactar severamente la actividad turística, va a promover el comercio informal, porque muchas empresas al verse afectadas buscarán evadir el peso”, alertó Briceño.
Añadió que, cuando la confiscatoriedad sobre el ingreso de la empresa privada es permanente, no ven más que cierres de establecimientos.
En ese sentido, consideró determinante que exista empatía entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el empresariado, para dialogar sobre su capacidad tributaria, ya que, a su entender, de nada sirven leyes que no se puedan honrar y cuya incidencia impacte de tal manera las estructuras de costo, que al final perjudiquen al consumidor.
Todo para las arcas públicas
El dirigente empresarial adelantó que, con apoyo de Comisión Legal de Fedecámaras, analizan la política impositiva actual y les preocupa que los cambios solo estarían considerados para engrosar las arcas públicas.
Lo mismo, advirtió con los servicios como el agua, la electricidad, permisos de seguridad como los del cuerpo de bomberos, cuya sinceración de tarifas tiene un fuerte impacto en el presupuesto de comercios y empresas de todos los ramos productivos.
Anunció que para formalizar algunos planteamientos que eviten mayores caídas del comercio, Fedecámaras gestionará a partir de esta semana una agenda de reuniones con los encargados de instituciones relacionadas con el tema.
La propuesta es aplicar una mayor gradualidad en los cambios, pues, hay que partir de que la crisis que viene arrastrando el país se acentuó con la pandemia y apenas los empresarios están ante una incipiente recuperación.
Recalcó que tratan de evitar: “Es pasar de técnicamente quebrados a efectivamente quebrados”.
La petición es revisar y evaluar la política impositiva y de costos de servicio, que garantice que no se violen principios de tributación constitucional.
Calculó que los gastos mensuales de un comercio medio pueden llegar a los 1000 dólares, y sentenció que es un hecho demostrable que los ingresos no guardan relación con esa erogación.
Golpe al consumidor
Jesús Hernández, gerente de un hipermercado de Porlamar, se mostró confundido con la puesta en vigencia del nuevo impuesto.
No obstante, enfatizó que, para hacer cumplir la nueva carga impositiva, están obligados a incrementar los precios de los productos en al menos 3%.
“Es lamentable que sea el consumidor quien pague los platos rotos”, acotó.
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