Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron determinar si el gobierno de Nicolás Maduro es responsable por la violación sistemática de derechos humanos. Eurodiputada pidió a la UE plegarse a la petición. Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que respeta la actuación. Comisión de Política Interior de la AN respaldó la actuación de los gobiernos del continente.
Caracas. Los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron este miércoles a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que “inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas”.
Así lo señala el texto de la carta remitida por los gobiernos a Bensouda.
Dicha solicitud se realizó en base al artículo 14 del Estatuto de Roma, que faculta a los Estados partes “a remitir una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes competencia de la Corte y pedir que se investigue para determinar si se ha de acusar la comisión de tales crímenes a una o varias personas”.
Los referidos países sustentaron la petición en varios documentos: primero, en la comunicación emitida el pasado 2 de febrero de 2018 por la propia Bensouda, en la que informa que abriría un “examen preliminar para determinar si, al menos desde abril de 2017, se han cometido crímenes competencia de la Corte en el marco de las manifestaciones” en Venezuela.
En segundo lugar, los países se apoyaron en el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017, titulado Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, “que resalta la debilidad institucional de la democracia y el deterioro progresivo de los derechos humanos en Venezuela, que se han profundizado desde 2015 y de manera alarmante en 2017”.
Los seis gobiernos también se apoyaron en el Informe del Panel de Expertos de la OEA, publicado el 29 de mayo de este año, que recoge, por un lado, los testimonios de decenas de víctimas de la represión y persecución del Estado venezolano y, por el otro, el análisis de una tríada de expertos en crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, también consideran el informe presentado en junio de este año por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, titulado Violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, una Espiral Descendente. Este informe está basado en 150 entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y personas relacionadas con los hechos de persecución.
Todos estos documentos acompañaron la solicitud de los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.
Plan Zamora bajo la lupa
En la carta remitida a Bensouda, los países destacan que “un aspecto particularmente dramático estaría dado por la realización de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso en perjuicio de personas de ambos sexos, incluso algunos menores de edad”.
Además, no dejan pasar por debajo de la mesa que las actuaciones de represión del Estado contra civiles, particularmente durante el año 2017, estuvieron enmarcadas en el denominado Plan Zamora.
Indican que las acciones generalizadas o sistemáticas se inscribirían en la existencia de planes de seguridad como el Plan Zamora, diseñados por el gobierno de Maduro. Resaltan la participación en esos planes tanto de fuerzas de orden del Estado como de “organizaciones y grupos de personas afines al Gobierno, que no integran dichas fuerzas, pero que actúan de manera coordinada con estas como parte de una política de Estado contra la oposición”.
Los crímenes
Señalan los gobiernos que los crímenes que sustentan la petición y que solicitan a la fiscal de la CPI constatar son: “asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y la desaparición forzada de personas”.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló:
Hemos tomado esta importante decisión en respuesta a numerosos informes creíbles que alegan que se han cometido graves crímenes internacionales en Venezuela”.
La Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet dijo que respeta la actuación de los seis gobiernos.
La Alta Comisionada de @UNHumanRights , Michelle Bachelet, “respeta la decisión” de 6 países pidiendo a la Corte Penal Internacional que investigue a #Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.
Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá firman la denuncia. pic.twitter.com/lualOWUaW7
— Noticias ONU (@NoticiasONU) 26 de septiembre de 2018
Por su parte, la europarlamentaria Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo, instó a ese ente a sumarse a la solicitud de investigación.
“Venezuela no puede esperar más. Líderes ejemplares en Latinoamérica y Canadá toman posición inequívoca. Apelo de nuevo a la UE, a Federica Mogherini, a cumplir con su obligación y llevar ante la justicia internacional los crímenes del narcorrégimen de Maduro”, escribió Becerra en Twitter.
La AN reacciona
La comisión de Política Interior acordó este miércoles dar un “apoyo absoluto a las gestiones democráticas adelantadas por los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá”. La propuesta fue presentada por la presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, Adriana Pichardo (VP). Los diputados acordaron solicitar a la Asamblea Nacional un pronunciamiento sobre esta materia en su próxima sesión plenaria prevista para el 2 de octubre.
En su programa en la emisora RCR750, la presidenta de la comisión de Política Interior, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), resaltó hoy que estas acciones no son contra los países ni contra los habitantes de los países, sino contra personas específicas dentro del Gobierno, sospechosas de cometer violaciones a los derechos humanos.
La Corte Penal es independiente. Cuando se recaban las pruebas se procede conforme a lo que dice el Estatuto de Roma. Hay una fiscal principal, que es la fiscal Fatou Bensouda, y hay un fiscal auxiliar, que es un canadiense con amplia competencia en derechos humanos. Luego están los jueces de la Corte Penal Internacional. No es que una persona va a tomar una decisión sino que eso obedece a todo un sistema”, señaló.
Con respecto a la duración de este proceso penal, Solórzano aclaró que el Estatuto de Roma no establece lapsos (en efecto, hay juicios que tienen más de 10 años). Admitió que el proceso no es rápido, pero es eficiente.
No obstante, Solórzano consideró que la participación de los seis países “sin duda dará un impulso importante y le pone el acelerador al proceso”.
Recordó que cuando se abrió el proceso probatorio el pasado febrero y la fiscal Bensouda inició el examen preliminar del caso, la Asamblea Nacional se hizo parte del proceso y remitió informes y documentos que sustentan casos de violaciones de derechos humanos, recogidos por la comisión de Política Interior.
Fotos Maru Morales P., cortesía CPI y archivo Crónica.Uno
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