Seis sentencias ha dictado el TSJ en los dos meses que tiene el estado de alarma

Poder Judicial

Transparencia Venezuela y Acceso a la Justicia denuncian que el sistema de guardias implantado por el máximo juzgado, en el marco de las medidas para evitar la propagación del COVID-19, no ha servido para garantizar la continuidad de la justicia.

Caracas. Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que había tomado medidas para garantizar que el sistema de administración de justicia no se paralizara, como consecuencia del estado de alarma decretado por Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia del COVID-19, la realidad indica lo contrario. Y prueba de ello es que desde el pasado 16 de marzo el máximo juzgado apenas ha dictado seis sentencias.

Todos los dictámenes fueron emitidos por la Sala Constitucional, la cual junto con la Electoral, está “de guardia”, para atender cualquier solicitud de amparo que los ciudadanos interpongan, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 001, 002 y 003 que la Sala Plena ha dictado en marzo, abril y el pasado 13 de mayo; y en la cuales cerró el grueso de los juzgados y suspendió las causas en curso.

Hasta el momento la escasa actividad de la intérprete de la Carta Magna, la cual normalmente es la instancia del TSJ que más decisiones adopta, se ha centrado en avalar las decisiones de Maduro de prorrogar el estado de excepción y emergencia económica vigente desde 2016 (sentencia 56 y 60) y de decretar y extender el estado de alarma (sentencias 57 y 58) o para declarar que el procurador encargado de la República, Reinaldo Muñoz, es en realidad el titular del organismo, sin necesidad de que la Asamblea Nacional lo avale (sentencia 59).

Sin embargo, la última anunciada el 15 de mayo está relacionada con el caso de los sucesos ocurridos en Macuto el pasado 3 de mayo y en ella la intérprete de la Carta Magna desechó la petición de habeas corpus que Andreina Baduel interpuso contra el Ministerio del Interior para determinar el paradero de su hermano, Josnars Adolfo, quien fue aprehendido durante las acciones para neutralizar a la llamada Operación Gedeón. Ambos jóvenes son hijos del exministro de la Defensa, Raúl Baduel, quien se encuentra también privado de libertad por presuntamente conspirar contra el Gobierno.

En contraposición, la Sala Electoral no ha informado que haya tomado alguna decisión, pese a que tiene numerosos asuntos pendientes. “El caso más destacado es el relacionado con los cuatro diputados del estado de Amazonas, que desde hace más de un año se encuentra en etapa de sentencia, porque los magistrados ya recibieron las pruebas y escucharon a las partes en la audiencia oral y pública”, denunció la organización Transparencia Venezuela, a través de su portal Suprema Injusticia.

No mucho mejor en otras instancias

La situación en el resto del Poder Judicial no parece ser mucho mejor. Al menos esta es la conclusión a la que se llega ante lo informado por el máximo juzgado, el cual hasta el momento solo ha publicado, a través de su cuenta de Facebook, 18 notas de prensa dando cuenta de decisiones adoptadas por los juzgados penales que están de guardia, la mayoría de ellas relacionadas con violaciones a la cuarentena, contrabando de gasolina, con algunos hechos de sangre y, más recientemente, con los sucesos ocurridos en Macuto.

El TSJ no ha omitido informar sobre los casos de periodistas, médicos y ciudadanos detenidos por informar o emitir opiniones por redes sociales en relación con la gestión de la pandemia o por la escasez de gasolina; a los cuales se les ha aplicado la cuestionada normativa contra el odio. Espacio Público ha registrado 28 aprehensiones solo durante la cuarentena.

Desde Acceso a la Justicia se han cuestionado las medidas adoptadas por el TSJ, por considerarlas insuficientes. «No se indica cuáles son los tribunales penales de guardia, tampoco su dirección electrónica, ni las de los demás órganos de administración de justicia, lo que es esencial para el acceso a la justicia en términos reales”, afirmó la organización al cuestionar la tercera prórroga del nuevo modelo de funcionamiento del Poder Judicial.

La decisión de cerrar los juzgados y de paralizar los lapsos procesales implica que miles de divorcios, juicios por custodia de niños o manutención, demandas civiles por daños, así como pleitos de particulares contra el Estado por expropiaciones o multas se encuentran engavetados.

Deseos no empreñan

Desde el máximo juzgado reconocen que la pandemia ha paralizado a la justicia y que estrategias como las reuniones físicas que dos veces por semana mantienen los miembros de la Sala Constitucional, aunado al contacto permanente por Whatsapp, no han dado los resultados esperados.

Sin embargo, ha sido la magistrada Bárbara César, integrante de la Sala Político Administrativa, quien ha admitido abiertamente que las medidas aplicadas por el TSJ no harán más que agravar el retardo procesal y lo hizo a través de un documento que presentó a sus colegas con el propósito de que decidan poner en marcha la llamada “justicia virtual”.

“Es menester constatar que no se están desarrollando actividades judiciales propias de cada uno de los diferentes procesos en los expedientes, salvo excepciones por carácter de urgencia. Un gran número de las solicitudes, medidas procesales en curso, no han podido seguir su curso normal, entorpeciendo el ejercicio cierto de la justicia”, reconoció la funcionaria en su propuesta “Procedimiento especial y único de audiencias virtuales y/o a distancia, aplicables en situaciones extraordinarias, de fuerza mayor, excepcionales y/o calamitosas”.

La Constitución, en su artículo 339, establece claramente que la declaratoria de alguno de los tipos de estado de excepción “no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público”.

En el documento de 37 páginas de extensión, César propone que se utilicen las nuevas tecnologías para celebrar sus actos, tal y como ya lo vienen haciendo los poderes judiciales de México, Argentina, Brasil o Colombia.

No obstante, el hecho de que el TSJ ni siquiera tenga su página web en funcionamiento revela lo cuesta arriba que será poner en marcha esta propuesta. “La propuesta es oportuna y necesaria. La Sala Plena debería considerarla, pero creo que no hay ninguna intención de hacerlo, porque el sistema informático del Poder Judicial está destruido”, apuntó una colega de la proponente.


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