Aunque el Gobierno reporta menos delitos, el campo enfrenta extorsiones, robos e invasiones. Por ello, los ganaderos piden presencia militar e impulso a la Ley Penal Ganadera para garantizar la seguridad jurídica y la producción de alimentos.
Caracas. Bajo el asedio constante de bandas armadas que imponen el cobro de extorsiones y despojan de sus bienes a las familias campesinas, el sector agropecuario venezolano se encuentra en un punto crítico.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y diversos voceros del campo alertan que sin seguridad personal y jurídica no hay posibilidad de producción ni inversión, por lo que urgieron a la Asamblea Nacional y a los cuerpos de seguridad a frenar la impunidad que destruye el trabajo rural.
Aunque el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz reporta un descenso de la inseguridad en Venezuela en los últimos dos años, organizaciones independientes señalan que, pese a la reducción general impulsada por la migración y la reconfiguración criminal, las áreas mineras e industriales mantienen tasas superiores a los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El sector rural enfrenta este escenario mediante denuncias por abigeato (robo de ganado) e invasiones de tierras por parte de grupos armados que ejercen control territorial en diversas regiones del país.
En algunas zonas del sector pecuario, relativo a la cría de ganado, a estas dificultades operativas se suma la alerta por problemas sanitarios como la rabia bovina, una enfermedad viral infecciosa que afecta al sistema nervioso de los animales. Todo esto complejiza aún más el panorama para la producción.
Ante esta situación, productores y trabajadores del campo exhortaron a las autoridades a agilizar la aprobación de la Ley Penal para la Actividad Ganadera. El gremio concibe este instrumento como un primer paso imprescindible para garantizar la seguridad personal y jurídica, la protección legal sobre la propiedad y el trabajo, en las unidades de producción del territorio nacional.
Asimismo, solicitaron la intervención de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales para neutralizar a los grupos criminales que operan, según sus denuncias, con total impunidad.
Amenaza constante a productores
Un productor agropecuario del estado Guárico, quien solicitó la reserva de su identidad por seguridad, denunció que la extorsión en las zonas rurales se ha convertido en una constante sin freno institucional.
“Los productores vivimos bajo amenaza constante. Si no atiendes las llamadas ni pagas las vacunas (cobros ilícitos exigidos por delincuentes), comienzan las represalias: te roban el ganado, contaminan e incendian los cultivos, o se meten de madrugada en las fincas para llevarse animales, combustible y maquinaria. Esto solo se detiene cuando comienzas a pagar”, explicó a Crónica Uno.
El productor recordó que a principios de este año, Ricardo González, productor de Las Mercedes del Llano, fue secuestrado y asesinado por grupos armados al negarse a pagar extorsiones.
“A este compañero lo mataron por no ceder. En su momento hubo revuelo porque era una persona conocida y respetada en el sector. Pero nadie sabe a cuántos pequeños productores les han quitado la vida en silencio, o cuántas familias prefieren no denunciar para evitar males mayores”, lamentó.
El representante del gremio enfatizó en la urgencia de desarticular estas estructuras delictivas: “En Guárico, Zulia, Táchira, Mérida y Lara estamos desprotegidos. Necesitamos mayor seguridad y que se ponga fin a las bandas que destruyen nuestro trabajo”.
Exigen garantías para producir
Con el objetivo de resguardar la inversión agrícola y estabilizar el abastecimiento alimentario, la junta directiva de Fedenaga exigió a las autoridades encargadas del Ejecutivo la restitución de la seguridad jurídica y el cese definitivo de las invasiones. La solicitud se realizó durante su primer Consejo de Directores en San Fernando de Apure.
El presidente de la entidad gremial, José Labrador, José Labrador, subrayó la necesidad de frenar las agresiones al sector pecuario y sugirió tomar como modelo las acciones implementadas en Apure.
“Proponemos detener las intervenciones y perturbaciones a la actividad ganadera, tal como se ha articulado en Apure con el respaldo del gobierno regional y el Ejecutivo”, sostuvo.
Asimismo, Labrador reiteró el llamado a la Asamblea Nacional para aprobar la reforma de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera. Esto con el fin de adecuarla a los preceptos constitucionales.
Destacó que entre 85 % y 87 % de los afiliados posee rebaños pequeños (de 10 a 20 animales). Por esta razón, pese a que son más, enfrentan las mayores trabas para acceder a la justicia formal.
En el mismo encuentro, Fedenaga anunció la creación de una sala situacional estadística y de planificación. Esta herramienta técnica estará orientada a recopilar datos oficiales sobre las necesidades del sector para diseñar planes de desarrollo sostenible, proyectos que satisfacen las necesidades presentes sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.
“Sin seguridad no hay producción; y sin seguridad ni producción, no hay inversión”, señaló la directiva.
Reforma a leyes ganaderas
Por su parte, Luis Pérez Stüve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), hizo un llamado a la junta directiva de la Asamblea Nacional para retomar la discusión de la Ley Penal de la Actividad Ganadera y revisar la actualización de la Ley de Tierras.
“Es pertinente reactivar esta agenda legislativa porque el proyecto de ley ya cuenta con un avance importante. Solo resta su segunda discusión y posterior ejecútese, en el marco del diálogo que la Asamblea Nacional sostiene con el sector agropecuario”, precisó.
Pérez Stüve añadió que es fundamental seguir perfeccionando la seguridad jurídica. “Reconocemos mejoras en los últimos años, pero persisten focos puntuales que debemos atacar. El productor debe enfocarse en producir, mejorar la genética y elevar la producción de carne y leche, no en vigilar sus talanqueras, (los portones o cercas de entrada a las fincas)”.
Respecto a la Ley de Tierras, puntualizó que el texto requiere modernización para abordar con eficacia las ocupaciones ilegales. “Las autoridades conocen la situación y han mostrado disposición. Dar este paso es necesario para consolidar la tranquilidad y atraer inversiones al campo”.
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