Cronica.Uno recorrió varias comunidades de Sinamaica, capital del municipio Indígena Bolivariano Guajira, para mostrar la realidad de sus habitantes. Testimonios que revelan la pobreza extrema, el abandono y la desatención en la que viven. La falta de empleo, alimentación y servicios básicos agravan su situación, con un sistema de salud en quiebra. Sinamaica está en emergencia no decretada.
Maracaibo. “Aquí la gente se muere esperando que llegue la ayuda”, así comenzó su relato Elizabeth Rodríguez, una líder social de la comunidad indígena Santa Lucia II, en Sinamaica, integrada por 65 familias, en su mayoría ancianos y niños de la etnia wayuu.
Sinamaica, con 16.948 habitantes, es la capital del municipio Indígena Bolivariano Guajira, ubicado al norte del estado Zulia. Este pueblo ancestral tiene como principal actividad económica el comercio binacional informal. El paso fronterizo es su principal alternativa para buscar el sustento.
Un estudio del Comité de Derechos Humanos de la Guajira sostiene que la situación política, social y económica actual, mantiene a sus habitantes en las peores condiciones de su historia, sin la oportunidad de tener calidad de vida, circunstancia que ha empeorado con la pandemia y el cierre de la frontera, no solo a nivel económico sino de salud.
La crisis nacional del sistema de salud público también ha puesto en jaque a la Guajira. En el caso de Sinamaica, entre más alejados son los caseríos, más severas son las condiciones de vida.
De las 65 familias que integran Santa Lucia II, la mitad tiene algún miembro del grupo familiar enfermo, mientras que la otra mitad ya murió, de acuerdo con el relato de Rodríguez.
En lo que va de año se han muerto cinco personas solo en esta comunidad, esperando ayuda del Gobierno que nunca llegó”, dijo la líder.
Las enfermedades que persisten entre los habitantes de Sinamaica son diabetes, hipertensión, cáncer, tuberculosis y escabiosis, pero hay casos que por falta de especialistas y estudios médicos no tienen diagnóstico para su patología, muchos mueren sin saber de qué fallecieron.
El poco dinero que entra en los grupos familiares, 90 % moneda extranjera, se turna entre la compra de medicamentos y comida. Muchos prefieren comer. Aunque en las instalaciones de la Alcaldía de la Guajira hay una farmacia, al igual que en el hospital del pueblo, ninguna está dotada.
“Gracias a Dios tenemos una farmacia privada que trae las medicinas de Maicao, son un poco más económicas, pero quedamos igual porque hay que comprarlas”, dijo la líder social.
Resignados a morir
La brisa caliente que llega desde las salinas levanta el polvo de la calle de arena que abre camino a la comunidad Corazón de Jesús. El silencio de sus habitantes que miran con desconfianza desde sus ranchos a medio terminar, da cuenta de la pobreza extrema y el hacinamiento en el que viven.
De mala manera, la resignación se ha convertido en su única alternativa al sentirse acorralados por tantas carencias. Ángela Ríos, de 60 años de edad, tiene la mitad de su vida viviendo en ese barrio junto con su esposo, José Benito Sánchez, de 65 años de edad, y sus hijos.
La tranquilidad y la solvencia quedaron en el pasado para la familia, luego de que el padre, que era supervisor en Corpozulia, sufriera un desmayo. A Ángela la tristeza le corta la garganta: “¿Cómo vamos a saber de qué se va a morir él, si no tenemos un diagnóstico?”, comenta antes de dejar salir su dolor.
Cuando le dio eso, hace cuatro años, lo llevamos al hospital del pueblo. El médico nos dijo que parecía un ACV leve, pero sin aparatos para hacerle una tomografía, nunca supimos. Con el paso de los días se mejoró. Caminaba, hablaba y su memoria estaba bien, pero ahora está postrado en esa silla de ruedas y no tenemos cómo llevarlo a Maracaibo o al Moján para hacerle los exámenes que necesita”, contó la esposa.
La silla en la que pasa sus días el supervisor es prestada, así que cuando se la quitan, se queda acostado. A pesar de que tres de sus cuatro hijos trabajan en la Alcaldía de la Guajira, no han conseguido ningún tipo de ayuda para su padre.
Desbordada en llanto, mientras mostraba los electrodomésticos que se han dañado por los apagones, Ángela afirma: “La alcaldesa Indira Fernández vive aquí en el fondo, pero ella no ayuda a nadie. Mis hijos lo que cobran son tres bolívares semanales, con eso no le compramos ni una pastilla a su padre”, dijo la mujer.
Su hija menor, Neila Sánchez, la interrumpe. “A mí se me parte el corazón ver a mi padre así, quisiera poder ayudarlo, pero juro que no tenemos cómo. A veces me pide galletas o jugo, porque le da necesidad y no se las puedo dar”, contó desconsolada la joven de 28 años de edad.
José Benito tampoco puede cumplir una dieta. El menú en casa se reduce a arepa, pasta y arroz acompañado con sardinas y granos. La familia reconoce que, aunque pasan hambre, tratan de que él coma al menos dos veces al día.
En Sinamaica llega el Programa Social de Alimentación Mercal una vez al mes. El costo de la bolsa, que corresponde por familia, es de 5000 pesos o cinco bolívares en efectivo. Los productos que trae son: cuatro kilos de arroz, dos harinas de maíz, una sardina en lata, un kilo de pasta corta, un café de 125 gramos, un kilo de lentejas y dos papeletas de 100 gramos de Lactovisoy (alimento a base de carbohidratos y proteínas).
En esta zona del municipio Guajira los grupos familiares están constituidos por al menos 12 miembros, por lo que el programa de alimentación escasea a los tres días de haberlo recibido.
Los oídos sordos son rojo rojito
A unos pasos de la casa de Ángela vive Nolly Morales, de 53 años de edad. Desde su patio se puede ver una casa amarilla de dos pisos propiedad de la alcaldesa del municipio Guajira, Indira Fernández.
¿Sabes qué es triste?, tener un enfermo sin luz en la casa y ver que allá sí hay luz, porque ella tiene planta. ¿Cómo le explica Indira al pueblo que mientras uno está matando zancudos, ella está durmiendo feliz? Eso es inhumano”.
Nolly es hipertensa, vive con sus dos hijos y su esposo, Juan José Paz, que es paciente diabético. La mujer, trabajadora social de la alcaldía, dijo que su sueldo da tristeza. “El aumento fue 14 bolívares semanal, ¿Qué voy a hacer con eso? Yo no uso la tarjeta porque aquí con punto todo te vale el triple”. Detalló que al mes gasta 50.000 pesos en medicinas para su esposo. “Pidiéndole a Dios que no se presente una emergencia”.
Cuando a Juan José se le sube la glucemia tienen que llevarlo al hospital, pero antes debe parar en una farmacia a comprar dos soluciones y un macrogotero porque es lo primero que piden en la emergencia del hospital de Sinamaica, donde apenas hay personal. “Yo voy preparada porque allá no hay nada, ni una jeringa para inyectarlo”.
Relató: “Tengo un hijo que ya es bachiller, pero como aquí no hay muchas opciones, trabaja de motorizado. Él también ayuda en la casa mientras que su hermanito estudia en el liceo. Pero son más las veces que no trabaja porque un litro de gasolina cuesta 10.000 pesos”.
Confesó que los ingresos familiares se van en medicinas, por lo que pagar una consulta médica o un chequeo para el control de su esposo significa descuidar el tratamiento o la comida.
“Ahora tiene problemas con la próstata. No lo hemos llevado al especialista porque la situación que tenemos es fuerte. Un examen prostático cuesta 100.000 pesos, sin la consulta que son 50.000 pesos más y en Maicao, que es lo más cerca que tenemos, no hay urólogo, tengo miedo porque veo a mi esposo muy desmejorado”.
Para ella, lo más terrible sería que la muerte toque la puerta de su hogar en medio de tanta penuria.
Cuando alguien muere y los familiares van a la alcaldía a pedir ayuda, los mandan para el Mercal a buscar cuatro estibas para que un carpintero haga la urna. Aquí no hay beneficios para el pueblo, todo es una rosca”.
La diabetes ha dejado a Juan José con 32 kilos menos y sin trabajo. “Antes de la pandemia era chofer en la ruta Bomba Caribe-Los Filuos, pero la cuestión de la gasolina empeoró todo y terminó dañando el motor del carro. Lo otro, es que muchos de mis vecinos se han muerto porque no hay cómo tratarlos, aquí si no tenéis plata, te vais a morir fijo”, dijo el chofer.
Al final de la misma calle, luego de pasar por una parcela donde quedaron varias casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela a medio terminar, comienza el sector José Rosario Méndez constituido por 75 familias. Colindantes con una salina que ahora hace las veces de basurero, desagüe de aguas servidas y cancha de fútbol para los niños, está el rancho de paja de María Graciela Loaiza, de 83 años de edad, y su esposo Ángel González, de 69 años de edad.
“Tengo a mi viejo enfermo, le duelen mucho las rodillas y no sabemos por qué. Dejamos de ir al hospital porque allá nos ponen recetas que no tenemos cómo comprar. Cuando le duele mucho le compro un acetaminofén. Nosotros no trabajamos, estamos muy viejos, aquí pasamos de todo, pero más hambre que cualquier cosa y eso que mira donde vivimos”, dijo la anciana señalando el fondo de la casa amarilla, equipada con cinco tanques de agua, aires acondicionados y antenas de televisión por cable propiedad de la alcaldesa.
José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, alertó que los ancianos del pueblo han optado por tratar sus dolencias con medicina tradicional.
“Para ellos ir al hospital es una pérdida de tiempo. Hace más de seis años que los abuelos de las comunidades no tienen atención médica”.
González explicó que esta desatención acorta la vida de los ancianos, lo que no solo vulnera su derecho a la salud, sino que atenta contra las costumbres de estos pueblos ancestrales que históricamente son longevos, como es el caso de María Rosalinda Loaiza, que ya suma 114 años.
“Ya no me acuerdo cuando teníamos atención y respeto, ahora tenemos más cerca la muerte”, manifestó la anciana mientras mostraba un bulto que tiene en el abdomen y que duele al punto de que la hace desmayar.
Agua y electricidad son un monopolio
Las comunidades de Sinamaica que están más cercanas al pueblo han construido pozos artesanales de agua salobre, la dulce la obtienen pagando hasta 3000 pesos por pipa a los camiones cisternas que apenas pasan por las calles principales.
Los que están más alejados no tienen ninguna de estas opciones. Olga Zuleta es representante del Consejo Comunal Médanos I, según los vecinos, los accesos para que los camiones cisternas pasaran a estas comunidades fueron cerrados por órdenes de Zuleta, que hasta la fecha se niega no solo a ceder terreno, sino a surtir agua gratuita a las comunidades.
Ella se adueñó del camión de la comuna, no nos dan ni una gota”, dijo una vecina.
Elizabeth Rodríguez confirmó: “Aquí hay un serio problema, porque las dos vías de acceso a la comunidad fueron cerradas por la familia Zuleta, ellos cogieron todo el terreno para que no entren las cisternas de agua, ni los camiones de Corpoelec, ni nadie que quiera ayudar”, dijo.
Sobre la electricidad, Rodríguez aseguró que las pocas familias que cuentan con electricidad están pegadas de un poste que hay en el sector Corazón de Jesús que ya está colapsado. “La familia Zuleta hizo las gestiones y trajo un transformador, pero como la gente no tenía dinero para colaborar con el cable y conectores, ellos decidieron no darles arrimo. Aquí es así, yo voy a poner esto aquí, pero si no me colaboras, no te doy”, dijo.
Al menos cuatro comunidades de Sinamaica sacan sus pipas y recipientes a las avenidas por donde sí pasan los camiones, para comprar agua. Luego la llevan a punta de tobos hasta sus hogares.
Andreily Larreal, de 26 años de edad, es madre de dos hijos. “Vivimos en un sufrimiento, a veces no tenemos para comprar agua y nos tomamos la que buscan en canoa en la laguna de Sinamaica. Con esa misma nos bañamos, sin jabón, porque eso es un lujo para nosotros. Esa agua contaminada es la misma que toman nuestros hijos, por eso no salen de una diarrea y tienen sarna”, afirmó.
Larreal vive con 10 personas más, de las cuales siete son niños. “El trabajo es escaso, no tenemos comida fija, a veces comemos dos veces al día y asombrados. El queso y la carne ya no me acuerdo a qué saben, siempre nos acostamos sin comer”, dijo la joven madre mientras mostraba la planta del pie de su bebé.
Diagonal vive Gledys Gutiérrez, de 44 años de edad, obrera de la Alcaldía de la Guajira. “Yo dejo lo que me pagan en la tarjeta porque tres bolívares no alcanzan para nada, un kilo de harina cuesta cinco bolívares. Ella, su esposo, sus cuatro hijos y dos nietos viven en una choza que está al pie de un pozo que quedó luego de las inundaciones de la Guajira en el año 2010.
“Ahí se bañan los muchachos, la que usamos para tomar la buscamos en cayuco en el sector Valiao, una cascada que quedó de las inundaciones más arriba, esa agua es un poco más dulce pero sucia, entonces le echamos pastillas de cloro que nos regalan. Para aquí no pasan los camiones, no hay paso”, dijo la mujer.
Elizabeth Rodríguez, líder comunitaria, dijo que la desnutrición se mantiene y empeora en esta zona. “Tenemos grupos familiares completos desnutridos, solo en Santa Lucia II más de 10 % de las familias tienen desnutrición. Se nota en su cabello y la piel, la falta de peso es evidente”, aseguró.
El clima inclemente, la inexistencia de servicios públicos y desatención médica hacen de Sinamaica un pueblo abandonado ante la mirada indolente de sus gobernantes. Un pueblo ancestral que pide ayuda a gritos sin ser escuchados. Por eso el Comité de Derechos Humanos alertó: “Hay situaciones peores. Tenemos 26 comunidades en la Guajira donde el agua que se consume es de jagüey, agua no apta para el consumo humano porque ahí se bañan los cerdos, la gente y, aun así, la consumen”.
En este sentido, hemos hecho reuniones con los líderes de las comunidades para documentar eso. Es posible que haya una movilización de líderes hacia Caracas para presentar los informes pertinentes a cada una de las instituciones”, dijo José David González.
El municipio Guajira enfrenta situaciones difíciles en distintos ámbitos. La pandemia fue el punto de implosión que aceleró la crisis del pueblo indígena, aumentando sus necesidades sin capacidad de respuesta. La salud, los servicios básicos, la alimentación y el empleo mantienen a Sinamaica en una emergencia no decretada.
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