Por segunda vez en 20 días, la Coalición Sindical y otras organizaciones gremiales visitaron la Embajada de Estados Unidos para pedirle que los escuche y que se ocupe de poner como prioridad en la agenda elecciones, liberación de presos políticos y salarios dignos para los venezolanos
Caracas. Los miembros de la Coalición Sindical Nacional, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y distintos gremios organizados visitaron este jueves por segunda vez en menos de un mes la sede de la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Venezuela, para recordarle al Gobierno norteamericano las prioridades de este sector, tras los cambios que vive el país luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado mes de enero.
Este hecho ocurre, según plantean los dirigentes sindicales, en un contexto de reconfiguración política del país, entendida como cambios en la estructura de poder y en la administración del Estado tras la salida del gobierno anterior.
El grupo, que ya había visitado la sede diplomática el 16 de abril pasado y consignado más de 50 cartas de distintos gremios y organizaciones, acudió nuevamente este 7 de mayo para pedirle a los funcionarios del Gobierno de Donald Trump que los atiendan y escuchen sus quejas y peticiones.
En esta ocasión consignaron un pliego de exigencias en el que cuestionan que la transición política del país no sea prioridad en la agenda de EE. UU. tras la captura de Maduro y el tutelaje al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El escrito centra sus exigencias en tres puntos: una convocatoria urgente a elecciones, la liberación inmediata de todos los presos políticos que siguen tras las rejas y que ascienden a más de 500, según datos de ONG, y el establecimiento de un salario mínimo digno para los trabajadores venezolanos.
La protesta sindical se inscribe en una estrategia de internacionalización y escalada del conflicto laboral, una práctica mediante la cual actores nacionales buscan visibilizar sus demandas ante gobiernos o instituciones extranjeras para generar presión política, especialmente a raíz la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses.
Insistir
El dirigente de la Coalición Sindical, Carlos Salazar, relató que tras reunirse en la Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, una comisión de dirigentes acudió a la sede de la Embajada de EE. UU., donde fueron recibidos por un funcionario de nombre Sam Samuels, quien requirió un traductor para entender los discursos de los líderes gremiales y se comprometió a entregar su comunicación al propio encargado de negocios, John Barrett.
Anunció que mantendrán su lucha y que el próximo 3 de junio harán una “gran movilización nacional” para insistir en sus exigencias.
Víctor Venegas, representante del sector educación, explicó que esperan que todo el dinero del Estado venezolano que se encuentra bloqueado en el exterior sea empleado para reivindicar a los trabajadores en su lucha por salarios justos así como a mejorar la atención en hospitales públicos del país.
“Nosotros seguimos planteando salarios dignos para todos los trabajadores, que representantes de la Embajada de EE.UU. actúen de intermediarios para garantizar salarios dignos para toda la población”, dijo.
Motivo de fondo
Desde el 1° de mayo, el “ingreso mínimo integral” en Venezuela se ubica en $240, un ajuste anunciado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, que vuelve a poner en el centro del debate el esquema de remuneración basado en bonos.
El incremento también alcanza a las pensiones, que pasarán a $70 mensuales, en un modelo que sigue desplazando la figura legal y tradicional del salario mínimo como referencia central de ingresos.
Con el concepto de “ingreso mínimo integral” el Gobierno se refiere a una forma de remuneración que combina salario base y bonos estatales, especialmente de alimentación y compensación económica, sin una desagregación pública detallada en este anuncio oficial.
Este esquema sustituye parcialmente la noción clásica de salario mínimo, entendido como el ingreso base legal obligatorio para los trabajadores, al integrarlo con bonificaciones de naturaleza no salarial en sentido estricto.
Por eso tanto para sindicalistas como para gremialistas, insisten en mantener la protesta hasta lograr al menos la restitución del derecho al salario.