La decisión la adoptó la Sala Constitucional apenas unas semanas después de que la Sala Político Administrativa declarara le impusiera un embargo por más de 54 millones de dólares, por presuntamente no pagarle a la estatal Corporación Venezolana de Guayana por los daños que sufrió una celda en 2004, pese a tenerla asegurada a todo […]
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