Despidos injustificados, jubilaciones forzosas, detenciones arbitrarias, suspensión de salarios, se convirtieron en prácticas recurrentes para arremeter contra trabajadores y dirigentes sindicales que denuncian la corrupción en Guayana.
Puerto Ordaz. Una larga lista de trabajadores despedidos, casos emblemáticos de persecución laboral y criminalización a la dirigencia sindical creció desde 2018. Las denuncias de persecución se dieron desde el gobierno de Hugo Chávez, pero arreciaron en la administración de Nicolás Maduro. El parque industrial de Guayana está cada vez más desmantelado y la respuesta gubernamental es ir en contra de quienes denuncien las irregularidades.
El mensaje a los organismos internacionales, como la ONU y la OIT, es para que tomen cartas en el asunto, ya que en muchas oportunidades hemos hecho estas denuncias pero se ha hecho caso omiso. Hay casos de trabajadores que estando activos y no los dejan entrar a esas instalaciones. Trabajadores con jubilaciones forzadas, en su mayoría dirigentes sindicales que por no rendirse a lo que dice el patrón, les aplicaron jubilación adelantada, quitándoles todos sus derechos”, denunció Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep) de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Jubilaciones adelantadas
Gómez, con 33 años de servicio en CVG, es uno de los tantos que recibió jubilación forzada desde 2018 cuando los trabajadores salieron a protestar en contra del Memorando 2792, con el que prácticamente eliminaron las contrataciones colectivas.
A la lista se suma los casos de los sidoristas con más de 30 años de servicio, Cruz Hernández, José Saracual, Migdalia Louis, Yelitza Guzmán y Carlos Ramírez.
“El 15 de febrero de 2021 mi salario fue suspendido, simplemente porque yo estuve protestando y seguiré protestando sobre este tema. Nos tienen sometidos. A la mayoría de los trabajadores de Guayana nos tienen desincorporados, es una forma más de ese gobierno de maltratar al pueblo”, dijo Ramírez, trabajador con 35 años de servicio en Sidor.
Las detenciones arbitrarias
La lista de trabajadores detenidos arbitrariamente es más larga que la anterior. Una de ellas, fue Tania Rodríguez, extrabajadora de Ferrominera detenida en 2020.
Fui despedida en 2019 por una maniobra que se hizo por las denuncias que he hecho de corrupción, por el mal manejo de los recursos administrativos de la empresa. En 2020, fui detenida. Eso me da toda la moral para seguir en el trabajo de denunciar y apoyar a las personas que han estado pasando la misma situación. Todos los días, a todo aquel que levanta la voz, se le persigue, se le acosa, se le despide, se le da una jubilación forzosa. No podemos seguir callados”, sostuvo.
Oros casos de trabajadores o dirigentes detenidos son los de Rubén González, más de un año preso en La Pica. Igualmente, Geovany Zambrano, a quien se le culpó arbitrariamente por el apagón nacional de marzo de 2019, junto con Damarys Cervantes, José Cedeño y Juan Barrios. Todos laboraban en Corpoelec. Tuvieron que exiliarse debido a la persecución.
Asimismo, recodaron los privativas de libertad de Franklin Gascón, Rodney Álvarez, y Enio Mendoza, el sidorista preso por reenviar un mensaje de Whatsapp que hizo alusión a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Despedidos por denunciar
De los despidos sin justificación, algunos casos son de los sidoristas Maira Martínez, Tatiana Vallejo, Luis Flores, Humberto Avendaño, Neida Nieves, Walkidia León. Destituidos por ejercer su derecho electoral.
En CVG están los despidos de los dirigentes Noel Hernández y Cecilio Pineda; William López, de Maderas del Orinoco; Ronald Figueredo y Héctor Millán, de Orinoco Iron y de Williams Sequea y Roger González, de Comsigua.
“El dirigente sindical que denuncia las prácticas en contra de la industria se convierte en un delincuente. Y quienes dirigen las industrias son los afectados. El mundo al revés”, cuestionó Hermes Bastardo, dirigente de Venezolana de Cementos.
Los trabajadores también recordaron el caso de dos compañeros fallecidos en pandemia, por negárseles el acceso al seguro HCM. Ellos fueron Miguel Ekar (Alcasa) y José Jiménez (Sidor), entre otros.
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