Los trabajadores públicos del sector docente, salud, jubilados y pensionados anunciaron que se mantendrán en las calles para exigir un incremento salarial, cuyo monto se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Caracas. “Yo tuve que pedir prestado para poder hacerle una hematología a mi hijo porque le dio dengue”. cuenta Leidy Arellano, una profesora de biología, quien lamenta que, tras 20 años de servicio a la educación del país, su sueldo no le alcance “ni para costear emergencias familiares”.
La integrante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, critica que los docentes, ni sus familiares, cuenten con un seguro médico que responda por sus necesidades, debido a que el ente encargado de prestar dicho servicio, es decir, el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), no cuenta con reactivos en sus laboratorios y sus citas médicas son esporádicas.
“Me dijeron que fuera después del 10 de enero a ver si había, o no, reactivos. Imagínate. Por eso resolví y busqué hacerle el examen a mi hijo en un sitio privado”, confiesa.
La docente, cuyo salario es de 300 bolívares cada quincena, asegura que durante el año se dedica a la venta de comida para poder sobrellevar los gastos que comparte junto a su esposo.
Este diciembre, el plan fue vender hallacas. Sin embargo, lo que obtuvo fueron deudas para los gastos navideños, pues, además del dengue que padeció su hijo, la educadora no recibió el pago correspondiente a dos meses de bono de alimentación (cestatickets) que el Gobierno de Caracas (GDC) le debe a los trabajadores públicos y jubilados, quienes desde el 15 de diciembre han protestado para exigir lo que les corresponde por derecho.
“Yo contaba con ese dinero. Ahora debo ver cómo pagar”, lamenta la trabajadora.
Tras manifestaciones pacíficas que finalizaron el 29 de diciembre, la respuesta oficial fue que “hay que esperar por los recursos”. Ante esto, los trabajadores de sectores públicos, jubilados y pensionados, decidieron hacer entrega de un documento este viernes, 5 de enero, al Ministerio Público. En el documento exigieron este pago, así como un salario que les permita vivir con dignidad, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Vivir de la solidaridad
Los trabajadores activos no fueron los únicos perjudicados. Además de los dos meses de cestatickets que dejaron de percibir los empleados activos, los jubilados y pensionados se quedaron a la espera de recibir el llamado bono de subsistencia. Esta asignación la recibían desde 2016 para atenuar los efectos de la crisis económica que continúa.
“Ese bono equivale al mismo monto de los cestatickets”, explicó Luis Cano, presidente del Frente Nacional de Jubilados y Pensionados.
Desde la sede del Ministerio Público, el representante sindical expresó su preocupación por la situación de los adultos mayores, quienes además de los problemas para costear su alimentación, se han visto obligados a suspender sus tratamientos médicos porque no tienen cómo pagarlos.
En referencia a la deuda del bono de subsistencia, Cano aseguró que este diciembre, muchos de sus compañeros pasaron navidades gracias a la solidaridad mutua.
“Muchos prepararon lentejas en sus casas y lo que tenían a mano, pero por ejemplo, si alguno pudo hacer hallacas, le daba al otro y así”, sostuvo.
658 días sin aumento
El próximo martes, 9 de enero, los trabajadores públicos, jubilados y pensionados, anunciaron que retomarán las calles para exigir al Gobierno, una vez más, un aumento salarial, que no ocurre desde el 15 de marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares. Entonces el monto equivalía a 30 dólares.
Del mismo modo, gremios pertenecientes a otros estados han publicado que se unirán a la acción. Con esta manifestación también pedirán que les sean devueltos los beneficios perdidos desde que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, estableció un tabulador salarial que desconoció las cláusulas económicas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público.
Este tabulador eliminó obligaciones como las primas por antigüedad, transporte, ruralidad, profesionalización y muchas otras. Tras el recorte los trabajadores perdieron más de 50 % de lo que deberían recibir mensualmente. De igual forma, Onapre eliminó la ayuda por hijas o hijos con discapacidad, bonos de recreación.
Desde la sede del Ministerio Público, Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Distrito Capital, insistió en que los docentes seguirán en las calles debido a que el Estado no cumplió con ninguna de las solicitudes hechas por los trabajadores del sector educación, entre ellas, la firma del contrato colectivo.
“Los educadores no resistimos más. Las quincenas apenas y alcanzan para cubrir las necesidades de dos o tres días por semana”, denunció.
Aseveró que los educadores quieren brindar una educación de calidad. No obstante, alegó que para ello, deben recibir pagos que alcancen para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
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