Tribunal 1º de Control de La Guaira dejó presos a los dos adultos mayores que protestaron con una pancarta

La Guaira | William Echarry y Juan Blanco

Los abogados defensores rechazaron el dictamen judicial. La próxima semana ejercerán un recurso de apelación para lograr una medida humanitaria por la avanzada edad de los hoy privados de libertad. También cuestionaron que en el acta de la Policía Municipal de Vargas no haya una sola foto que demuestre la existencia de la pancarta antigubernamental.

La Guaira. El Tribunal 1º de Control de La Guaira dictaminó la tarde de este lunes, 14 de febrero, la medida privativa de libertad para los dos adultos mayores, integrantes del Frente Amplio de Vargas. Ambos fueron detenidos el pasado sábado 12 de febrero, cuando pretendían poner una pancarta contra el gobierno de Nicolás Maduro en una pasarela de la localidad de Macuto.

La decisión de la jueza Haydée Escobar, que mantiene presos a William Echarry (70) y Rafael Blanco (66), la confirmó el coordinador regional de la instancia opositora, Luis López.

A Echarry y Blanco, la Fiscalía 2ª de La Guaira les imputó los delitos de instigación al odio y agavillamiento. La decisión se leyó al final de la audiencia de presentación que duró aproximadamente tres horas. Los ahora privados de libertad recibieron la defensa legal de los abogados Carlos Guaita y Alejandro Cantillo, este último del Foro Penal.

Los dos pensionados, también miembros del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), quedarán recluidos en los calabozos de la Policía Municipal de Vargas, en Macuto.

Cantillo rechazó la decisión judicial y adelantó que la próxima semana ejercerá un recurso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de La Guaira. “En el acta policial no hay una experticia con la foto de la pancarta”, explicó.

En su criterio, había que otorgar una medida humanitaria porque “estos dos señores son mayores; uno de ellos llega a 70 años y no debe estar en una cárcel según lo establece el Código Penal venezolano”.

López consideró el fallo como un acto de amedrentamiento contra la disidencia política en la entidad federal, a fin de inhibir las protestas callejeras.


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